“La profesora que iba a impartir estas asignaturas estará de baja durante un largo período y no podrá dar esta docencia. Queríamos ponernos en contacto contigo para ver si te es posible impartir estos grupos en las mismas condiciones que el curso pasado”. Este es uno de los muchos correos electrónicos que Paula Marín —prefiere dar un pseudónimo por miedo a represalias de la universidad— recibía cada verano de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), y esas “mismas condiciones que el curso pasado” que le proponía el centro significaban impartir asignaturas sin contrato.
Durante seis años, desde 2014 hasta 2020, esta profesora fue responsable de varias materias completas en la UC3M, pero cobraba solo las horas efectivas de clase como si fuera una conferenciante puntual. Ni siquiera tenía un contrato de profesora asociada, la figura laboral habitual que utilizan las universidades para emplear a profesorado externo y que la Carlos III le prometía a esta docente año tras año.
Tal y como ha podido verificar este diario, Paula Marín cobraba entre 150 y 300 euros al mes, aunque tenía la carga y las responsabilidades de una asignatura completa: preparar las clases, elaborar exámenes y corregirlos. Tuvo que combinar la docencia con otros trabajos en una situación que se prolongó hasta 2020. Impartió un total de 24 asignaturas —obligatorias y optativas— en seis cursos académicos del Grado en Turismo en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas a través del Departamento de Humanidades, Filosofía del Lenguaje y Literatura, siempre como conferenciante.
Para Comisiones Obreras esta práctica es “claramente ilegal”. “No se puede dar clases y tener la responsabilidad de una asignatura en la Universidad sin contrato”, defiende Jesús Escribano, responsable sindical de Universidades en Madrid y lo argumenta con el artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). “La función docente la ejerce el profesorado universitario”, dice la norma. “Para ser personal docente tiene que haber una relación contractual clara, es algo obvio”, ahonda Escribano.
La Universidad Carlos III no niega la situación de la profesora. “El equipo de rectorado cambió hace un año. Si ocurrió algo fue en otro tiempo y sería algo completamente irregular, no solo en la UC3M, sino en cualquier universidad española”, explican fuentes del centro por teléfono. El departamento de Recursos Humanos de la UC3M, añaden las fuentes, está investigando lo sucedido con el caso. Sea como fuere, para la universidad es “semánticamente desacertado” hablar de trabajar sin contrato, ya que a su juicio “era legal dentro de la Ley anterior. La LOSU ha corregido estos problemas”. Justifica también los hechos argumentando que dentro de las universidades a veces se necesitan perfiles muy específicos y no siempre se puede hacer un contrato. A su juicio, cobrar como conferenciante asignaturas completas “no es la situación deseable, es una situación excepcional y para nada es estructural”.
El periplo para trabajar en la universidad
Conseguir un trabajo estable en las universidades españolas sigue siendo un periplo para muchos investigadores. “Yo no tenía conciencia durante los primeros años de que podía ser algo ilegal”, explica Paula Marín a elDiario.es. Era una situación que se repetía en bucle: “Me decían que cumplía los requisitos para dar la asignatura por mi formación, pero que no podía presentarme a la plaza porque no tenía suficientes años cotizados”, destaca.
Durante dos años, desde 2020, Paula Marín se dedicó a otros trabajos, visto que la prometida plaza de profesora asociada nunca llegaba. “Daba asignaturas enteras e incluso llegaron a contratar como asociada a otra persona de la que luego me pidieron cubrir una baja. Eran asignaturas obligatorias”, asegura a elDiario.es. Pese a su situación precaria, consiguió un contrato de investigación Margarita Salas que empezó en 2022 y tenía una duración de dos años.
Pese a haber padecido problemas psicológicos debido a su situación laboral, decidió pasar página y no confrontar con la UC3M. Pero el contrato postdoctoral que tenía era temporal y para optar a nuevos trabajos de investigadora le puntúa como mérito haber dado clases, por lo que necesitaba que la universidad le acreditase la docencia. Paula tiene el certificado de encuestas de evaluación de la docencia donde aparecen las asignaturas que impartió desde 2014 hasta 2020 y posee otro certificado de docencia impartida firmado por la directora del Departamento de Humanidades, pero para acreditar sus horas ante otras universidades —y optar, como quiere, a un contrato Marie Curie de dos años en Viena— necesitaba uno firmado por el vicerrectorado o el secretario general.
Ahí empezaron los problemas. La Universidad le negó en primera instancia el documento jurídico. “Dármelo significaría reconocer que yo he estado trabajando sin contrato”, explica la profesora. No tenerlo le plantea un problema: “Me he presentado a puestos en los que al no tener el documento firmado por la universidad no se me ha reconocido ni una sola hora impartida. Tiene que estar firmado por la institución”.
Esta misma semana, justo al día siguiente de que este diario preguntara por su situación a la UC3M, la profesora ha recibido el certificado que necesitaba firmado por José Vida, secretario general de la Universidad. En dicho documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, se le reconoce a Paula Marín la docencia impartida, pero bajo la figura de colaboradora externa. En su vida laboral sigue habiendo un espacio en blanco en todos los años que trabajó para la Carlos III con excepción de los dos cursos del contrato Margarita Salas.
La UC3M aduce falta de horas cotizadas
La UC3M incide en la imposibilidad de hacerle un contrato de asociada a la profesora por su falta de horas cotizadas. La UC3M utiliza este argumento pese a que en ningún sitio está establecido mínimo alguno para ser profesor asociado más allá de ser (teóricamente) experto en un campo profesional, un requisito que prácticamente todos los centros de España han obviado para recurrir a esta figura como tabla de salvación ante la imposibilidad de contratar funcionarios en la última década. La UC3M, en concreto, tiene 824 asociados en plantilla, más el doble que profesores titulares y un tercio de todos sus docentes. Desde la universidad recuerdan, en cualquier caso, que “de manera habitual dentro de un programa formativo concreto, se enmarcan otras actividades y/o prácticas de distinta naturaleza, todo ello implicando a docentes y colaboradores con los que la Universidad mantiene diversas relaciones jurídicas”.
CCOO insiste en la irregularidad. “Una clase concreta de grado o de máster es algo puntual. Un cuatrimestre, no. ¡Qué menos que seis años!”, enfatiza Jesús Escribano. También ve el sindicalista una posible estructuralidad en esta situación: “Me puedo creer que casos como el de Paula Marín pasen en más universidades. Uno peca de buena fe y acaba explotado. Las universidades no tienen a veces la capacidad para contratarte, pero lo que no pueden hacerlo es bajo fraude de ley”. La profesora matiza: “No puedo decir que se aprovecharon de mí porque era muy joven, pero sí que no tenía la información”. Según fuentes jurídicas consultadas por este diario, al haber pasado más de cinco años de buena parte de todo lo ocurrido, Marín no podría reclamar la indemnización de esas horas, pero sí de los últimos años. “Es una vía que estoy explorando”, explica.