“Si yo me pusiera a las puertas de un hospital cada día y les dijera a los pacientes que no entren porque les van a matar, ¿cuánto duraría ahí?”. Alberto Stolzemburg, director de la clínica ginecológica Ginecenter, en Málaga, explica así lo que lleva denunciando desde hace varios años: la presencia de un grupo de personas antiabortistas a las puertas del centro que, asegura, “acosan y coaccionan” a las mujeres que van a interrumpir voluntariamente su embarazo.
La escena se repite en otras clínicas de Albacete, Barcelona, Murcia, Ciudad Real, Cádiz o Madrid. Pequeños grupos se colocan, normalmente uno o dos días por semana, en las clínicas acreditadas para practicar abortos y, rosario en mano, comienzan a rezar y a repartir folletos. “Abordan e interceptan a las mujeres y les dicen que no entren. Si se niegan y siguen su paso les empiezan a decir que van a matar a su hijo, que es un asesinato”, explica Stolzemburg.
Los colectivos niegan el acoso y aseguran que “lo que hacemos es ofrecerles ayuda e información sobre la realidad del aborto, que normalmente se oculta y se silencia”, sostiene un portavoz de Corazón de María, el grupo que acude a la clínica malagueña. A la pregunta de si les intentan convencer de que no entren al centro, el representante asiente: “Por supuesto que sí”.
En Málaga, como en otras ciudades, los ultracatólicos acaban de finalizar los “40 días por la vida”, una iniciativa que nació en Estados Unidos y ya se ha extendido internacionalmente. Se trata de una campaña en la que durante los días correspondientes a la Cuaresma católica se concentran desde las 9.00 horas hasta las 21.00 en las clínicas “para rezar por el fin del aborto”. Incluso hacen un recuento de “las vidas salvadas”, que son aquellos embarazos de mujeres que supuestamente han decidido no interrumpirlo.
Este es uno de los momentos en los que se intensifica su presencia, igual que cada 28 de diciembre con motivo del día de los santos inocentes. “Llevan haciéndolo muchos años, pero a partir de 2010, cuando se aprueba la ley de plazos con Zapatero, se intensifica. Ha habido otros momentos puntuales como cuando se retira el proyecto de reforma de Gallardón”, explica José Antonio Bosch, asesor jurídico de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI).
Prohibido en Francia
Bosch celebra que “no son amplias mayorías sociales, son pocos”, pero “son muy molestos tanto para las mujeres como para los trabajadores”. En los folletos que reparten aluden a “el Holocausto ocultado del aborto”, muestran imágenes de fetos de hasta 22 semanas y de supuestos abortos y aseguran que la interrupción voluntaria del embarazo tiene consecuencias inmutables como depresión, baja autoestima o incluso cáncer de mama.
En otros centros como el madrileño El Bosque ya no se acuerdan de cuántas veces han reparado las paredes de la fachada. “Nos han tirado huevos, pintura, han hecho inscripciones llamándonos 'asesinos' y cada sábado un grupo se reúne para entregar folletos”, cuenta Sergio Muñoz, director de la clínica. “Las consecuencias del aborto no se borran nunca. Estás tu sola y tu aborto para toda tu vida”, dice uno de ellos.
“Es peligroso porque manipulan las imágenes, la información es falsa y se dedican a citar traumas y efectos que no existen, como que van a tener secuelas para siempre”, explican desde la clínica Ginemur, de Murcia, a cuyas puertas se reúne un grupo todos los sábados por la mañana y los 25 de cada mes “para montar un altar frente al centro”, especifican.
En otros países como Francia, difundir este tipo de información se enmarca en un delito denominado de “obstaculización” al aborto, que se pensó para este tipo de grupos que también acudían a las clínicas francesas con el mismo objetivo. El pasado mes de febrero el tipo penal se amplió para prohibir aquellas páginas web que ofrecen informaciones sesgadas sobre la interrupción voluntaria del embarazo.
Denuncian la pasividad de la Administración
A pesar de que los grupos aseguran que lo que hacen es dar información, el artículo 14 de la ley del aborto de 2010 ya establece como requisito que se haya informado a la mujer embarazada de los derechos, las prestaciones y las ayudas públicas de apoyo a la maternidad existentes. “Además de que están desinformando, la sanidad pública ya prevé qué información y cómo recibe la mujer. Cada Consejería entrega un sobre con contenidos detallados sobre métodos, consecuencias, ayudas... Esto ya está reglamentado y cada una lo tiene”, explica Bosch.
Para la Red de Madres, que lleva a cabo este tipo de acciones en Albacete, se trata de “una invitación a seguir con su embarazo y les prestamos nuestra ayuda económica como asociación porque la vida es valiosa siempre”. Una portavoz de la misma explica que “también atendemos a mujeres que finalmente lo han hecho y que se quedan rotas, les ayudamos a perdonarse. De los abortos se arrepiente todo el mundo, de los hijos nadie”.
Eduardo Pin, trabajador de la clínica Iris, situada en la ciudad castellanomanchega, asegura, al igual que otros centros, que “al principio llamábamos a la Policía, pero hemos optado por dejar de hacerlo” porque “hay una total impunidad y una absoluta falta de voluntad política de solucionarlo”.
ACAI denuncia la falta de respuesta de la Administración y hace hincapié en que un alto porcentaje de mujeres acuden a estas clínicas derivadas por el servicio público de salud, por lo que el asunto “trasciende el marco de los centros y alcanza a la sanidad pública”.
En algunas ciudades, los representantes de las clínicas se han reunido con los subdelegados del Gobierno, pero “la respuesta es siempre que no necesitan autorización porque no son más de 20 miembros”, afirma Bosch. Sin embargo, “podrían agarrarse a las ordenanzas municipales sobre ocupación de la vía pública. Ejercer los derechos de unos no puede vulnerar los de otros. Este tipo de acciones limitan el derecho de estas mujeres al ejercicio de algo tan elemental como es su voluntad y su derecho a la salud”, prosigue.
El jurista insiste en que a las mujeres les afecta de diferentes maneras, pero un rasgo común es que sienten vulnerada su intimidad. “Es un acto que se comunica solo a gente muy cercana y se lleva con privacidad, pero llegas al centro y te encuentras con que hay personas que te pueden identificar y comienzan a señalarte, preguntarte, se meten en tu vida”, ejemplifica. En democracia, continúa, “no cabe que las instituciones permitan que se imponga una moral a otras personas que tienen otra”.