El Gobierno ha hecho por primera vez un censo oficial de los centros residenciales. Los resultados, presentados este miércoles por el Ministerio de Derechos Sociales, confirman que el modelo de atención a las personas mayores en España es mayoritariamente privado y con afán de lucro. Solo el 14,2% de las residencias son completamente públicas, frente a un 73,7% que pertenecen a empresas y un 12,1% que, siendo de las comunidades autónomas, están entregadas a la gestión privada.
Hasta ahora no se disponía de información desagregada sobre la situación de estos centros. El Gobierno y las comunidades autónomas se comprometieron a acabar con esta anomalía en diciembre de 2020, aunque el censo ha visto finalmente la luz en abril de 2024. “Este análisis surge por la falta de datos en este ámbito, sobre todo de información agregada a nivel nacional, algo que se evidenció especialmente durante la pandemia de la Covid-19”, ha dicho la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, en la presentación del informe, titulado 'Estado de situación de los centros residenciales en España' y que también aporta datos sobre residencias para personas con discapacidad.
En el caso de los mayores, hay en total 5.188 residencias y 381.514 plazas con una media de 73,5 personas por centro. Los datos de esta primera edición corresponden a 2022 y emanan de las respuestas que dieron los propios centros de un cuestionario online. El resultado cuantitativo permite aproximarnos a quién vive en las residencias y en qué condiciones.
Conocer las características va a dar información al Ministerio para verificar si las comunidades están aplicando el nuevo modelo aprobado en 2022 y que fija los requisitos mínimos que deben cumplir los centros y el sistema de atención a la dependencia. La directora general, Mayte Sancho, ha asegurado que es solo “un primer paso” porque el objetivo es tener “un mapa más detallado de los recursos disponibles en cada territorio”. El IMSERSO ya está preparando la siguiente edición.
Solo el 4,2% tiene menos de 65 años
El 75% de los usuarios son mayores de 80 años y muchas más mujeres (70%) que hombres por su mayor esperanza de vida. Solo el 4,2% tiene menos de 65 años. El informe asume que quienes acuden a las residencias “tienen una pérdida importante de su autonomía”. En la mayor parte de los casos se trata de una dependencia asociada a la edad, subraya el documento, que se ve “agravada por no disponer de servicios comunitarios que les permita mantenerse en sus hogares”. Así lo acreditan los datos: el 43,2% tiene un nivel de autonomía compatible con un grado I o II reconocido, mientras el 36,7% son de grado III (el más severo). No obstante, uno de cada cinco residentes no ha sido valorado o no tiene la dependencia reconocida.
Si se cruzan los datos de personas con grado de dependencia solicitado o concedido y número de plazas, el resultado es un puesto por cada 3,7 mayores en esta situación. La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales lleva años analizando, con estimaciones ante la falta de datos centralizados, cómo el déficit de plazas en residencias provoca que siga existiendo una lista de espera para las personas más dependientes que tienen derecho a esta prestación (grado II y III). “De los 1.415.578 beneficiarios con derecho a prestación, únicamente percibían la prestación de atención residencial 169.990, a los que hay que incorporar aquellos casos en los que la persona tiene una prestación económica vinculada a un servicio de atención residencial, unos 76.500 en 2021”, dice el informe.
Aunque el ritmo de apertura de nuevas camas, con la inyección del Gobierno, se ha acelerado, sigue siendo más lento que la velocidad a la que aumenta la población mayor de 65 años. El censo lo expone en cifras: hay alrededor de 552 personas de más de 80 años por centro.
Se impone la habitación doble
Hasta ahora se desconocía cómo se distribuían las habitaciones. Con el censo se confirma que el modelo mayoritario (55,6%) es el doble frente al individual (43,2%), es decir compartir cuarto con al menos otro usuario. Los centros privados con ánimo de lucro son los que más explotan las habitaciones para dos personas, en un porcentaje mayor a la media. Solo el 38% de las habitaciones tienen una cama, según los datos conocidos este jueves.
En este momento, los centros residenciales deben cumplir una serie de requisitos para poder concertar plazas con la administración pública. Estas condiciones están recogidas en el acuerdo de acreditación firmado entre Derechos Sociales y las comunidades en la pasada legislatura para mejorar la calidad de los servicios y que incluye que al menos el 65% de las habitaciones deben ser individuales.
En cuanto al tamaño de los centros, casi una de cada cuatro residencias (23,2%) tiene capacidad para alojar a más de 100 usuarios. Es decir, son megaresidencias, el modelo antagónico al que se quiso impulsar con el acuerdo. El porcentaje no muy elevado, sin embargo, asciende al 51% si lo que contamos es la proporción de plazas sobre el total que se concentran en estas residencias grandes. En el extremo, los centros de más de 200 plazas suponen el 13% de la oferta. El IMSERSO pone de relieve en su análisis que “las residencias de titularidad pública optan por modelos más contenidos”. La mayor parte de ellos, un 63,6%, tienen menos de 50 plazas frente al 43,9% de los privados.
Un 86% de la plantilla son mujeres
Las respuestas también permiten perfilar más detalles sobre sus características. Por ejemplo, el 90,7% de los centros tiene algún tipo de espacio exterior, una terraza o un jardín. Uno de cada diez sigue sin contar este requisito. Casi ocho de cada diez residencias se sitúan en el casco urbano (más públicas que privadas) y tres de cada cuatro aseguran que son capaces de sectorizar por razones de seguridad o sanitarias el centro. El 71%, además, garantizan el acceso a internet desde las habitaciones (ocurre más en los privados).
El análisis no solo se centra en los residentes, sino también en los trabajadores. El 86,1% de la plantilla son mujeres. La jornada mayoritaria de trabajo es a tiempo completo (73,1%) frente a la parcial (26,9%).
La respuesta de los centros al cuestionario online también permite conocer las ratios de trabajadores. Según lo que declaran, el 57,3% de los empleados son auxiliares o gerocultores, encargados del cuidado más directo como el aseo o la movilización de los usuarios, lo que da una ratio de 0,36 trabajadores de esta categoría por cada residente. Esta ratio se sitúa en 0,33 en los centros de titularidad y gestión privadas con ánimo de lucro, y en el 0,48 en los de titularidad y gestión públicas. El acuerdo alcanzado entre el Ministerio y las comunidades fijaba una mejora progresiva de las ratios: 0,31 en diciembre de 2023 y 0,43 para final de 2029.