Los profesores con patologías graves exigen abandonar la primera línea en la vuelta al cole

Lorenzo lleva toda la vida sufriendo palpitaciones y mareos sin más causa aparente que el estrés o la fatiga de correr detrás de los niños a los que da clase en un pueblo de Andalucía. Hace dos años, sin embargo, le diagnosticaron extrasístole y dilatación de la arteria aorta torácica, una cardiopatía compatible con la vida cotidiana gracias a la medicación pero no con una posible complicación por la COVID-19. Ahora, está a la espera del informe médico que determine si es seguro que regrese a las aulas en una vuelta al colegio “caótica” o si deberá enfrentarse a este doble peligro el próximo 10 de septiembre.

“Expuse mi caso a la Delegación de Educación de Andalucía el pasado agosto y su respuesta fue que pertenezco al nivel uno de riesgo, por lo que no creo que me den una alternativa”, explica el docente. Los niveles a los que se refiere son los que establece la última guía de Prevención de Riesgos Laborales del Ministerio de Sanidad para la gestión de la vulnerabilidad en ámbitos no sanitarios.

Según este documento, en el nivel uno ninguna enfermedad cardiovascular como la de Lorenzo es motivo de adaptación, cambio de puesto o de baja laboral, ya que el riesgo de contagio sería “similar al comunitario”. Tampoco incluye la inmunodeficiencia, la diabetes, la enfermedad pulmonar crónica, la hepática severa, un cáncer en tratamiento activo, la obesidad mórbida, un embarazo o ser mayor de 60 años. “En mi familia hay antecedentes de infarto y mi cardiólogo me dijo que los coágulos de sangre que provoca el coronavirus podrían empeorar la enfermedad”, expone Lorenzo.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado la “desprotección a la que está sometido el profesorado vulnerable, como mujeres embarazadas o personal con patologías graves” y estudia emprender acciones jurídicas contra las negativas a las solicitudes de exención como la que espera Lorenzo.

Este último asegura tener “mucho miedo e incertidumbre”, pero también rechaza “el teletrabajo tal y como estuvo planteado en la pandemia”. Su solución es asegurar la distancia entre las mesas, puesto que en su aula los pupitres están separados por apenas 55 centímetros, y bajar las ratios de las clases: “Los grupos no son burbuja, son pomperos, y es imposible hacerse a la idea de lo que va a implicar una rentrée de estas características”, se resigna este profesor de primero de Primaria.

Laura, docente en la Comunitat Valenciana, lo ha comprobado en propias carnes este lunes a pesar de considerarse personal vulnerable. Ella también siguió las instrucciones de la Consellería, envió los informes médicos que acreditan la enfermedad autoinmune, degenerativa y con brotes activos que sufre desde hace 30 años y hace unos días recibió la respuesta por correo: no sería reconocida como tal y tendría que incorporarse a su puesto habitual en Primaria para el inicio de las clases. “Quiero creer que quienes han valorado esto tienen criterios médicos, pero la verdad es que no lo sé porque ni siquiera me hicieron una entrevista telefónica”, dice a elDiario.es.

“Me he pasado todos estos meses confinada en mi casa del campo, no he salido a ningún sitio ni he visto prácticamente a nadie porque llevo muchísimo cuidado con mi enfermedad”, explica Laura. “Hoy ha sido la realidad contraria, me he sentido totalmente expuesta y no te voy a negar que llego a casa con miedo”, confiesa al otro lado del teléfono. Tiene esperanzas de que la Consellería revise su caso y el de otros compañeros, “porque aunque mi trabajo es precioso y vocacional, no quiero ni pensar lo que supondría un contagio de COVID-19 en mi situación”.

El desasosiego personal de Laura, sin embargo, no empaña el orgullo por los protocolos que ha tomado la Comunitat Valenciana ante la vuelta al cole. Un sentimiento que no se contagia en la inmensa mayoría de España y que, junto a esta desprotección del profesorado vulnerable, está auspiciando huelgas y movilizaciones en Euskadi, Galicia, Murcia y Madrid, por el momento. “Las autoridades administrativas, descontando la valenciana, se han puesto tarde a trabajar y no han dado recursos”, expone José María Ruiz, portavoz de Escuela Pública de CCOO.

El sindicato formalizará esta semana una petición a los Ministerios de Sanidad y Educación para que los profesores sean considerados nivel dos de riesgo, es decir, trabajadores “con posibilidad de contacto con personas sintomáticas, manteniendo la distancia de seguridad y sin actuación directa sobre ellas”. De esta manera, la administración debería ofrecer a los docentes que demuestren una patología descompensada una adaptación de su puesto de trabajo o incluso una baja médica.

Al igual que el CSIF, CCOO critica que los servicios de prevención de las comunidades autónomas están mandando a trabajar a la mayoría de las personas que se demuestran como vulnerables. “En una clase cerrada con al menos 20 alumnos, incluso manteniendo el metro y medio y la mascarilla, hay mucho riesgo para ellas”, entiende Ruiz.

Además de las enfermedades y de las patologías graves, el representante sindical hace hincapié en los mayores de 60 años, “que representan el 5% de la escuela pública” (lo que supone unas 35.000 personas). En su caso, entiende que “habría que valorar la situación de cada solicitante”, pero en ningún caso considerarles como un colectivo exento de riesgo ante esta vuelta al cole incierta. De la misma forma, UGT urge a incluir al resto de personal no docente pero que también está expuesto en los centros formativos, como los monitores de los comedores y autocares, las enfermeras o los trabajadores de la limpieza.

“A nuestro juicio, plantear solicitudes a nivel personal no es una solución, porque para empezar se están olvidando de esta otra parte del personal”, defiende Maribel Loranca, desde UGT. “Para que se cumpla en condiciones debe haber un protocolo estatal, que garantice al trabajador unas bases negociadas, unas pautas de adaptación al teletrabajo, si es que fuese necesario, y una baja laboral en los casos de mayor vulnerabilidad. Debería ser una situación global”, entiende.

Según José María Ruiz, hay multitud de tareas en los centros a las que podrían dedicarse las personas que no se pueden permitir contagiarse de COVID-19: “Coordinación de actividades y proyectos del centro, labores de secretaría, cuidar del patio, las actividades complementarias, las bibliotecas telemáticas, atención a la diversidad, e incluso poner en marcha proyectos nuevos”, enumera. Para ello, el portavoz de CCOO incide en que la sustitución de las bajas debe hacerse de forma automática, algo que ha brillado por su ausencia en el confinamiento, donde “se han dejado 17.500 puestos sin cubrir”, revela.

“A estos compañeros es a los que hay que atender y proteger. Ni siquiera hablamos de terceros, es su salud la que está en peligro”, resume Maribel Loranca. “Es el momento de que nos protejan un poco”, comparte la maestra Laura. “En cuanto toda esta situación pase, los profesores prometemos estar en primera línea como hemos hecho siempre, pero no a costa de nuestra propia salud”.