Ni una sola vez aparecen las palabras caza o cinegético en el programa electoral del PSOE de 2016. Sin embargo, el Partido Popular sostiene que el Gobierno quiere prohibir los toros y la caza. Este mismo lunes, el presidente popular, Pablo Casado, ha reiterado este idea en el Club Siglo XXI. El miércoles, el PP preguntará en el Congreso sobre este asunto. Un mensaje que ha encontrado combustible en algunos presidentes autonómicos socialistas como el castellanomanchego Emiliano García-Page o el extremeño Fernández Vara que se han alineado con la idea de que el Gobierno de Pedro Sánchez planea proscribir estas actividades.
El argumento para lanzar esta campaña han sido las palabras de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sobre que “prefiere a lo animales vivos” y que sería partidaria de que no existiesen esas prácticas.
Vista la situación con perspectiva, en los últimos años casi cualquier regulación en el horizonte que haya suscitado quejas del sector cinegético ha sido revertida o soslayada. Ante el fin de los cotos legales en parques nacionales, la declaración del plomo como riesgo ambiental, la sentencia del Supremo contra las especies invasoras de interés cinegético o el intento de Hacienda de controlar la bolsa de dinero negro entorno a los rehaleros de las monterías, el resultado final ha ido en favor de las tesis de cazadores y pescadores.
La salida en tromba de los últimos días ha colocado codo con codo a prominentes figuras del PSOE con Casado. En la sesión de control al Ejecutivo de este miércoles, el Partido Popular prevé continuar mediante las siguientes preguntas al ministro de Cultura y Deporte José Guirao: “¿Está pensando el Gobierno prohibir la caza en España?” Y “¿Están Uds. de acuerdo con las declaraciones de la Ministra para la Transición Ecológica sobre la supresión de los toros? ”
Además de que no se haya presentado ningún plan para menoscabar estos sectores, la caza es “competencia exclusiva” de las comunidades autónomas, como recogen los estatutos de autonomía, entre otras, de Castilla-La Mancha y Extremadura. La Constitución de 1978 la señala como una de las materias que pueden recaer en la administración autonómica.
Por otro lado, la tauromaquia es actualmente Patrimonio Cultural reconocido por ley desde 2013. El Ejecutivo no ha hecho ni un solo movimiento en su contra a pesar de que el ministro Guirao llegó al cargo con el bagaje de sus declaraciones públicas animalistas en el foro Capital Animal: “Está tan arraigado el desprecio por los animales, tan arraigada la idea de que son algo utilitario, bien sea para comer, para trabajar o para divertirnos...”.
Competencia exclusiva de las comunidades
En materia de caza y pesca, prácticamente todas las comunidades han redactado sus propias leyes que regulan profusamente la práctica. Solo Madrid y Catalunya no han elaborado textos propios y se rigen por una antigua ley promulgada en 1970.
Y sin embargo, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page escribió sentirse “sorprendido” porque “te muestres favorable a la prohibición de la caza cuando ejerces la responsabilidad de Transición Ecológica”. Cabe reseñar que casi el único organismo cinegético de carácter supra-autonómico, la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza, está en el organigrama del Ministerio de Agricultura y Pesca, no de Transición, por desarrollar labores “de coordinación que no pueden ser ejercidas por las comunidades autónomas”.
El PSOE extremeño, dirigido por el presidente Guillermo Fernández Vara, también salió al corte esgrimiendo que los toros y la caza “generan empleo y riqueza, fijan la población al territorio y la mayoría de las personas relacionadas con esos mundos son de los mejores conservadores del medio ambiente y amantes de la naturaleza”. Un camino argumental similar al que llevó el Partido Popular al Congreso al tratar de que se aprobara una mención que reconociera a cazadores y pescadores como conservadores de la naturaleza. El partido Vox es otro de los grandes defensores de estos sectores.
García-Page no se quedó atrás y expresó a la ministra Ribera “mi preocupación por la importancia no sólo económica sino medioambiental que esta actividad tiene para el sostenimiento del ecosistema en toda Castilla-La Mancha”.
En España hay unas 800.000 licencias de caza, lo cual no significa que haya ese número de cazadores porque, como han reconocido las administraciones, una misma persona puede tener varias licencias autonómicas. La Real Federación Española de Caza reúne algo más de 300.000 fichas.
