Si al río Tajo se le asegura en su cabecera el agua que le permita tener vida, las fincas de regadío del levante contarán con menos agua de la que se capta en ese curso para bombearse hasta la cuenca del Segura. Si estiras la manta por un lado, destapará otro. Sobre este asunto pivota la llamada 'guerra del agua' que ha hecho que el presidente valenciano Ximo Puig (PSOE) esté en campaña contra el Ministerio de Transición Ecológica que dirige la vicepresidenta Teresa Ribera (PSOE). Una pelea de la que también participa el presidente murciano Fernando López Miras (PP), a la que ha arrastrado a los socialistas de su comunidad autónoma. Completa el escenario el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page (PSOE), que, en esta ocasión, está del lado del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
El 19 de enero el Consejo de Estado tiene previsto emitir su informe sobre la nueva planificación hidrológica que afecta al trasvase Tajo-Segura, el acueducto que ha permitido multiplicar la agricultura intensiva de regadío en el sureste. Tras el dictamen, los planes pasarán al Consejo de Ministros para ser aprobados.
El caudal ecológico es una obligación legal que se ha incumplido
La Ley de Aguas obliga, al menos desde 2001, a que el Gobierno establezca en los planes hidrológicos los caudales ecológicos de los ríos: se trata del volumen de agua necesario para “mantener como mínimo la vida piscícola que de manera natural habitaría o pudiera habitar en el río, así como su vegetación de ribera”, dice la ley.
Sin embargo, el Tajo no ha disfrutado de esta protección. Su plan de gestión 2015-2021 –elaborado cuando era ministra Isabel García Tejerina (PP)– simplemente no la dispuso. El Tribunal Supremo sentenció en 2019: “En este ciclo de planificación no se han fijado caudales ecológicos en el río Tajo”. El plan había trazado unos “caudales mínimos”, explica la sentencia, a su paso por Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina que, además, copiaban los del plan anterior. “Estos valores no son caudales ecológicos”, falló el Supremo al anular esa parte del documento.
Los caudales ecológicos no son un uso del agua –como sí lo es el regadío o la ganadería–. Es un volumen que debe reservarse antes de repartir el agua para utilizarla para cualquier cosa (excepto el consumo humano, que es la prioridad). La ley a esto lo llama “restricción que se impone con carácter general a los sistemas de explotación”.
¿Qué caudal se le ha asignado?
Los caudales ecológicos varían según el punto del curso y la época del año. El punto clave en las negociaciones ha sido el volumen del río a su paso por Aranjuez (Madrid). El diseño va por fases. La versión más reciente establece 7 metros cúbicos por segundo en el momento de la aprobación del plan, 8 metros cúbicos por segundo en 2026 y 8,65 metros cúbicos en 2027.
Aranjuez está ya aguas abajo de los embalses de Entrepeñas y Buendía, los pantanos que retienen el agua que alimenta la tubería del trasvase Tajo-Segura. Para que por Aranjuez fluya un caudal ecológico, no puede embalsarse tanta agua en esos pantanos.
Esta implantación progresiva –que no convence a los grupos ambientalistas– busca, en palabras del secretario de Estado de Transición Ecológica, Hugo Morán, “permitir que se vayan desplegando las infraestructuras para poder suplir las disminuciones de caudales, básicamente consecuencia del impacto del cambio climático, con agua desalada”.
Traducido: Transición Ecológica dice que mientras se implementan esos caudales habrá tiempo para llevar las desaladoras al máximo y construir las infraestructuras que porten esa agua a las fincas.
Cada vez menos agua disponible
Los datos reflejan que cada vez llega menos agua al tramo alto del Tajo. La media de las aportaciones naturales a los embalses de cabecera de los que sale el trasvase entre 1912 y 1979 fue de 1.400 hm3. De 1980 a 2012 ya fue de 760 hm3. De 2012 a 2019: 655 hm3. En el año hidrológico 2021/2022 se quedaron 486 hm3.
