A Paula (nombre ficticio) la sanidad pública gallega le obligó a viajar 500 kilómetros en su propio coche para someterse a un aborto. El caso de esta mujer, que arriesgó su vida, perdió el útero y la posibilidad de ser madre biológica de nuevo, condujo a la justicia a condenar al Servicio Gallego de Salud por dilatar su embarazo inviable hasta la semana 32 y emitir una dura sentencia en la que concluyó que se había producido “un fracaso estrepitoso del sistema”.
Poco después y tras las denuncias que durante años han señalado las deficiencias de la sanidad pública gallega en los abortos terapéuticos –más allá de la semana 14 y justificado por razones médicas–, la Xunta anunció un plan integral.
El Servicio de Salud de Murcia también ha sido denunciado por haber ocultado supuestamente información a una mujer sobre la anomalía que sufría el feto y desembocar en un aborto que le ha ocasionado daños físicos y psicológicos.
Los derechos sexuales y reproductivos están garantizados sobre el papel en España, pero su aplicación práctica dista mucho de ser universal. La Ley del Aborto, aprobada en 2010, diseñó una Estrategia Nacional en 2011 que desarrollaba la norma, pero varios colectivos denuncian que su puesta en práctica es “casi nula”, “presenta deficiencias en su implantación” o es muy desigual entre comunidades autónomas.
Fuentes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad aseguran que sí está funcionando, aunque se niegan a dar información sobre cuándo y cómo se ha evaluado la Estrategia, a pesar de que la norma establecía que debía hacerse cada dos años. Además, afirman que no tiene límite de vigencia, aunque la Ley del Aborto indica que durará cinco años. Por otro lado, los Presupuestos Generales del Estado no contemplan una partida específica para su desarrollo.
“Existen importantes limitaciones de acceso a los métodos anticonceptivos y serias carencias en los servicios que asesoran” sobre salud sexual y reproductiva, según describe el informe Deficiencias e Inequidad en los servicios de salud sexual y reproductiva en España, elaborado por más de diez organizaciones, entre ellas, Médicos del Mundo. Su portavoz de género y derechos humanos, Beatriz Sagrado, apunta a “la falta de voluntad política” para remover las trabas que todavía permanecen en el sistema siete años después de la aprobación de la ley.
Algo que también fue denunciado por la ONU en 2015, que en un informe instó a España a “eliminar los obstáculos que impiden acceder a servicios que les permitan abortar de manera segura y legal en todas las partes del país” y a revisar la reforma promovida por el PP que impide a las menores abortar sin consentimiento.
La falta de integración del aborto en la red pública
Además de esta modificación y la falta de medidas para frenar el acoso que se da en algunas clínicas españolas, los colectivos denuncian, entre otras carencias, la ausencia de regulación de la objeción de conciencia, que a veces hace que “la totalidad de un centro sanitario objete” burlando “el espíritu de la ley”.
Por otro lado, “el aborto sigue sin estar integrado en la red sanitaria pública, lo que provoca que no se normalice”, explica Justa Montero, integrante de la Federación Estatal de Organizaciones Feministas. La ley antepone los centros públicos, pero contempla que se puedan derivar las intervenciones a los concertados. Esto ha derivado en que el 88% de los abortos realizados en 2015 se hicieron en centros privados, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Algunas comunidades presentan cifras ínfimas de interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en la red sanitaria pública. Es el caso de Murcia, donde se practicó un aborto en centros públicos y 3.456 en privados; Aragón, que realizó nueve intervenciones frente a 2.201 o Castilla y León, cuyos datos se sitúan en 32 abortos en la red pública y 2.620 en la privada. Además, en muchas ocasiones las mujeres deben viajar por su cuenta a otras ciudades para acceder a este derecho.
“Que muchas mujeres deban desplazarse fuera de sus lugares de residencia, perdiendo la red de apoyo social tan importante en situaciones de gran vulnerabilidad, parece no importar”, asegura Guillermo González, presidente de la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE), que hace hincapié, además, en que la mayor parte de abortos se realiza por métodos quirúrgicos –77.000 en 2015, frente a 33.000 por métodos farmacológicos–, a pesar de que esta segunda técnica “se ha mostrado muy eficaz”, pero “no se estudian las razones de esta situación”.
La situación de los anticonceptivos
También los colectivos identifican una falta de protocolos que homogeneicen la forma de ofrecer información a la mujer, ya que su “calidad, accesibilidad e imparcialidad depende de la comunidad y hasta del servicio o profesional de referencia”. Además, denuncian que los servicios de atención a la salud sexual y reproductiva presentan enormes diferencias de cobertura entre unas comunidades y otras, que “tiende a ser deficiente en todo el Estado”, concluye el estudio Derechos Sexuales y Reproductivos para Todas, de la Coordinadora Feminista.
“Hay un modelo asistencial muy variado, con comunidades en la que los centros de atención están integrados en los centros de salud, otras con centros específicos que dependen de la Atención Primaria y otras con servicios que coexisten con ella”, explica Montero, que insiste en que estos recursos deberían también incorporar la atención a colectivos como las personas LGTBI, con diversidad funcional, las trabajadoras sexuales o los migrantes, pero “es algo muy residual”.
Estos servicios son los que deben garantizar, entre otras cosas, la información y el acceso a la anticoncepción. Sin embargo, existen una serie de barreras porque algunos métodos no están financiados por la sanidad pública. Aunque algunas comunidades sí han decidido asumirlo, ninguna financia el parche o el anillo vaginal, once lo hacen con el DIU de cobre y los preservativos, tanto masculinos como femeninos, solo se reparten gratuitamente en cuatro comunidades y en algunas otras de forma ocasional en campañas específicas.
Para la FPEF, que hace unos meses elaboró el informe El acceso de las mujeres a la anticoncepción en las comunidades autónomas, resulta problemática esta desigualdad, que se une a los últimos datos de la Sociedad Española de Contracepción (SEC): un 11% de las mujeres no utiliza métodos anticonceptivos y tiene riesgo de quedarse embarazadas sin planificarlo. De ellas, casi la mitad tiene menos de 19 años.
Aunque las comunidades deberían haber desarrollado protocolos específicos sobre anticoncepción para poner en marcha la Estrategia Nacional, y por lo tanto la ley, solo nueve lo han hecho, mientras que siete no disponen de normativa propia, según recoge el informe, que también hace hincapié en que de las nueve que sí tienen, solo Cataluña y Galicia refieren contar con partidas presupuestarias para desarrollarla. Esto, asegura González, provoca que “el acceso a la anticoncepción no solo no haya mejorado, sino que se ha producido un retroceso”.
Para los colectivos es especialmente grave que no se financie en todo el territorio la píldora de emergencia, también llamada píldora del día después, cuyo precio ronda los 20 euros. Algunas comunidades como Andalucía, Aragón, Valencia o Navarra sí lo asumen con recursos propios, mientras el Gobierno central se ha justificado asegurando que su acceso “está garantizado” en condiciones de “equidad” porque desde 2009 no es necesaria una receta médica para ello.
Tampoco se han puesto en marcha las medidas contempladas en la Estrategia Nacional sobre la obligación de incorporar la educación sexual en las aulas, que “es casi inexistente”, analiza Montero. Algunas comunidades cuentan con programas propios, pero en muchas ocasiones dependen de la voluntariedad de cada centro o el profesorado. La FEPF denuncia, además, que cuando se incorporan, estos contenidos “adolecen de un enfoque heterosexual, limita la sexualidad a la etapa reproductiva y se orienta exclusivamente a la prevención de riesgos”.