Tras no cumplir con la readmisión de trabajadores decretada por el Tribunal Supremo, la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) se deshará de los trabajadores a los que despidió ilegalmente en 2013 mediante un despido colectivo que afectará a 75 personas.
Con un “estimados compañeros” encabezando la notificación, la gerencia de la universidad ha avisado a los trabajadores de que la UPM “tiene la intención de iniciar el procedimiento de despido colectivo” después de no cumplir el fallo del TS que anulaba la salida forzosa de 158 trabajadores y obligaba a la institución a readmitir a 138 en sus antiguos puestos.
La dirección de la universidad se escudó reiteradamente en que esos puestos “se han amortizado”, es decir, que los había hecho desaparecer de la plantilla. Ahora dispara este despido para limpiar los flecos que ha ido dejando su proceder, que incluye sentencia en contra e intento de convencer a los afectados para marcharse a casa. Lo que ocurre es que esos flecos son personas que trabajaban en la universidad.
“Se han escudado en que no había dinero para dotar esas plazas de presupuesto y, al mismo tiempo, nos han estado ofreciendo una indemnización de 45 días por año trabajado para que aceptáramos marcharnos”, cuenta Francisco Hernández, uno de los implicados. El comité de empresa asegura que “han aparecido plazas vacantes pero la dirección no ha querido recolocar”.
Esas ofertas, consideradas “chantajes” por los operarios a los que el bufete Sagardoy contactó, fueron la primera fase de la estrategia que la institución universitaria adoptó para no situar a los trabajadores en sus antiguas labores. La segunda parte, según cuentan los propios afectados fue, “no darnos tareas”. Así, han estado acudiendo a sus puestos “para no poder hacer nada”. Hernández recuerda cómo han estado yendo a sus anteriores plazas cada día sin que se les permitiese ejercer. Se trata de personal de biblioteca, ordenanzas, informáticos o técnicos de laboratorio. Ahora, para los que no han cedido, la gerencia universitaria lanza este despido colectivo que, según la última reforma laboral, les permitiría prescindir de ellos con una indemnización de 20 días por año de servicio.
Sin “voluntad de resolver el problema”
Así la cadena de actuaciones ha sido esta. Despido de más de 150 personas. Rápida amortización de los puestos para no asignarles retribución. Sentencia del Tribunal Supremo que declara nulo ese despido y obliga a readmitir a los trabajadores. La Politécnica se escuda en que esas plazas se han esfumado. Envía de vacaciones a los operarios y los cita para después del periodo estival, el 15 de septiembre de 2014. Se les mantiene sin destino –a pesar de tener que abonarles el salario– al tiempo que se trata de que se vayan seduciéndoles con una cantidad de dinero mayor de la que se concede en un Expediente de Regulación de Empleo. Para el grupo que no acepta, en enero de 2015, se aboca a un segundo proceso de despido colectivo.
El Comité de Empresa se reunió con la dirección el 22 de diciembre de 2014 donde se constató que 63 personas mantenían su voluntad de recuperar el puesto, según les había amparado el Supremo. “Desde esta fecha la representación de los trabajadores no ha tenido ninguna otra reunión hasta la comunicación, vía correo electrónico, del inicio del procedimiento de despido colectivo”, han contado los representantes de los trabajadores. El sindicato CCOO interpreta es último paso como la muestra “de la voluntad de la Universidad Politécnica de Madrid de mantener su decisión a toda costa” una vez que le fue reprochada su manera de actuar por parte de la magistrada. Desde esta organización se analiza que “la universidad quiere vestir el proceso de negociación, pero tememos que no habrá acuerdo y terminaremos otra vez en los tribunales”.