El calor aviva un nuevo conflicto vecinal en la desescalada: ¿qué pasa con las piscinas comunitarias?

El agua de la piscina es un entorno seguro contra el coronavirus, según un informe del centro de investigaciones CSIC que concluye que la sal marina y el cloro impiden su propagación. El estudio coincide con la llegada del periodo estival y la petición de muchas comunidades autónomas de adelantar la apertura de playas y de piscinas al calendario de la desescalada que ha previsto el Gobierno. No obstante, el CSIC rehúsa definir las “condiciones de su utilización” política, a pesar de haberse realizado a petición de la Secretaría de Estado de Turismo.

Por eso, entre las incógnitas que persisten tras el estudio se encuentra qué ocurrirá con las piscinas de las comunidades de propietarios, algo que los administradores de fincas llevan solicitando desde principios de mayo. El calor acucia y la perspectiva de permanecer en verano en las ciudades comienza a impacientar a quienes tienen una piscina en su urbanización y no saben aún si la podrán usar.

Joan Grimalt, investigador del CSIC especializado en Diagnóstico Ambiental y Estudio del Agua y uno de los siete firmantes del texto, no tiene una respuesta para ellos. “No somos una agencia estatal que tenga como objeto establecer las normativas”, reitera en conversación con eldiario.es. Lo que sí cree, como dice el informe, es que “muchas normas sanitarias actuales para eliminar bacterias y virus en playas y piscinas valen y son suficientes para enfrentarse al coronavirus” en estos ambientes.

El experto duda que obtengan la financiación o la estructura suficientes para hacer un estudio experimental -el actual se basa solo en literatura científica- y conseguir más datos antes del verano. “Es lo que hay y sería sorprendente que se comportase de forma distinta a lo que advertimos en el informe”, dice, seguro del conocimiento amplio que ya existe sobre el virus y su conducta acuática. Por lo tanto, el Gobierno no contará con más información por su parte para definir un protocolo al respecto.

"En piscinas y spa, el uso de agentes desinfectantes está ampliamente implantado con el fin de evitar la contaminación microbiana de las aguas por la afluencia de usuarios, y esta medida debería ser suficiente para la inactivación del virus, cita el informe del CSIC.

El presidente del Consejo General de Colegios Administradores, Salvador Díez, piensa que es un avance para resolver el debate de las piscinas vecinales, pero todavía exige al Gobierno que regule “la posibilidad y las condiciones de apertura”. También teme que la investigación se haya centrado en “las piscinas de carácter público”, con unos mecanismos de control mucho más severos que las particulares.

Joan Grimalt le responde que “se han tenido en cuenta todas las piscinas” y que “las privadas deben respetar los mismos requerimientos sanitarios que las municipales”. Aunque reconoce que es más difícil “porque no cuentan con personal especializado en su mantenimiento”. Conscientes de esto, los administradores de fincas ruegan al Gobierno que no deje sobre sus hombros la gestión “de la salud de los propietarios y de los ciudadanos”.

¿Quién controla el distanciamiento social?

Lejos de amilanarse por el virus, los propietarios y presidentes de comunidad están presionando para que abran las piscinas de las urbanizaciones. “El problema es que la gente lleva dos meses en casa, empieza el calor y la demanda es previsible. Piden que se abran pero también saber a qué condiciones atenerse”, explica Salvador Díez, que recoge algunas de estas solicitudes en su despacho.

No esconde que sea también una cuestión monetaria: “Muchos hacen un esfuerzo económico para tener una piscina que seguirán pagando”. Los costes anuales, en función del tamaño de la piscina, oscilan entre los 2.000 y los 3.500 euros. Si cuenta con socorrista, se encarece unos 7.000 euros al año “porque tienes que establecer al menos dos turnos”, explica el portavoz.

Tanto el CSIC como los administradores saben que el riesgo continúa estando en las medidas de distanciamiento social, algo muy difícil de controlar en las comunidades de vecinos. Y más aún cuando el uso del agua es recreativo, como advierte el texto. “Está bien la confirmación de que el agua bien tratada no es un factor de contagio, pero los alrededores de la piscina y otros elementos como escaleras, lavabos o losas sí que lo son”, piensa Salvador Díez.

Díez atisba una perspectiva “muy negativa” para ellos tanto si el Gobierno decreta la apertura de las piscinas, como si no. En un caso por la presión vecinal y, en el otro, por tener que instaurar un protocolo desconocido y para el que ya llegan “un mes tarde”. “Los preparativos para poner a punto las piscinas en condiciones normales comienzan en abril”, explica el presidente de la CGCAFE.

Además, afirma que dicha regulación debe ser la misma en todo el país para lograr una homogeneidad en la desescalada. “Si esto no es así, se producirán movimientos de población hacia los lugares menos restrictivos con los protocolos de las piscinas, lo que supondrá un agravamiento del riesgo en dichas zonas”, prevé.

Mientras aguardan una respuesta oficial, los administradores de fincas proponen “reducir el aforo” y “valorar la apertura de otras instalaciones adjuntas” como los vestuarios o baños, teniendo en cuenta la proximidad de los domicilios. Y, en caso de habilitarse, “deberán intensificar su limpieza y desinfección”. Da por descontado que en todas las comunidades se contratan “servicios especializados” para inspeccionar los parámetros de Ph y cloro del agua pero que, a partir de ahora, debería hacerse al menos dos veces al día.

Ahora mismo, el aforo se calcula en función de la lámina de agua y de la superficie para tomar el sol. “A cada persona le corresponden cuatro metros cuadrados. Así, en una piscina de 100 metros, el aforo es de 25 personas, pero ahora tendrá que tenerse en cuenta la separación de dos metros entre cada una de ellas”, calcula Salvador.

Por otra parte, asegura que lo ideal es contar con un control de acceso -“que muchas comunidades ahora no tienen porque no es obligatorio”- y que, en caso de contratar a socorristas, nunca debería forma parte de su labor profesional “controlar quién y cómo accede a la piscina”, pues ellos están para garantizar la seguridad en el agua.

El ministro Salvador Illa ha rogado “cautela” antes de posicionarse al respecto, pero esta no espera al calor y al reducido plazo para adaptar las instalaciones. Por lo que Salvador Díez insiste en pedir “un pronunciamiento de las autoridades sanitarias a la mayor brevedad”.