En la idea de que la crisis climática está derivando en que España disponga de menos agua para beber y regar, Transición Ecológica modificó en 2021 las reglas de uso del trasvase. Básicamente se trataba de que, cuando las reservas estén en un nivel medio, se bombee de manera automática menos cantidad de la que se hacía anteriormente: 27 hm3 frente a los 38 hm3 anteriores. De esta manera se intentaba garantizar que las reservas se mantuvieran en ese nivel de manera más estable.
Con las reglas anteriores el sistema estaba casi siempre en “situación excepcional”, es decir, bajo o muy bajo. Esto ocurrió en el 72% de todos los meses en los que estuvieron vigentes desde 2014. Si el sistema se encuentra en nivel bajo, el bombeo se activa solo si el Gobierno lo autoriza (no es automático) y con un máximo de 20 hm3.
Aquella regla, que enviaba esos 38 hm3 automáticamente, “no estaba justificada técnicamente”, según el análisis del Centro de Estudios y Experimentación de Obras públicas (Cedex). Sin embargo, tanto los regantes del acueducto Tajo-Segura como el Gobierno de la Región de Murcia recurrieron las nuevas reglas ante la Justicia. El Tribunal Supremo desestimó en 2021 sus peticiones y dio el visto bueno a la nueva manera de distribuir el agua.
¿Qué dicen los regantes?
Nada de esto gusta a los regantes y empresas que usan el agua del trasvase en sus explotaciones. Se han adherido a la memoria de la Confederación Hidrográfica del Segura que dice que la nueva planificación del Tajo “disminuirá [el volumen de agua] en 105 hm3 para el año 2027 con respecto a los que actualmente vienen recibiéndose”. También calculó que eso redundaría en 12.000 hectáreas de regadío menos (de unas 135.000 totales), una disminución de 137 millones de euros en producción y 5.400 empleos directos.
El agua desalada no les convence porque, dicen, “cuesta cuatro veces más que la del trasvase. ¿Quién la va a pagar?”.
Peso político
Soliviantar a los regantes es un riesgo electoral de primer orden en la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia. Pero, si en esta última todavía gobierna el PP tras el pacto de López Miras con un grupo de tránsfugas de Ciudadanos, en la Comunitat el Ejecutivo está liderado por el barón del PSOE Ximo Puig.
Los regadíos tienen un peso notable en Alicante. Allí se produce, por ejemplo, la mitad de todas las hortalizas generadas en la Comunitat Valenciana. Y Alicante es una provincia con gran importancia electoral: aporta 35 de los 99 diputados autonómicos que se disputarán el próximo mayo. Se trata de la quinta provincia más poblada de España y ofrece 12 diputados nacionales (solo por detrás de Madrid, Barcelona y Valencia). En contraposición, las provincias castellanomanchegas de cabecera del río Tajo –Guadalajara y Toledo– reparten tres y seis escaños, respectivamente.
Hasta el candidato de Compromís –partido aliado con Equo– a la Generalitat, Joan Baldoví, se pasó por la manifestación de regantes contra los planes hidrológicos el pasado 11 de enero en Madrid. El PSOE de la Región de Murcia también se ha quejado de los planes de Transición Ecológica. El alcalde de la ciudad de Murcia, José Antonio Serrano Martínez (PSOE), se desplazó a Madrid a la concentración de protesta frente al Ministerio de Ribera. En la región se disputa no solo el Gobierno autonómico en mayo, sino diez puestos para el Congreso de los Diputados.
La cláusula
Lo que aduce el Gobierno de la Comunitat Valenciana es que había pactado con Transición Ecológica una cláusula para revisar el estado del río en 2026 y, si era bueno, no seguir con la progresión de los caudales ecológicos. Eso dejaría más agua disponible en el tramo alto del Tajo para trasvasar a los riegos de Alicante, Región de Murcia y una pequeña parte de Almería.
Esa disposición, asegura la Generalitat, se ha evaporado ahora. Y con ella, la posibilidad de decir a los regantes alicantinos que la tubería no dejará de bombear tanta agua.