Estado privatizado. Casi cualquier acción dependiente de un Gobierno, desde la más local hasta la más general, es ya susceptible de convertirse en un contrato. Muchos de los servicios que un Ayuntamiento, una Comunidad Autónoma e incluso el Gobierno central deben prestar a los ciudadanos han pasado a ser una oportunidad de negocio para proveedores. Esta manera de entender la prestación de servicios ha sido, a la vez, una vía de escape para los gigantes de la construcción española, según se extinguía la llama del ladrillo y el cemento. ACS, Sacyr, OHL, FCC o Ferrovial se han colocado así en el día a día de los servicios que los ciudadanos reciben y financian con sus impuestos. Las cifras de negocio han engordado gracias a este trasvase del dinero público.
Los gobiernos ceden esas funciones a cambio de un buen contrato. Privatizar la gestión les permite evitar “tener estructuras de personal muy amplias”, explica Josep Viñas, profesor de la Universidad de Girona, como una de las “causas para externalizar” que menciona en un estudio para el Instituto de Estudios Fiscales.
Las grandes constructoras han ido ampliando su campo de acción. En 1992 la empresa Clece, de ACS, nació “focalizada en la limpieza de entidades públicas”. Ahora el grupo presidido por Florentino Pérez puede estar detrás de la limpieza de la calles, la escuelas infantiles de una ciudad, los comedores escolares, los campamentos de verano de un colegio público, la gestión de la ayuda a domicilio de ancianos o el mantenimiento de un parque natural. Sus compañeros en la cúspide del sector de la construcción (FCC, Ferrovial, Sacyr y OHL) también han ido incorporando nichos de negocio a medida que los políticos convertían sus obligaciones en adjudicaciones.
De hecho, OHL analizaba así el sector de servicios prestados por grandes empresas a administraciones en su informe de 2013: “A pesar de la contracción de este mercado, las administraciones públicas y los procesos de concentración de proveedores han facilitado un incremento en la facturación de los líderes del sector”. Es decir, los encargados políticos han creado la condiciones para, en medio de la crisis, seguir ganando dinero.
Los servicios sociales
Más allá de construir una carretera o una línea de tren, estos grandes grupos han encontrado un filón en la atención a los más débiles. Por ejemplo si una persona mayor tiene un problema y llama por teléfono para que le ayuden, casi con toda probabilidad estará bajo la responsabilidad de una de estas empresas. Clece, de ACS, tiene el servicio en ayuntamientos tan grandes como Madrid, Málaga, Granada, Huelva, Cádiz... pero también se encarga del servicio de las Fuerzas Armadas. OHL tiene presencia en este campo en, por ejemplo, A Coruña, Jerez de la Frontera o Fuenlabrada. También la atención a mujeres en la Diputación de Valencia.
Estos conglomerados han montado divisiones específicas para recibir encargos de los ejecutivos regionales en servicios sociales. OHL tiene la marca Novaire que, según su Memoria Anual de 2013, tiene “el 68% de sus 1.540 plazas concesionadas” por la Comunidad Valenciana. También es un campo que Clece ha visto atractivo. Está al frente de la intervención familiar en Vigo, y en Castilla-La Mancha han dejado “en manos de la compañía” todo lo referente a “auxiliares sanitarios, psicología, terapia ocupacional y transporte de adaptados de mayores”.
Son servicios sociales. Pero la dinámica que rige estas divisiones es la empresarial: “La estricta política de contención de gastos ha permitido reducir los costes de explotación un 4,5%, lo que ha contribuido a una sensible mejora en los márgenes de la compañía”, analiza OHL en sus balances de 2013. En 2014, “Novaire continuará con su potente política comercial [captación de clientes] y contención de costes”, asegura en su memoria esta marca de OHL.
Rebajar los costes muchas veces está relacionado también con ofertar rebajas como palanca para ganar concursos. Un simple ejemplo: Clece se quedó con el contrato de servicio público de la residencia El Royo de la Diputación de Soria en 2013. La empresa rebajó un 18% el dinero que presupuestó la Diputación. A cada residente gran dependiente le aplicó un descuento de casi 12 euros, de 49,15 a 37,9 euros. Por cada residente válido ofreció 25 euros frente a los 30,72 del presupuesto inicial.
