El Consejo General del Poder Judicial vota este viernes su informe final sobre el anteproyecto, del que ya han señalado varios fallos jurídicos
El timing estaba calculado: después de la campaña para las elecciones europeas y lo más alejado posible de las elecciones autonómicas de primavera de 2015. El Gobierno ha echado cuentas y ha descubierto que para cumplir sus propios tiempos tiene que acelerar el paso. Esta semana quedará prácticamente resuelta la fase consultiva del polémico anteproyecto de ley del aborto, ya que previsiblemente el Gobierno no enviará el texto al Consejo de Estado.
Así las cosas, sólo habría que retocar el texto si se aceptara alguna de las recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial –el CGPJ vota este viernes– y del Consejo Fiscal y remitirlo a Moncloa para su aprobación en el Consejo de Ministros. Y de allí a las Cortes. Pero el tratamiento de una ley orgánica, como en este caso, es más complejo, así que no podría empezar a tratarse hasta la vuelta de las vacaciones. Sin embargo, muchos apuntan que la estrategia es tener el proyecto en marcha y 'durmiendo' en el Congreso durante meses para aplacar el debate social.
“Así enfrían el tema hasta septiembre, para intentar acallar la polémica”, asegura el diputado de Izquierda Abierta Gaspar Llamazares. “Después presentarán alguna pequeña modificación, por ejemplo en el supuesto de malformación, y lo venderán como una cesión y como voluntad de consenso. Se trata de marear la perdiz, distraer para vender su propia lectura”, analiza.
Otras fuentes parlamentarias apuntan en ese mismo sentido. La ley entraría antes de acabar el periodo de sesiones ordinarias a sabiendas de que lo hace en vía muerta. “Sería impresentable que se hiciera con un trámite de urgencia, dada la oposición que ha generado y que afecta a derechos fundamentales de las personas”, opinan en el grupo parlamentario ICV.
Para la secretaria de Igualdad del PSOE, Purificación Causapié, es evidente que el Gobierno intenta silenciar el debate, y como contrapartida promete “un verano intenso de movilización” por parte del PSOE, a través de una recolección de firmas a nivel europeo y con movilizaciones “que ya están preparando distintas asociaciones de mujeres”.
En el Ministerio de Justicia señalan que se están siguiendo los pasos establecidos y que de ninguna manera se han acelerado. Además, explican, “que los dictámenes de los órganos consultivos sean públicos no quiere decir que estén ya en poder del ministerio”. De acuerdo con una portavoz de la cartera que dirige Gallardón, hay que esperar a tener todos los informes, analizar si se hace alguna modificación para entonces redactar el texto final. ¿Y el Consejo de Estado? “No se ha decidido aún si se enviará o no”, afirma esta portavoz. Aunque tampoco aclara cuándo se tomará esa decisión o si depende del número de recomendaciones que incluyan en el proyecto final.
Sanidad se pone las pilas
“Estamos al debate europeo que ahora toca”, decía Ana Mato hace apenas unas semanas ante el Congreso. Pero una vez agotado ese debate, toca ponerse inmediatamente a aquello que los comicios habían dejado en el aire. Por eso este miércoles los respresentantes autonómicos deberán votar el informe de Sanidad sobre el impacto que puede suponer la nueva ley del aborto en el sistema nacional de salud.
Y no es un detalle sin más. La misma secretaria de Estado de Igualdad, Susana Camarero, ha recordado este martes que “es obligatorio que las comunidades autónomas se pronuncien” para poder elaborar el proyecto definitivo.
Causapié acusa a Mato de introducir “de manera precipitada” la evaluación de su ministerio sobre la nueva ley en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Los socialistas han pedido que se retire del orden del día, al igual que los gobiernos de Andalucía, Asturias y Canarias.
La presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas (FMP), Yolanda Besteiro, denuncia que el Gobierno tratará el informe sobre el impacto sanitario el mismo día en que el Congreso de los Diputados votará la Ley Orgánica de la Abdicación. “Buscan que todo lo referido a la ley pase desapercibido”, esconder todo lo que tenga que ver con ella”, asegura.
Varias alegaciones en el CGPJ
La aprobación del informe de Sanidad prácticamente completa la travesía consultiva del anteproyecto, que finalizará este viernes con la votación del CGPJ sobre los análisis que han elaborado dos vocales (una del sector conservador y otra del progresista) sobre la norma que impulsa el Ministerio de Justicia. Ambos coinciden en señalar varios fallos jurídicos en la redacción del texto.
Ya se ha votado el del Consejo Fiscal, que sí apoya la ley de Gallardón, pero incluso va más allá: pide multas para aquellas mujeres que aborten fuera de los casos permitidos por la ley. Este informe aún no está en manos de Justicia, según fuentes del ministerio.
En el pleno del CGPJ se votarán también las alegaciones presemtadas por cuatro vocales. Dos de ellos, Mercè Pigem y Enrique Lucas, recomiendan directamente al Gobierno que “se replantee la conveniencia de aprobar una nueva norma en una materia tan sensible, modificando un sistema como el vigente que presenta un alto grado de aceptación por la ciudadanía, y que no ha arrojado un saldo negativo en su aplicación”.
Estos coinciden también con la apreciación de Fernando Grande-Marlaska, que apela a la “inseguridad jurídica” que implicaría legislar sobre una cuestión sobre la que el Tribunal Constitucional está pendiente de pronunciarse. De modo que los tres recomiendan esperar a que el TC evalúe el recurso presentado por el PP a la ley de plazos del PSOE para analizar el anteproyecto de Gallardón.
Por último, la vocal Nuria Díaz discrepa de las conclusiones del informe conservador y progresista, que coinciden en desvincular el supuesto de malformaciones del feto incompatibles con la vida de la salud psíquica de la madre. Díaz se remite al Comité de Bioética, que en su análisis de las leyes de 1985 y 2010 asegura que la despenalización de este supuesto es “discriminatoria” y “atenta contra la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad”.
La del Comité de Bioética, en el que al menos 7 de sus 12 miembros se han declarado abiertamente antiabortistasabiertamente antiabortistas, será una de las opiniones que se tendrán en cuenta para “ajustar” el anteproyecto, de acuerdo con fuentes del el Ministerio de Justicia. En el listado de entidades a las que se ha enviado el borrador, facilitado por el propio ministerio, no está, por ejemplo, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, que ha criticado que no se le haya consultado acerca de la nueva ley que les afecta de lleno y al que pueden aportar “conocimientos científicos y experiencia ante esta realidad social”.
El trámite en el Congreso, en cualquier caso, se anticipa largo. Si el Gobierno consiguiera meter el proyecto en las cortes antes del receso veraniego, quedaría para septiembre un periodo de alegaciones de 15 días, para el que los grupos pueden pedir hasta dos ampliaciones. “Podrían, apurando mucho, intentar sacarla en tres meses, pero estaría muy mal visto. Todos en el Parlamento coinciden en que el tema merece un debate en profundidad, más allá de que la mayoría en la cámara les permita aprobar la ley”, explica Gaspar Llamazares.
El trámite de la ley de plazos de 2010 llevó seis meses. Si se estiran mucho los tiempos, quizá el Gobierno no llegue a aprobar una de sus leyes más polémicas en las vacaciones navideñas. En cualquier caso, el acelerador está puesto.