El primer examen del Congreso a la Ley de Memoria Democrática le augura un arduo trámite para salir adelante

La Ley de Memoria Democrática ha pasado hoy su primer examen en el Congreso. El pleno ha debatido este jueves las enmiendas a la totalidad presentadas al texto del Gobierno por Vox y el PP, que piden su devolución, y ERC, que ha presentado una versión alternativa. Aunque las enmiendas no saldrán adelante, la sesión ha escenificado las diferencias entre los grupos y si algo ha dejado claro es que a la ley no le espera un camino fácil. Tendrá que bregar con las reclamaciones de los habituales socios del Gobierno, que piden mayor ambición, y la frontal oposición de las derechas, que consideran el texto una forma de “dividir a los españoles”.

A la enmienda de ERC se han sumado también Bildu, la CUP, el BNG, PdeCat y Junts per Catalunya, mientras el PNV ha reclamado mejoras en la ley y no ha apoyado la versión alternativa porque cree que “es reconducible a través de enmiendas parciales”. Los independentistas le han echado así un pulso al Gobierno, que tendrá que abrirse a modificar el proyecto si quiere lograr los apoyos suficientes. La norma, largamente esperada por las asociaciones memorialistas supone una nueva hoja ruta en lo que a memoria histórica se refiere, pero no convence al arco parlamentario. Incluso la otra pata de la coalición, Unidas Podemos, considera que se queda corta.

En la defensa del texto, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, ha mostrado su predisposición a “incorporar mejoras durante la tramitación parlamentaria” y lo ha definido como un proyecto “muy meditado y trabajado”, pero “lo suficientemente flexible como para aceptar enmiendas”. Aunque ha urgido: “Lo que no es flexible es el tiempo” de quienes buscan los restos de su familiares. “Tenemos que hablar, dialogar y pactar, pero sean ustedes conscientes de que hay gente que no tiene tanto tiempo”, ha apuntado.

A ello le ha respondido inmediatamente después Gabriel Rufián, de ERC, que ha calificado de “curioso” que “ustedes digan que tienen prisa cuando han tardado 14 años en presentar la ley” tras la aprobada en 2007. En un duro discurso, Rufián se ha dirigido a los diputados antifascistas “sean del partido que sean” para preguntarles si votarían a favor de una ley “incapaz de calificar al régimen franquista de ilegal”, de establecer “mecanismos o indemnizaciones” para las víctimas, “abrir la puerta” a las reclamaciones patrimoniales o “juzgar a los verdugos”, que son varias de sus principales reclamaciones. “Señorías antifascistas ¿ustedes votarían una ley de memoria sin memoria?”, ha preguntado. El parlamentario independentista se ha dirigido al Gobierno en su intervención final: “La pregunta no es por qué nosotros somos tan duros, la pregunta es por qué ustedes son tan cobardes”.

Muchos de los grupos comparten peticiones con los republicanos catalanes. “Si esta ley no sirve para la gente como la que ha acudido a la Querella Argentina con nosotros no cuenten”, ha dicho el diputado de la CUP Albert Botrán en referencia a eliminar los obstáculos que a día de hoy siguen impidiendo la investigación de los crímenes franquistas. En este sentido, la Ley de Amnistía de 1977 será uno de los asuntos principales de las enmiendas, también las de Unidas Podemos- En Comú Podem-Galicia en Común, que se ha comprometido a “trabajar para mejorar la ley” y “alcanzar un amplio acuerdo progresista”, ha asegurado la diputada Martina Velarde.

Por su parte, el PSOE ha defendido el texto, que el Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de julio. El ministro Félix Bolaños ha reconocido a su antecesora, Carmen Calvo, que impulsó la norma y se ha dirigido a la bancada del PP y Vox para negar “un relato ideológico ni una historia única” en ella, sino “una verdad completa, la que se omitió durante 40 años”. “Todas las fuerzas deberían entender que condenar la dictadura y homenajear a las víctimas no es ideología, es justicia, democracia y una cuestión de humanidad y reparación”, ha añadido.

Las derechas acusan al Gobierno de “totalitarismo”

Las razones que esgrimen las derechas para pedir la devolución de la ley son diferentes. El PP, que ya se ha comprometido a derogarla y sustituirla por una Ley de Concordia si llega a Moncloa, opina que se trata de una norma guiada por un “espíritu de confrontación entre españoles” y acusa al Gobierno de “agitar el espíritu del guerracivilismo”, “abrir heridas” o “imponer su relato ideológico”. Los populares entienden que el proyecto “divide a los españoles” y tiene por objetivo “dinamitar el ejemplar proceso de reconciliación que supuso la Transición española” y es una ley “frentista” y “totalitaria”, en palabras de Macarena Montesinos.

También la extrema derecha ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de “establecer cauces” para “un constante adoctrinamiento de la población” y comparte argumentario con el PP al asegurar que “trata de reabrir la vieja y dolorosa división de los españoles entre rojos y azules, que ya se había superado”, ha dicho el diputado José Francisco Contreras. El parlamentario ha usado, además, buena parte de su tiempo en la tribuna para desplegar el revisionismo histórico al que acostumbra Vox y ha llegado a afirmar que “no se puede decir que en la primavera de 1936 hubiera un Estado de derecho en España”.