Pesimismo en torno a la regulación del cannabis medicinal. Instado por el Congreso, PSOE incluido, el Gobierno tenía que haber entregado una propuesta de regulación a finales del año pasado. Pero dos meses después lo único que se sabe del texto es, según la versión oficial, que está dando vueltas por diferentes departamentos del Ministerio de Sanidad para su revisión.
Fuentes de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) y del departamento que (por poco tiempo más) dirige Carolina Darias llevan ocho semanas diciendo que la propuesta está a punto de salir. Pero pasan los meses y no lo hace, y los colectivos de pacientes están empezando a temer que el PSOE, que tiene una relación ambivalente con el cannabis y de quien depende de facto que se haga o no esta legislatura, vaya a dejar que la regulación muera por inanición.
“Empezamos a verlo como una posibilidad muy real”, lamenta Carola Pérez, presidenta del Observatorio Español de Cannabis Medicinal (OECM) y probablemente la persona que más ha trabajado en los últimos años en pos de una regulación que, por otra parte, es lo habitual en los países occidentales. Que España no tenga un programa de cannabis medicinal es ya la excepción en Europa.
También están inquietos en el PNV, el partido que impulsó la iniciativa que cristalizó en la recomendación al Gobierno, que ha registrado una pregunta parlamentaria para que el Ejecutivo explique de una vez en qué punto está la situación. Oficialmente, desde la AEMPS explican que la agencia ha cumplido y entregado su propuesta de documento –que no hacen público– a Sanidad. El ministerio comenta que “estaba a punto de salir”, pero finalmente no lo hizo. El PSOE no dice nada.
“Está a punto”... pero sin rastro
El pasado 27 de junio la Comisión de Sanidad del Congreso aprobaba el dictamen elaborado por una subcomisión creada ad hoc que validaba la creación de un programa en España. Fue un día de celebración para miles de pacientes por todo el país, que veían el principio del fin de una vida de clandestinidad para conseguir un producto que utilizan para paliar dolores crónicos, mejorar la epasticidad o abrir el apetito ante enfermedades que lo anulan por completo, entre otros usos.
El texto, aprobado con los votos de PSOE, Podemos, PNV, Cs y PDeCAT y el rechazo de PP y Vox, apenas establece unas directrices generales sobre un hipotético programa de dispensación (se puede consultar aquí). Tras un tira y afloja entre los socialistas, más conservadores con este tema, y Unidas Podemos, que buscaba más, ambos partidos pactaron la posibilidad de dispensación en las farmacias comunitarias (un aspecto clave para los pacientes), incluir el dolor oncológico y la endometriosis entre las dolencias a tratar, valorar el uso de la flor del cannabis (popularmente conocida como “cogollo”) “para desarrollar proyectos experimentales medicinales” y excluir la obligatoriedad de que sea la industria farmacéutica la única habilitada para la producción de extractos o preparados estandarizados (en forma de aceite).
A partir de ahí, el Congreso daba seis meses al Gobierno para que estudiase cómo encajar un programa de cannabis medicinal en el andamiaje legal de un país que multa por transportar o consumir marihuana en la vía pública. Pero llegó el 27 de diciembre y la AEMPS explicó que se retrasaba “un par de semanas” para que opinasen todas las partes implicadas. Hasta hoy.
Y empiezan a concurrir diferentes circunstancias que amenazan la viabilidad de una regulación, temen los pacientes. Una de ellas es el inminente relevo al frente del Ministerio de Sanidad. Carolina Darias, quien siempre se ha mostrado ambigua con el tema, deja el Gobierno para presentarse como candidata la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. Su sustituta/o deberá decidir si impulsa esta cuestión en los pocos meses que le quedan o la deja estar. Que esté a punto de empezar la campaña para esas elecciones autonómicas y municipales tampoco parece favorecer la causa, explican fuentes de diferentes partidos, argumento que también puede ser esgrimido de cara a las generales de noviembre.
El PSOE y el cannabis
De fondo sobrevuela la difícil relación que tiene el PSOE con la regulación del cannabis. Los socialistas siempre han seguido a la ONU en su consideración de la planta, lo que se traduce en que históricamente la han situado como una de las drogas más perniciosas, en línea con la definición que mantenía Naciones Unidas desde mediados del siglo pasado. Como la ONU, no reconocía sus efectos terapéuticos (pese a la evidencia científica que apunta en la dirección contraria), lo que tampoco le impedía otorgar permisos a empresarios para producir cannabis de manera legal en España. Pero había que exportarlo porque aquí está prohibido: sirve para Alemania, no para España.
Esta política llevó al PSOE a una situación en la que casi simultáneamente contestaba en el Congreso al PNV que no había evidencia científica para regular la planta y después votaba en la ONU a favor de aligerar la presión policial sobre el cannabis porque se admitían sus efectos médicos. El partido tiene en la exministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, una de las principales detractoras de la regulación. En 2019 le contaba a este periódico que ya existen dos medicamentos basados en la planta y que el PSOE no iba a abrir ningún debate respecto a fumar marihuana porque “es un problema gordísimo que estamos detectando en jóvenes”, obviando que el cannabis medicinal se puede consumir en forma de aceites o infusiones, entre otras vías.
Pese a estas reticencias, el partido parecía haber cambiado de postura e incluyó entre las resoluciones de su 40º Congreso, a finales de 2021, su intención de “promover la aprobación de un marco legal para el uso del cannabis medicinal en España”. Coherente con la idea, votó a favor de la subcomisión en el Congreso y a favor también del documento que de allí salió. Parecía que el partido se sumaba a la corriente social: un 84% de los ciudadanos está a favor de que se regule un uso medicinal de la planta, según el CIS. Y entonces se paró todo.
¿Y ahora qué?
Ante la falta de avances y el paso de las semanas, las partes empiezan a preguntarse qué puede pasar a futuro. En el caso de que el Gobierno no mueva ficha y se disuelva el Congreso por la convocatoria electoral de noviembre la recomendación de la comisión no decae porque no es un trámite parlamentario como tal, explican fuentes de la Cámara Baja. No obliga ni tiene valor jurídico, por lo que seguirá vigente como recomendación. Otra cosa, añaden las fuentes, es cómo de aludido se dé el siguiente gobierno en función de quién lo forme y de las mayorías que compongan el Congreso (PP y Vox votaron en contra).
Luego está la posibilidad de que Sanidad acabe cumpliendo y saque su propuesta. A partir de ahí el camino a seguir dependerá de cómo consideren los expertos que se puede encajar un programa de cannabis medicinal en España. Si sirve una orden ministerial para regularlo los plazos irán en función de lo que tarde Sanidad en redactarla. Sin embargo, si la normativa exige una ley esta debe ser aprobada por el Congreso, y ese trámite parlamentario es más largo y tiene un límite claro: la disolución de las cámaras por la convocatoria electoral de noviembre.