Las escuelas de los más pequeños
Uno de los casos más notorios en los que un gobierno ha abierto decididamente la puerta a las grandes empresas ha sido el de las escuelas infantiles. Tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid han reescrito la manera de gestionar esta fase educativa no obligatoria –lo que le da amplio margen de acción– para primar las rebajas económicas a la hora de dirigir las escuelas. Así ha entrado con fuerza, una vez más, Clece. En su último recuento asegura tener 87 centros en España “por concesión”. Unos 7.500 alumnos. La dinámica ha ido expulsando a las cooperativas educativas que daban estas clases. Porque, aunque sus puntuaciones en el proyecto educativo eran las primeras, sus ofertas de abaratamiento eran las últimas.
Justo en el comienzo de este curso, las direcciones de los centros recién adjudicados en Madrid han admitido que han pedido a los padres que donen juguetes ante la falta de dotación, mientras esperan recursos desde el Ayuntamiento, según contaba la Cadena Ser. Los padres se quejan de que el equipamiento de las escuelas es “muy pobre”.
En este campo, ACS ha conseguido hasta introducirse en las actividades extraescolares a través de los campamentos de verano de una veintena de colegios públicos de Canarias.
Lo cierto es que si bien estos grupos gigantescos abarcan dos o tres áreas, la división de ACS no desecha ningún sector. Desde la gestión de centros deportivos municipales –como el único que existe en el distrito Centro de Madrid– hasta el cuidado de espacios naturales protegidos. La Comunidad de Madrid ha considerado que la gestión de parques regionales o naturales también es susceptible de ser externalizada. Otra filial de ACS, Talher, aparece en las adjudicaciones de Parque de Peñalara y de la Cuenca Alta del Manzanares. Hasta 2016 se encargan de Parque Regional del Sureste. La misma marca ganó el concurso para la limpieza de Mercasevilla o las zonas verdes de Cáceres.
Secuencia de huelgas por las contratas de limpieza
Los mismos nombres a los que se les coloca al frente de los servicios sociales, el cuidado del medio ambiente o del deporte de base, se repiten cuando los Ayuntamientos afrontan su obligación de limpiar las calles. Es un servicio estrella de la contratas. Casi cualquier ciudad, grande o pequeña, considera que privatizar sus barrenderos y basureros es la manera más eficaz de prestar esta competencia, a pesar de que un reciente informe del Tribunal de Cuentas puso de relieve que es más bien al contratrio. El Informe Anual 2013 de FCC recogía que se habían adjudicado “un total de 244 concursos” en este ámbito: 436 millones de euros por los que pujar. En 2013, los contratos en vigor en España sumaban 1.556 millones de euros. FCC contabilizaba “servicios de saneamiento en 3.384 municipios”. Cada constructora ha puesto en marcha su sección de limpieza: Urbaser (ACS), Cespa (Ferrovial), Valoriza (Sacyr), más OHL y FCC con sus siglas.
Se trata de un servicio crucial que es noticia cada cierto tiempo por los problemas que surgen al adjudicarse los contratos a la baja. Las empresas acuden al concurso, ofrecen sus rebajas económicas, ganan las adjudicaciones y pasan la factura de la rebaja a la plantilla y el servicio. Así, Urbaser quiso echar a 125 personas en Jerez de la Frontera en 2012. Resultado: 21 días de huelga. Granada vivió su huelga más larga en 28 años en enero de 2013, con 2.300 toneladas acumuladas en 18 días. La concesionaria granadina es INAGRA. ¿Máximo accionista? Cespa (de Ferrovial). En Madrid fueron tres contratistas, OHL, FCC y Valoriza, las que presentaron un ERE nada más hacerse con el servicio. 12 días de residuos en la vías por la huelga en noviembre de 2013. Este año, Lugo ha vivido dos meses de huelga de basuras cuya empresa encargada es Urbaser.
La lenta y constante privatización sanitaria
La intención del Gobierno de la Comunidad de Madrid de sacar a concurso la gestión médica de seis hospitales fue el detonante de la Marea Blanca nacida en 2012. Pero la entrada de contratistas en los centros sanitarios ya estaba establecida. Había sido un goteo más suave y prolongado en lugar de un movimiento violento.
Así, FCC está presente en varias concesiones administrativas hospitalarias en diferentes grados. En el del Sureste de Madrid (Arganda), en el de Son Espases (Mallorca) y el de Torrejón de Ardoz (Madrid). También tiene el 33% de la sociedad que construyó y explota cinco centros de salud mallorquines.
