Reforzar el sistema de atención a la dependencia, mejorar su gestión, hacerla más ágil y eficaz. El Partido Popular se presenta a las próximas generales con un programa electoral que contempla varias medidas dirigidas al millón de personas con dependencia reconocida, entre ellas muchas con discapacidad, que hay en España. Eso después de haber protagonizado cuatro años de Gobierno caracterizados por sucesivos recortes que han acabado por dejar malherido el sistema, que no es capaz de atender a los 393.000 dependientes que aún se encuentran en lista de espera.
Ya ha sido reconocido su derecho a recibir las prestaciones, pero siguen esperando, a pesar de que han sido valorados como beneficiarios. De ellos, muchos son dependientes moderados, que suelen necesitar apoyos para tareas fundamentales de la vida diaria, y que fueron incluidos en el sistema el pasado mes de julio tras ocho años de retraso y dos reales decretos que permitieron aplazar el calendario.
La cifra ha disminuido en los últimos meses en unas 30.000 personas, pero las asociaciones en defensa de la ley de dependencia denuncian que el aumento presupuestario que ha previsto el Gobierno para 2016 (75 millones más con respecto a 2015) es insuficiente para hacer efectivo el derecho de todos.
Uno de estos decretos fue el de 2012, que tenía por objetivo “garantizar la estabilidad presupuestaria”. Para la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales fue a partir de entonces cuando “el sistema se paralizó y colapsó”, a pesar de “las deficiencias” que ya presentaba. Desde entonces, calcula, han fallecido unas 100.000 personas esperando sin recibir las prestaciones o servicios que les correspondían. Fue esa norma la que el Ejecutivo incluyó en el Programa Nacional de Reformas, remitido a Bruselas en 2013, y que reconocía un recorte de 1.108 millones de euros ese año, 599 más el anterior y 571 en 2014.
El PP presume de su gestión
La formación conservadora incluye en su programa un apartado denominado “un nuevo enfoque de la dependencia”, que contempla medidas vagas y difusas sobre la materia. Pero donde los populares sacan pecho es en el capítulo de personas con diversidad funcional, de las cuales un gran número son dependientes, al que denomina “un compromiso con la discapacidad” y en el que presumen de su gestión al afirmar que “nuestra acción en esta legislatura ha estado dirigida a garantizar la atención y la calidad de vida de las personas con discapacidad”.
El 28 de noviembre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, prometió que si gana las elecciones, creará un cheque para familias con personas con discapacidad, una de esas medidas que no aparecen en su programa electoral. Un anuncio que ha indignado a la Coordinadora Estatal en Defensa de la Ley de Dependencia, que no olvida la noticia publicada por este medio sobre cómo el Rajoy paga con dinero público el cuidado de su padre. “Que deje fuera de la propaganda electoralista a un colectivo con el que se ha ensañado de forma inmisericorde”, afirma la asociación en un comunicado.
“Durante toda la legislatura ha cercenado las prestaciones y servicios que necesitaban para poder llevar una vida digna”, prosigue. El PP incrementó la cuantía que pagan los usuarios a través del copago a los pocos meses de empezar a gobernar, de forma que empezaron a aportar con rentas de poco más de 500 euros para servicios como centros de día o ayuda a domicilio. La medida desembocó en que las personas con dependencia ya pagan más que el propio Gobierno y afrontan un 19% de la financiación. El Ejecutivo, un 18% y el 63% restante las autonomías.
“Hemos sido considerados ciudadanos de segunda”
La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales enumera una batería de datos que ilustran, en su opinión, la situación del sistema a la que condujo, entre otras reformas, el decreto de 2012. Desde entonces las solicitudes se han reducido en 36.000, hay 39.000 dependientes valorados menos y el número de personas dictaminadas con derecho ha caído en 105.000 personas. El colectivo denuncia irónicamente que lo que ha ocurrido con la dependencia es “la única promesa cumplida de Rajoy”, aludiendo a una entrevista al presidente publicada en El País pocos días antes de las elecciones: “La Dependencia no es viable” es el titular.
También el PP empeoró las condiciones de las personas que se dedican a cuidar a sus familiares dependientes. Muchas perdieron sus prestaciones económicas en 2012 y a todas el Gobierno dejó de pagarles la cotización a la Seguridad Social. Un tijeretazo que el Ejecutivo cifró en un “ahorro de 330 millones de euros” anuales. Además, las cuidadoras que mantuvieron las prestaciones (la mayoría son mujeres) comenzaron a recibir menos dinero. Según un informe del Consejo Económico y Social perciben como máximo 387 euros por asistir a un gran dependiente a jornada completa.
“La discapacidad es, por tanto, una realidad muy presente en la sociedad española que en el Partido Popular siempre hemos tenido en cuenta”, reza el programa electoral de los populares. Una declaración con la que no está de acuerdo la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia, que opina que “está demostrado que durante esta última legislatura hemos sido considerados ciudadanos de segunda, que al ser 'improductivos', no merecíamos la atención y cuidados por parte del Gobierno de nuestro país”.