Guerra al llamado pin parental. El Gobierno ha iniciado el procedimiento para exigir a Murcia que retire la norma que permite a los padres vetar las actividades complementarias en los centros educativos que cuestionan sus convicciones morales, ideológicas o religiosas en los colegios, según han anunciado las ministras portavoz, María Jesús Montero, de Educación, Isabel Celaá, e Igualdad, Irene Montero, tras el Consejo de Ministros.
En primer lugar, el Gobierno ha mandado un requerimiento al Ejecutivo murciano para que retire la normativa que ya aplican los centros desde principio de este curso. Si Murcia no obedece, se abrirá la vía judicial. “El Gobierno recurrirá a la vía administrativa y judicial contra cualquier iniciativa del PP y Vox que pretenda limitar las libertades fundamentales”, ha anunciado la portavoz Montero.
La responsable de Educación ha explicado que si no se había pedido hasta ahora a Murcia que retirara estas instrucciones, vigentes desde principio de curso, es porque no se conocían porque no hay obligación de publicarlas. “Ahora que hemos entrado a conocerlas porque hay una solicitud de que pasen a decreto [a raíz del acuerdo entre Vox, PP y Ciudadanos en Murcia], hacemos el requerimiento y estamos decididos a que se atienda porque afectan a derechos fundamentales. No es una cuestión administrativa”, ha explicado Celaá.
A continuación, Celaá ha explicado que el Gobierno ha abordado “con mucha preocupación” el establecimiento del pin parental y ha recordado que las actividades susceptibles de ser vetadas no son “voluntarias”, sino las actividades complementarias de los centros y que estas forman parte del currículum educativo y por tanto son obligatorias. “Son actividades que aprueban el centro y los docentes en el consejo escolar [de los colegios], del que forman parte las familias”, ha explicado Celaá. Si se mantiene el pin parental, “podríamos llegar a absurdos como que surgiera un grupo antivacunas que vetara actividades que tienen que ver con la educación en las vacunas”, ha ejemplificado la ministra, que ha incidido en que este instrumento “va contra los valores constitucionales”.
Además, el Gobierno entiende que por encima de las cuestiones familiares están los derechos de los niños. “Son derechos fundamentales y constitucionales del menor que asisten a todas las personas desde su nacimiento. Lo contrario sería pensar que los menores, por serlo, no tienen derechos fundamentales. No podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres”, ha afirmado la ministra.
El Gobierno también entiende que el pin parental “vulnera con mucho las competencias del centro educativo, que tiene atribuidas por ley”, como ya avanzó ayer la ministra Celaá.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha informado de que va a solicitar una comparecencia a petición propia en el Congreso y en el Senado en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ya que el pin parental supone “una clara ruptura” del acuerdo aprobado en septiembre de 2017. El texto “habla literalmente de reforzar y ampliar la educación afectivo sexual”, ha dicho la titular de la cartera, que ha calificado la medida de “un elemento claro de censura educativa”.
“Los hijos e hijas de padres homófobos tienen el mismo derecho que el resto a ser educados en el respeto y la promoción de los derechos humanos y a amar a quién, dónde y cuándo quieran. Los hijos e hijas de padres machistas tienen el mismo derecho a ser educados en igualdad y en el feminismo”, ha señalado Montero contundente. En su opinión, la educación afectivo sexual “es uno de los pilares de nuestra democracia y la mejor forma de seguridad ciudadana”.
¿Qué es el 'pin parental'?
Se trata de una de las propuestas estrella de la formación de extrema derecha desde las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo y de la que sus defensores hablan cada vez que se refieren al tema de la educación afectivo-sexual en las aulas. En la práctica, se trata de un papel que permite a los padres vetar las actividades externas que cuestionan sus convicciones morales, ideológicas o religiosas en los colegios.
El objetivo es que los progenitores decidan sobre si sus hijos deben asistir o no y está muy dirigido a las charlas contra la homofobia, bifobia y transfobia. Aunque no solo. Cualquier tipo de contenido que vaya contra las creencias de los progenitores podría impedirse.
La realidad detrás de estos contenidos es bien distinta a la que explica la extrema derecha. Están contemplados en las leyes autonómicas aprobadas en varias comunidades autónomas y su objetivo es educar en diversidad. Las materias están adaptadas a cada edad y la temática se trabaja a través de diferentes recursos, actividades, películas, cuentos...
Todos los materiales didácticos desarrollados para este fin inciden en que uno de los objetivos deber ser atender a las necesidades que pueden estar dándose en el aula y prevenir el acoso LGTBIfóbico contra esos niños o niñas. De hecho, según un reciente estudio del Consejo de Europa, el 60% de los estudiantes madrileños aseguran haber presenciado acoso homófobo o tránsfobo en clase.