El Ministerio de Educación ha puesto de acuerdo a todas las partes por una vez. Aunque sea a la contra. Cada uno por sus razones, pero a nadie le gusta cómo ha quedado la asignatura de Religión y su (no) alternativa en la nueva ley de Educación, la Lomloe.
Unos, porque creen que la materia ha quedado relegada y está abocada a seguir perdiendo alumnado, como viene sucediendo en los últimos cursos hasta el actual récord (negativo) de estudiantes matriculados en la asignatura. Además, auguran, si se suma a la pérdida de horas implicará despidos de profesores.
Otros, porque no se haya aprovechado la nueva norma para sacarla de la escuela (o al menos del horario lectivo) y por la solución que se ha ofrecido para quienes escojan no matricularse en ella: no podrán dedicar ese tiempo a avanzar o repasar aspectos curriculares, pero tampoco puede ser una hora de nada. Comunidades autónomas y directores de colegios e institutos se devanan los sesos estos días analizando cómo piensan ocupar esas horas semanales para los cuatro millones de alumnos (la mitad, en la escuela pública) que no cursan la materia.
Eliminar la materia nunca fue una opción
A la hora de diseñar la nueva ley educativa, el Ministerio de Educación -que entonces comandaba Isabel Celaá- explicó que su intención era rebajar el peso de la asignatura. Sacarla de la escuela nunca estuvo sobre la mesa: España se comprometió a ofrecer estas enseñanzas en la escuela como parte del acuerdo educativo que firmó con la Santa Sede en 1979 y ese texto tiene el carácter de un tratado internacional. Esto es, en la jerarquía normativa solo está por debajo de la Constitución y prevalece sobre las leyes nacionales, incluidas las orgánicas, como es el caso de la Lomloe.
Educación optó entonces por desandar parte del camino que anduvo el exministro popular José Ignacio Wert en su Lomce y rebajar el peso de la materia a través de varias medidas. En la Lomloe la asignatura redujo su carga horaria mínima a una hora semanal (en Primaria esto supone quitarle un tercio de su tiempo), la materia deja de contar para la nota media y, además, no está previsto que tenga asignatura alternativa para quien no la elija.
Y aquí surgió el problema: ¿qué va a hacer el alumnado que no la curse? No pueden avanzar en contenidos de otras materias porque supondría un agravio comparativo para sus compañeros de Religión.
En un principio, Educación deslizó la idea de que la materia se pondría a primera o última hora para que estos estudiantes pudieran irse antes o entrar más tarde. Pero no pasó de idea, quizá para no enfrentarse con la Iglesia por la vía de establecer una alternativa a Religión demasiado atractiva para los jóvenes lo cual, deslizan algunos profesores, originaría quejas de los docentes de la materia, como ya ha sucedido en algún centro.
Finalmente, el currículo del ministerio dice en su disposición adicional primera que quien no se matricule en la materia tendrá que recibir “la debida atención educativa”, tanto en Primaria como en Secundaria, una alternativa que en sí misma dificulta la opción de que las comunidades autónomas, responsables últimas del detalle fino educativo, instruyan a los centros para que la pongan en uno de los extremos lectivos del día. Es lo que han insinuado, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana.
Que aprendan, pero no mucho
¿Y qué es esta “atención educativa”? Lo trata de especificar el currículo: “Esta atención se planificará y programará por los centros de modo que se dirijan al desarrollo de las competencias clave a través de la realización de proyectos significativos para el alumnado y de la resolución colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad. En todo caso, las actividades propuestas irán dirigidas a reforzar los aspectos más transversales del currículo, favoreciendo la interdisciplinariedad y la conexión entre los diferentes saberes”. Y acaba matizando: “Las actividades a las que se refiere este apartado en ningún caso comportarán el aprendizaje de contenidos curriculares asociados al conocimiento del hecho religioso ni a cualquier área de la etapa”.
