El PP sigue a la suya. Varias comunidades autónomas que gobiernan los populares han pedido al Ministerio de Sanidad que licite el concurso de Muface para garantizar la cobertura de funcionarios a través de las mutuas privadas.
Lo han vuelto a intentar este lunes en el Consejo Interterritorial de Salud, órgano que reúne al Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas, pero se han topado con las competencias. Aquí no es, ha venido a contestarles la ministra del ramo, Mónica García, es una cuestión de otro departamento. En concreto, de Función Pública, que negocia estos días la posible adjudicación del nuevo contrato.
Además de hablar de algo que no tocaba, en el Interterritorial se ha acordado el nuevo programa de Primaria y crear un registro de sanitarios objetores de conciencia con el aborto. Para un futuro Consejo extraordinario han quedado otros temas que estaban previstos para este, como el programa medicinal de cannabis que está tramitando Sanidad o el nuevo plan antitabaco.
“Está en manos de las aseguradoras”
Pero la ministra ha aprovechado para criticar a los consejeros y señalar a las mutuas como responsables de que no se haya renovado el convenio entre el Gobierno y las aseguradoras privadas para la cobertura de 1,5 millones de funcionarios (aproximadamente un millón de ellos están en la sanidad privada, el resto en la pública). Lo primero se basa en que, ha afirmado García, han llevado el tema el Consejo Interterritorial “aún sabiendo que no es competencia de este ministerio” y pese a que Sanidad ya se lo había dicho la semana pasada. Lo segundo, ha argumentado, porque “está en manos de las aseguradoras [suscribir un nuevo convenio]”. La responsable del ministerio ha asegurado que “por parte del Gobierno de España hay el máximo interés en que el convenio salga”.
Además, García ha defendido el informe por el que el Sanidad analiza la situación y concluye, después de acusar a las mutuas de elegir solo a los pacientes que les resultan rentables, que “el contexto actual hace que, por primera vez en muchos años, la posibilidad de incorporar a la población mutualista a la asistencia sanitaria pública sea una opción tanto viable como razonable”. La ministra ha sostenido que ese informe es “descriptivo, diafano y pedido por las comunidades autónomas, sobre 'qué pasaría sí'” [no se renueva el convenio], por lo que ha descalificado las críticas recibidas.
Un registro de objetores
También se ha acordado la creación de un registro de sanitarios que se declaran objetores de conciencia respecto a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), tal y como había contado este diario.
El plan contempla que cada Comunidad Autónoma deberá crear un registro propio en el que solo se incluirá al personal que interviene directamente en la IVE: médicos especialistas en ginecología y obstetricia, anestesiología y reanimación, medicina familiar y comunitaria, enfermeras y matronas. No hará falta alegar razones. García ha asegurado que “ya no hay excusas para incumplir la ley”.
El registro, “solo se utilizará para la gestión de recursos humanos y para garantizar la prestación de la IVE, sin discriminación para ningún profesional”. Cada sanitario podrá decidir si objeta de manera total (quienes se oponen a participar en cualquier tipo de interrupción voluntaria del embarazo, independientemente de las circunstancias) o parcial, en cuyo caso hay cuatro supuestos (a petición de la mujer dentro de las primeras 14 semanas de gestación; IVE por causas médicas, hasta las 22 semanas de gestación, en caso de grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada; IVE por causas médicas, hasta las 22 semanas de gestación, en caso de riesgo de graves anomalías en el feto; o por causas médicas, en caso de anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable en el feto).
Un nuevo plan de Primaria
En la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial, García ha informado de que Gobierno y comunidades sí han llegado a ocho acuerdos diversos, entre los que ha destacado el nuevo y “ambicioso” programa de atención primaria y el acuerdo para crear un registro de sanitarios objetores al aborto.
El Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027 busca fortalecer y modernizar este nivel asistencial en España, según ha informado el ministerio. Partiendo de tendencias como el envejecimiento de la población o el aumento de las enfermedades crónicas, el ministerio está articulando una serie de medidas basadas en mejorar la longitudinalidad (la continuidad de la atención con el mismo equipo de profesionales), la atracción de talento a esta especialidad, reducir la burocracia que deben atender los médicos o ampliar la cartera de servicios, entre otras.