Uno de ellos, Luis Fernando Villanueva, –director de la Fundación Artemisan– replicó a la ministra con una lista de consecuencias: “Provocaría un efecto letal y en cadena sobre las propias especies cinegéticas, sobre otras especies ganaderas con las que interaccionan, en las especies protegidas y en peligro de extinción, en la agricultura, en los accidentes de tráfico, en la salud del ser humano e incluso sobre el cambio climático”.
Mociones a favor
La influencia política del sector cinegético tiene un claro reflejo en la actividad parlamentaria del Partido Popular, que ha llevado iniciativas en defensa de sus intereses casi cada mes durante la legislatura. Ya antes, en noviembre de 2014, el Partido Popular impuso una enmienda en la ley de parques nacionales para prolongar el permiso de caza en los cotos de grandes terratenientes en Cabañeros hasta 2020 (tenían que cerrar en 2017).
Pero no solo ha obtenido réditos entre los populares. Este 2018, el Congreso aprobó con los votos a favor añadidos de PNV, PdCat y Ciudadanos una modificación de la ley de biodiversidad para dejar sin efecto una sentencia del Tribunal Supremo que hacía ilegal el aprovechamiento de diversas especies de pesca y caza deportiva por ser invasoras. El cambio blindaba legalmente peces objeto de deseo de pescadores deportivos como el lucio, el black-bass o piezas de caza mayor como carnero del Atlas que la ciencia (y los tribunales) habían decretado dañinas. Las ordenes de veda de esta temporada ya han reflejado la nueva situación favorable para los cotos.
El Ministerio de Medio Ambiente dirigido por Isabel García Tejerina (PP) incorporó en febrero de 2017 que el plomo diseminado por los practicantes de tiro olímpico (50.000 licencias en toda España) se considerara riesgo ambiental, pero dejó fuera de la Orden a la munición de los cazadores.
Los perdigones y balas no son un asunto menor: la Agencia Europea de Productos Químicos calificó en octubre pasado como riesgo para la salud la cantidad de plomo esparcido por el sector cinegético. La Comisión Europea pidió este informe para ampliar la restricción del uso del plomo. En España ronda las 6.000 toneladas anuales para abatir unos 20 millones de piezas. Más los lastres perdidos por los pescadores en los ríos. Las asociaciones de cazadores consideran falaces estos estudios e inviable económicamente aplicar una prohibición general al plomo.
La única derrota palpable del sector ha sido la asunción del Convenio Europeo contra el Maltrato a los animales de Compañías que impide la amputación de rabos y orejas de los perros de caza. Una derrota que el sector intento impedir con uñas y dientes al conseguir incorporar in extremis una enmienda que salvaba esta práctica presentada por el PP y ERC. Solo el escándalo público ante el cambio de opinión de los republicanos hizo que se desdijeran en el pleno final.
En mayo pasado, la Comisión Europea dio un ultimátum a España para que pusiera fin a la caza masiva de pájaros cantores. Bruselas advirtió al Gobierno de que las autorizaciones emitidas para apresar con redes cientos de miles de ejemplares no cumplían con la normativa para permitir ciertas excepciones a la estricta protección de las aves silvestres. Las campañas para continuar practicando el silvestrismo en diversas comunidades autónomas han colocado al Estado en la antesala del Tribunal de Justicia Europeo.
Perjuicio contra beneficios
Esta infiltración política también actúa a nivel regional. La ley de bienestar animal de Castilla-La Mancha está bloqueada tras culminarse el borrador hace casi dos años. ¿La razón? Los grupos conservacionistas ven intolerable cómo se ha suavizado la regulación del tiro al pichón. Una práctica deportiva que consiste en disparar a una cría de paloma lanzada a mano o con un tubo. El proyecto modificado también anula su aplicación a los perros de caza cuando estén ejerciendo esta función.
Tras las palabras de Ribera (sin competencias en materia de tauromaquia, caza o pesca) los mensajes repetidos han sido: economía, empleo y cuidado ambiental. Sin embargo, se omite una perspectiva más amplia. Así, la avifauna española se ha visto diezmada en los últimos años, en parte, por el auge de la caza de 12,5 millones de aves al año, como han reflejado los estudios de población.
También se constatan, temporada tras temporada, repercusiones negativas a la hora de gestionar los cotos de caza para que se conviertan en cazaderos bien nutridos de presas comerciales. Así se mantienen prácticas de “control de depredadores” –eliminar carnívoros que puedan reducir el número de presas– que van desde los lazos (con algunas variedades incluso admitidas por la normativa) hasta el empleo de venenos. Con esos métodos se han perdido ejemplares de especies protegidas como linces ibéricos o águilas imperiales.