El sacerdote que será juzgado por abusar de una niña siguió como profesor de Ética y Moral en Toledo tras las denuncias
El auto de procesamiento del sacerdote José Luis Galán relata que estuvo presuntamente abusando de una chica de 14 años en Toledo, entre enero de 2011 y junio de 2013, cada quince días, “en su despacho parroquial” en la iglesia de San Ildefonso, según recoge como indicios el juzgado de Talavera de la Reina que ordena que se le juzgue y adelantó El País. La llegó a penetrar en 2014, tras organizarle un exorcismo, según los hechos descritos durante la fase de investigación judicial. Aprovechando que era el director espiritual del colegio de la chica, le instó a dar clases a solas para que no “perdiera horas lectivas”, a puerta cerrada con llave, donde se produjeron supuestamente tocamientos, penetración y agresiones físicas. El sacerdote ha tenido siempre el apoyo de la madre de ella, con la que tenía una relación sentimental, según el propio cura admitió ante la justicia durante su declaración.
El pasado 6 de noviembre, el juzgado de instrucción número 4 de la localidad manchega ordenó que se abra juicio oral y se juzgue a Galán como presunto autor de un “delito de abusos sexuales”, tras describir cómo empezó todo, en enero de 2011, cuando estaban en el despacho y él le pidió un beso, ella se negó y el sacerdote “le gritó besándola y pidiéndole que se quitara el sujetador, le tocó el pecho y luego le dio una bofetada y la llamó puta”, para más tarde “pedirle perdón y darle un abrazo para calmarla”.
Fue el primero de otros abusos descritos en el escrito judicial: “le tocó el cuerpo”, “el clítoris”, “la vagina”, la llamaba “hija de puta”, a veces le pegaba, la “penetró” y la obligó a “chuparle el pene” en los dos encuentros mensuales a los que ella asistió, animada por su madre para que reforzara su espiritualidad. La chica, con varios intentos de suicidio y aneroxia diagnosticada -una enfermedad que el informe del Instituto Forense ve compatible con un capítulo de abusos- denunció tres años después. Fue tras una visita a su médico psiquiatra, donde ella fue consciente y contó por primera vez que había sido víctima de abusos sexuales.
Cartas al Vaticano
Además de la denuncia penal, que se interpuso después del verano de 2017, la víctima escribió sendas cartas al Papa Francisco y al prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe del Vaticano, el español Luis Ladaria. En ellas, relataba lo sucedido, por lo que la Santa Sede ordenó al Arzobispado de Toledo abrir una investigación y remitírsela. Esas cartas al Papa se escribieron en octubre de 2017, y apenas un mes antes el sacerdote José Luis Galán había sido nombrado profesor adjunto a Cátedra por tres años en el Instituto Teológico San Ildefonso, en el que ya era profesor desde 2009, cuando se incorporó para impartir Teología Moral. Pese a que se había presentado tanto la denuncia penal como la canónica a través del Vaticano, el sacerdote ahora procesado continuó dando clases hasta enero de 2018 en el centro, que imparte bachillerato en Teología y un máster. Concretamente, Galán fue ese curso escolar profesor de Moral y Teología, Ética y Moral y Doctrina Social de la Iglesia, según consta en las horas lectivas recogidas en las memorias del centro de ese curso. En ese centro católico hay alumnado masculino y femenino que ha acabado la selectividad y que inicia los estudios teológicos. A día de hoy, Galán sigue figurando como profesor en el centro, aunque no tiene asignadas horas docentes desde enero de 2018, según señalan fuentes del arzobispado de Toledo. El director del instituto teológico, Francisco María Fernández, confirma este punto y recalca a eldiario.es que Galán esta en “suspensión forzosa hasta que no se aclare su situación judicial. Hasta ese momento no podrá asistir a clase ni participar en ninguna actividad del instituto”.
Otra de las medidas que tomó el arzobispado de Toledo fue quitarle el oficio de misas, aunque puede seguir haciéndolo en ceremonias íntimas si quiere, puesto que sigue siendo cura porque no se le ha revertido la condición de sacerdote a la espera de una sentencia. También decidieron quitarle de capellán de un centro sanitario. Sin embargo, se le envió en enero de 2018 como capellán a un convento de clausura, el Santiago Apóstol de Toledo, donde continúa a día de hoy, según consta en un informe de la iglesia de este mismo año. Allí viven una veintena de monjas con voto de obediencia y silencio a las que ahora les han puesto como sacerdote principal a este religioso que será procesado por abuso sexual.
La jerarquía eclesiástica toledana acabó su informe interno, para lo que llamó a declarar a la chica en verano de 2018, al párroco y algún testigo más que no ha sido precisado, y envió de vuelta el caso al Vaticano, que de momento no se ha pronunciado sobre el caso ni ha impuesto pena alguna.
Desde el arzobispado de Toledo señalan a eldiario.es que no van a hacer pública la investigación interna y que “hasta que no haya resolución canónica o civil, por respeto a todas las partes, tanto a la denunciante como al acusado”, no van a hacer declaraciones ni sobre el presente ni el futuro del sacerdote que, según el auto de procesamiento, también organizó un exorcismo para la chica, con permiso de la madre y que llevó a cabo otro sacerdote, ya que pensaban que “tenía un demonio dentro”.
Al día siguiente del exorcismo, Galán la citó de nuevo en su despacho, “le metió los dedos en la vagina, la penetró” y le “pegó con el cinturón”. Tras esa agresión, que fue la última que relata el auto, ella “no volvió más al despacho parroquial”. Era verano de 2014 y la chica, enferma de anorexia (había ingresado en un hospital por este motivo por primera vez el año anterior) y con un historial de más de una decena de intentos de suicidio desde entonces, se empezó a tratar de sus problemas médicos, donde afloraron los presuntos abusos sexuales que ahora se van a juzgar.
El protocolo antiabusos de la iglesia española sigue congelado a la espera de que el Vaticano se pronuncie sobre las líneas guía y después de que falleciera el obispo de Astorga, que iba a estar al cargo de la comisión contra la pederastia. Lo que ya se sabe es que el borrador aprobado por la Conferencia Episcopal no contempla obligar a las diócesis a pagar indemnizaciones a los supervivientes o a abrir sus archivos a investigaciones independientes.