De la misma manera, ACS posee una marca para estar en este sector: Iridium. Comparte consorcio con FCC en Son Dureta y los centros de salud de la isla pero, además, dirige todo lo que no sea médico en el hospital Puerta de Hierro-Majadahonda. También está en la explotación del hospital Can Misses de Ibiza (y dos centros de salud asociados).
Sacyr se hizo con la concesión de dos hospitales en Madrid en 2005: Parla y Coslada. Sacyr vendió este año el 49% de las sociedades concesionarias a OHL y LBEIP B.V., un fondo de inversión de infraestructuras totalmente participado por Lloyds Bank European. Se embolsó 90 millones de euros. OHL es, por su parte, el líder de la unión de empresas que se encarga del hospital de Burgos .
Además, Ferrovial –con su filial Ferroser– está en el núcleo de las urgencias médicas en la Comunidad de Madrid. Por un lado se encarga de atender telefónicamente a los ciudadanos que buscan una antención sanitaria urgente, al ser concesionarios de las llamadas del SUMMA 112 por 9,6 millones de euros en cinco años. Al mismo tiempo, ganaron el contrato “transporte sanitario urgente bajo la marca SAFE” por 72 millones.
El agua como negocio
Dentro de los servicios públicos más cotidianos que una ciudad está obligada a prestar está el agua que sale de los grifos de cada casa. Un mar de oportunidades. Dos empresas han ido ganando, municipio a municipio, cuota de mercado: Aqualia y Valoriza Agua. La primera es de FCC y la segunda de Sacyr.
Aqualia asegura estar implantada en 850 municipios. No en todos es el encargado del abastecimiento. Donde sí se encarga de llevar el agua a las casas es en Almería, Ávila, Badajoz, Jaén, Lleida, Oviedo, Santander, Salamanca, Vigo...
Con Valoriza Agua, Sacyr controla la dispensación integral de agua potable en muchos municipios en España como Alcalá del Henares, Guadalajara. Pero también es la contratista para el abastecimiento en Cantabria (adjudicado por el Ministerio de Agricultura), y de la zona central de Asturias (740.000 personas), Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife...
De la grúa al conductor: el transporte público
Trayectos al trabajo, viajes para el ocio o el comercio. El transporte público vertebra las ciudades o las comarcas. No se trata de la simple construcción de infraestructuras de transporte (ya sea carretera o vía de tren). Los gobiernos creyeron hallar una fórmula de éxito al adjudicar todo de golpe: la obra y la explotación a cambio de un canon anual. Las constructoras pasaban a convertirse en empresas de transporte público y ponían los conductores, los revisores, las taquillas, los billetes; gestionan los horarios de paso... Así, cuando se inauguró en 2006 el metro de Sevilla tenía al frente cuando a un consorcio formado por ACS y Sacyr. El año pasado ambas empresas le vendieron sus acciones a...Globalvía, una división de FCC, que no había ganado la adjudicación. Las vendedoras se llevaron 60 y 58 millones, respectivamente.
Globalvía también está al cargo del tranvía de la localidad madrileña de Parla y el llamado Metro Ligero de Sanchinarro (Madrid). Su hermano gemelo del oeste de la región madrileña (MLO) es una concesión que explota OHL. Sacyr también es la encargada del metro en Tenerife.
El plan no ha salido mal. En 2008, la cifra de negocio del área de construcción de Sacyr era de 3.491 millones de euros. Las concesiones y los servicios sumaban 941,5. En 2013 la primera aportó 1.891 mientras que las otras dos llegaron a 1.265 millones. La memoria de OHL de 2013 cuenta que su área de construcción cayó en España en 2013 un 34%, mientras que los beneficios de sus empresas de servicios crecieron entre un 32% y un 14%. ACS tuvo un negocio de 33.000 millones el año pasado. El 86% tuvo que buscarlo en el extranjero. Sin embargo, los servicios de Clece han pasado de 940 a 1.218 millones de euros en cinco años. En 2003 estaba en 428.
La presentación anual de la empresa Clece, arranca de la siguiente manera: “Prácticamente cualquier servicio que no forme parte de la actividad principal de una organización puede ser prestado por alguna división o empresa de Clece”. Aunque el profesor Viñas expone que hay que “identificar las áreas susceptibles de externalización, excluyendo aquellas que de forma clara necesitan una gestión directa y justificando los criterios técnicos
de las que posibilitan una gestión indirecta“, la cita de Clece parece estar siendo escuchada al pie de la letra.