“Esta última frase desmiente todo lo anterior”, sostiene Toni Solano, director del IES Bovalar de Castellón. “¿Qué es contenido curricular?”, se pregunta. “Si los currículos son competenciales, no podemos hacer nada. Ni leer, porque estás estimulando la competencia comunicativa, con lo que estarías incurriendo en un fraude por dar algo curricular”, reflexiona.
A partir de aquí, Gobiernos regionales y responsables de los centros educativos se buscan la vida para encajar en esa fina línea de hacer, pero sin hacer. En la Comunitat Valenciana, explica Solano, les han “dado a entender” que si coincide con el principio o final del horario, el alumnado se podrá ausentar, pero no siempre será posible. “Eso en un centro pequeño igual se puede organizar, pero los centros grandes, con 15 o 20 grupos de Religión, no hay manera”, indica.
En Madrid no hay instrucciones, explica el presidente de la asociación de directores de centros públicos Adimad, Esteban Álvarez: “La pondremos donde caiga”. Castilla-La Mancha ha pedido a los centros que designen a un responsable para atender la “atención educativa”, sin concretar más en qué debe consistir, mientras Catalunya habla de “actividades cívicas y culturales”.
Mención especial merece Galicia, que ha creado una especia de asignatura alternativa (la Lomloe no prevé alternativa, pero la redacción final del texto tampoco la prohíbe) llamada Proxecto Competencial, en la que los centros trabajarán con los alumnos en el desarrollo de proyectos desde la fase inicial de la idea hasta la exposición.
También difiere entre comunidades el tratamiento que las distintas comunidades le están dando a la materia. La Lomloe ha reducido el tiempo de Religión a un mínimo de una hora semanal, pero algunos Gobiernos regionales utilizarán parte del tiempo que depende de ellos para aumentarla: lo harán Murcia, que le otorga una segunda hora semanal en todos los cursos de Secundaria o Madrid, que duplica la carga en 1º y 4º de la ESO, entre otras. Comunidades como Navarra, Catalunya, Galicia o Castilla-La Mancha, Cantabria o Asturias, por el contrario, han optado por quedarse con el mínimo de una hora semanal y repartir ese tiempo ganado entre otras materias. En Andalucía, la Junta anunció que reduciría la carga a una hora semanal en Primaria y Secundaria, pero se está echando para atrás tras las protestas del profesorado de Religión, que teme por sus puestos de trabajo.
En Castilla y León, o Religión o Segunda Lengua
Las soluciones elegidas por las comunidades van a generar situaciones dispares entre regiones. En Bachillerato, la mayoría de las comunidades ha optado –siempre según los borradores que han ido publicando o filtrando las administraciones autonómicas a falta de los textos oficiales– por seguir el camino del ministerio, que es básicamente el mismo que en Secundaria: atención educativa para el que no la quiera y en cualquier caso, se elija lo que se elija, sin contar para la media.
Pero hay otras, como por ejemplo Castilla y León, que ha incluido la materia como una más entre el bloque de optativas, de manera que el alumnado tendrá que decidir en 1º si cursa Religión o Cultura Científica o Segunda Lengua Extranjera y otras asignaturas en función de la modalidad elegida. En 2º el bloque de asignaturas en el que se ha incluido la Religión es más amplio aún.
Esto provoca disfunciones, según denuncia el abogado especializado en Derecho Eclesiástico y cofrade Paulino Fernández. “Para garantizar el principio de igualdad, las calificaciones obtenidas en Religión no contarán para la media”, empieza el jurista recordando lo que sostiene el Real Decreto de enseñanzas mínimas del Ministerio de Educación, disposición que ha recogido tal cual la Junta. “Las notas de Religión no, pero sí las de otras optativas [del mismo bloque]. ¿Cómo casa eso con la igualdad?”, se pregunta, y asegura que esta decisión “choca con el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales entre España y la Santa Sede”, que establece que la Religión se da “en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales” y que “el hecho de recibir o no la enseñanza religiosa no suponga discriminación alguna en la actividad escolar”.