Como una “tomadura de pelo”. Así definen las asociaciones en defensa de la Ley de Dependencia el incremento del 6,4% en el presupuesto para esta materia que el Gobierno ha incluido en los Presupuestos Generales del Estado para 2016. 75 millones de euros más respecto a 2015, que unidos a otros 75 que según la legislación deberían aportar como mínimo las comunidades autónomas, servirían para atender a 22.500 dependientes de una lista de espera que ya alcanza los 433.855. Son solo al 5,18% de las personas que siguen sin recibir las prestaciones o servicios a las que tienen derecho. De ellos, 312.000 son dependientes moderados, incorporados al sistema el pasado julio.
Eso a pesar de que días antes de la presentación de los presupuestos en el Congreso el Ejecutivo de Mariano Rajoy anunció una subida “notable” del gasto. Concretamente, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció que se incrementaría notablemente“ algunas partidas ”como la de dependencia“. Al final, la partida se quedó en 1.252 millones de euros (en 2015 fueron 1.177).
El Gobierno justifica el incremento para “hacer efectivo el derecho a las prestaciones de las personas valoradas con el Grado I Dependencia Moderada, de acuerdo con el calendario de aplicación progresiva de la Ley”. Lo que no dice es que el Gobierno retrasó este calendario en dos ocasiones, de modo que la incorporación de estos dependientes al sistema se ha producido con ocho años de retraso.
Esto ha contribuido a que la lista de espera pase de las 132.191 personas que contabilizaba el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia a 31 de mayo de 2015 a las 433.852 que la engrosan ahora, según los últimos datos oficiales. Es decir, prácticamente todos los moderados están esperando.
Teniendo en cuenta que cada dependiente cuesta de media y anualmente 6.665 euros, de acuerdo con los cálculos de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, “harían falta unos 3.000 millones de euros adicionales, aportados a partes iguales por la Administración Central y las autonomías”, sin embargo “el Gobierno ha aumentado el presupuesto en una cantidad ridícula, absolutamente insuficiente para absorber la lista de espera”, comenta José Manuel Ramírez, presidente de la organización.
Para Ramírez, la posibilidad de que las comunidades autónomas aumenten su financiación “es imposible porque la falta de aportación estatal les ha supuesto un enorme quebranto económico y tienen que cumplir con el techo de déficit”. De hecho, a pesar de haber grandes diferencias entre unas y otras, las autonomías ya cargan con el grueso de la financiación del sistema y aportan un 63% porque “el Estado no cumple la ley y no aporta la mitad del gasto, solo el 18%”, apunta Ramírez. Los usuarios, a través del copago, el 19%. La consecuencia es “alarmante” para las organizaciones en defensa de la ley: Las personas con dependencia ya pagan más que el propio Gobierno.
“Morirán sin recibir la ayuda”
El aumento de la lista de espera se debe a que los dependientes moderados han adquirido el derecho a percibir una ayuda. Son los más leves, pero suelen necesitar apoyo para realizar tareas fundamentales para la vida diaria, como levantarse de la cama o ducharse. “Lo que no les ha dicho el Gobierno es que el trabajador social que les atienda deberá decirles que no hay dinero y que pasan a la lista de espera”, denuncia Ramírez. Pero en el llamado “limbo de la dependencia” no solo hay dependientes moderados, también hay un 21% (91.421) de dependientes severos.
“El Ejecutivo retrasó la incorporación de los moderados, según dijo, para priorizar a los grandes dependientes, pero no lo ha cumplido”. ¿Por qué el Gobierno anuncia que hará efectivo el derecho si no presupuesta los recursos necesarios? Para José Luis Gómez Ocaña, presidente de la Coordinadora Estatal de Plataformas de la Dependencia y padre de dos niños grandes dependientes, la respuesta está clara: “Pura propaganda”. En su opinión, “el Gobierno espera a que el tiempo haga su trabajo, sabe que la mayoría morirán sin recibir la ayuda, como ya ha ocurrido, porque hay que tener en cuenta que el más del 50% de las personas con dependencia son mayores de 80 años”.
Ocaña se refiere a los 101.070 dependientes que, según calcula la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, han fallecido desde diciembre de 2011 esperando a que las prestaciones a las que tenían derecho se hicieran efectivas. La organización lleva años insistiendo en que la reducción de la lista de espera que el Gobierno se apuntaba como un tanto (de 306.000 en 2011 a 148.002 en diciembre de 2014) se debe a esta razón porque “con un funcionamiento normal del sistema, la disminución debería ser consecuencia de un mayor número de personas atendidas”, explica Ramírez.
Sin embargo, “sucede lo contrario y es la disminución de las personas con derecho a atención lo que ha facilitado la reducción de la lista de espera”, afirma. Para abandonar esta categoría se puede producir por renuncia, mejora de la enfermedad o porque fallecen esperando. “Las dos primeras opciones son improbables, algún caso se puede dar, pero precisamente la dependencia es un estado de carácter permanente”, analiza el presidente de la asociación.
Un sistema rentable
El Estado aplicó el mayor “tijeretazo” al sistema de la dependencia en 2012, cuando aumentó el copago de los usuarios y suprimió el llamado nivel acordado, una de las partidas presupuestarias contempladas en la ley de 2006. Por otro lado, la partida que sí mantuvo el Gobierno comenzó a disminuir ese año hasta completar tres ejercicios de recortes (de 2012 a 2014) cifrados en 1.490 millones de euros. La razón: ahorrar y cumplir con las exigencias de Bruselas. Sin embargo, Ramírez sostiene que el sistema “tiene una altísima rentabilidad potencial”. Su asociación ha calculado que por cada 1.000 millones de euros al año invertidos en servicios se recuperarían 440 millones de manera directa y no menos de 100 millones de manera inducida. Además, se crearían 30.000 puestos de trabajo.
“El Gobierno ha vaciado la ley de contenido y la está dejando morir poco a poco”, opina Ocaña, que se muestra indignado por el carácter triunfalista con el que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presentó los presupuestos para 2016 al presumir de su “carácter social”. Algo con lo que para nada están de acuerdo las organizaciones en defensa de la Ley de Dependencia: “lo que suponen estos presupuestos son el abandono absoluto de las personas con dependencia y una burla para hacer propaganda con su sufrimiento”, concluye Ramírez.