Buena intención a falta de confirmarse con recursos. Las organizaciones que luchan a diario contra los discursos del odio y sus consecuencias dan su visto bueno al primer protocolo de actuación policial contra los llamados “delitos de odio y discriminación”. Ahora piden que los agentes cuenten con la formación y los recursos necesarios para hacerlo efectivo. El reconocimiento específico a nivel policial de este tipo de abusos cobra una importancia especial, ya que solo entre el 10 y el 40% de las víctimas denuncian los hechos, según estadísticas europeas.
Para las asociaciones, lo fundamental es que el protocolo salte del papel a la práctica. “Que las víctimas sepan que la denuncia va a ser bien recibida y que va a llegar a algún lado”, apunta Boti García, presidenta de la Federación Estatal LGTB (FELGTB). Para ello, García considera imprescindible “la formación y la sensibilización” de los agentes.
Aunque el Ministerio del Interior cifra en 1.172 los delitos recogidos a lo largo de 2013, las organizaciones sociales lamentan que el dato no representa la magnitud del problema. Dentro de los delitos de odio se incluyen los incidentes “que presentan como factor significativo y común la presencia de un elemento motivador, el odio y la discriminación”, recoge el apartado creado en la página web del Ministerio del Interior. Es decir, todos aquellos ataques, abusos o agresiones de cualquier tipo que sufra una persona por su pertenencia, a una etnia, raza, religión o práctica religiosa, discapacidad, orientación o identidad sexual, así como por su situación de pobreza y exclusión social.
“Es cualquier infracción marcada por la intolerancia contra el diferente”, resume Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia. En la organización elevan a 4.000 los casos estimados durante 2013, “como mínimo”. De los 1.172 los delitos constatados por Interior, el mayor número de víctimas son atacadas por su orientación o identidad sexual (452), seguido de los delitos por racismo (381) y a personas por tener alguna discapacidad (290).
Los policías cuentan a partir de ahora con un catálogo de indicadores que, en teoría, permitirá que identifiquen mejor los delitos de odio y discriminación y a sus agresores. Tendrán en cuenta detalles como los tatuajes de un agresor, su vestimenta y su estética a la hora de elaborar los atestados policiales. Asimismo, se dará cuenta de la “propaganda, estandartes, banderas de carácter extremista o radical o que el incidente haya ocurrido dentro o en el entorno de un determinado lugar como un cementerio o lugar de culto o un establecimiento de un grupo minoritario”, afirmó el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.
La información recabada tendrá también como destino el Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC), en el que el Ministerio establecerá unos parámetros específicos.
La visibilidad y el efecto contagio
La visibilidad crea un efecto contagio positivo a la hora de no dejar en el limbo agresiones motivadas por el odio. La causa más repetida para no denunciar los hechos ante la policía o la justicia es la desconfianza en que cambie algo. Muchos consideran que no sirve de nada. Cada colectivo tiene razones propias. Ronny de la Cruz, vicepresidente del Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid (COGAM), apunta que “muchas personas no han salido aún del armario y tienen miedo a describir su orientación sexual en su entorno con la denuncia”. En el caso de las víctimas con alguna discapacidad, “muchas veces los juzgados no tienen las herramientas necesarias ni son accesibles para ellas”, critica Javier Font, presiente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en Madrid.
Entre las funciones del protocolo, según el Ministerio, destacan las de dar a conocer los delitos de odio y ayudar a que las víctimas se sientan protegidas y lo denuncien. En el informe de 2013 de Interior de estos delitos, la institución recoge los datos de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) sobre la escasez de denuncias: “Entre el 60% y el 90% de las víctimas de delitos motivados por sentimientos de odio, no denuncian su caso ante ninguna organización”.
El papel que pueden desempeñar las organizaciones sociales en el trato con los colectivos más vulnerables es otra de las variables en las que los activistas piden un compromiso real. “Nosotros contamos con la confianza de las víctimas”, apunta Javier Font. El protocolo contempla la figura de un interlocutor social, cuya misión será interactuar con los representantes de la sociedad civil.
Más respuestas contra la discriminación
“En febrero se crearon las 52 fiscalías especiales para la Tutela Penal de la Igualdad y contra la Discriminación”, contabiliza Esteban Ibarra. A partir de ahora, la policía deberá informar directamente a esta sección de la fiscalía de cualquier hecho que pudiera estar relacionado con los delitos de odio. “Y en abril se creó el Consejo de Víctimas de delitos de odio y discriminación”, continúa el presidente del Movimiento contra la Intolerancia.
La necesidad de crear un protocolo viene reafirmada por la misma realidad. El pasado fin de semana, un grupo de jóvenes de estética neonazi atacó en Madrid a una pareja de chicos que se encontraban en un banco, cogidos de la mano. Este viernes, a las 18.00, hay convocada una besada masiva en el Parque del Templo de Debod de la capital, el lugar donde tuvo lugar la agresión. El pasado 6 de diciembre más de cien personas se reunieron en un restaurante Burger King de la madrileña Plaza de los Cubos para besarse y protestar en contra de un incidente ocurrido días antes. Un vigilante de seguridad de ese local expulsó a dos jóvenes gays por besarse tras recibir la queja de un matrimonio con hijos.
Además del respaldo social, necesario, en Movimiento contra la Intolerancia piden una Ley Integral de protección frente al odio y la discriminación, con el referente del trabajo conseguido con la violencia de género. “Hay que darle un marco normativo. Que quede claro que es una lucha del Estado de Derecho”, añade Esteban Ibarra.