El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, pronosticaba esta semana que los brotes de COVID–19 “irán moviéndose por España” durante las campañas agrícolas de recogida de fruta o verdura. Los contagios entre temporeros (trabajadores del campo que se trasladan por el país en función de dónde puedan conseguir un jornal) están “en vías de control”, dijo Simón. Pero admitía que “van a seguir sucediendo”.
Una parte de los trabajadores del sector hortofrutícola se encuentra en situación de vulnerabilidad social. En condiciones “deplorables” en algunos casos, según reconocía esta semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Miles de personas, normalmente migrantes, en un porcentaje indeterminado sin papeles, se van moviendo por el territorio allí donde pueden conseguir un empleo para recoger fruta o verdura. En ocasiones tienen la posibilidad de alojarse en casas o establecimientos (incluso pagados por el empresario en casos como el de las contrataciones en origen, remarcan las patronales), pero otras veces directamente se ven abocados a hacinarse en asentamientos de chabolas, naves industriales o en la calle. Unas condiciones de salubridad que han favorecido la expansión de brotes dentro de este colectivo.
El pasado mayo y junio el Ministerio de Trabajo lanzó una campaña de inspecciones laborales especiales en el campo que desató las protestas del sector por sentirse señalado. El relator especial de Naciones Unidas sobre pobreza extrema, Philip Alston, había asegurado tras acudir a un campamento de trabajadores inmigrantes en Huelva durante la campaña de recogida de fresas a comienzos de año: “He visitado lugares que sospecho que muchos españoles no reconocerían como parte de su país. Barrios pobres con condiciones mucho peores que un campamento de refugiados”.
Así, aunque en estos momentos la principal fuente de contagios de coronavirus en España es el ocio y las reuniones de familiares y amigos (34%), según el último informe de Sanidad, el segundo grupo de brotes más frecuente (21%) ocurre en el ámbito laboral, y dentro de él destacan los brotes relacionados con trabajadores del sector hortofrutícola en situaciones de vulnerabilidad social, con al menos 30 brotes identificados y alrededor de 400 casos.
En este contexto, el 60% de los nuevos positivos desde el inicio de la “nueva normalidad” se concentran en Catalunya y Aragón. Estos dos territorios lideran la producción de fruta de hueso en España, cuya campaña se desarrolla aproximadamente entre abril y julio. La comarca de Segriá, de la que Lleida es la capital, ha estado confinada buena parte de julio, mientras que en Aragón cuatro comarcas (La Litera, Cinca Medio, Bajo Cinca y Bajo Aragón-Caspe) retrocedían a la fase II del plan de desescalada.
Para hacer frente a esta situación hay varios departamentos ministeriales implicados, así como las propias comunidades autónomas donde se encuentran los cultivos. Los ministros de Sanidad y de Agricultura se reunieron con las once comunidades (Catalunya, País Vasco, Andalucía, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha, Navarra, Extremadura y Castilla y León) en las que la actividad agrícola y hortofrutícola supone un importante movimiento de temporeros a lo largo del año. Este lunes el Gobierno ha presentado a las comunidades autónomas una guía de recomendaciones para minimizar el riesgo de transmisión del coronavirus entre temporeros. Los empresarios agrícolas deberán mantener un registro de trabajadores contratados, sus números de contacto, cuadrilla y unidad de alojamiento. También tendrán que garantizar que cualquier persona con síntomas pueda aislarse del resto. La empresa registrará los datos de trabajadores que en los últimos 14 días hayan viajado fuera de la CC.AA.
La guía señala que las actividades laborales deben planificarse “en la medida de lo posible” para que los trabajadores puedan mantener una distancia de 1,5 metros. El uso de mascarilla se adaptará a las normas de la propia de la región. Si el desplazamiento es en vehículo de empresa, ésta debe garantizar su limpieza y disponer de productos de higiene de manos, papel de un solo uso y un lugar donde descartar los desechos. El documento indica que es “imprescindible” el refuerzo de medidas de higiene personal en todos los ámbitos de trabajo.
Entre las medidas previstas hasta ahora por las comunidades autónomas, La Rioja ha anunciado una de las más destacadas: harán las pruebas PCR al cien por cien de los trabajadores temporeros, con o sin contrato. Euskadi también está ultimando un protocolo para hacer este tipo de pruebas a los alrededor de 2.000 trabajadores que van a llegar a La Rioja alavesa a recoger uvas y también lo hará Navarra.
Por su parte, el Gobierno de Castilla–La Mancha obligará a los empleadores de las campaña de la vendimia a que hagan un listado con las personas que trabajen en cada explotación con el fin de poder localizarlas si fuera necesario hacer un rastreo, incluyendo a todas las personas con las que conviven a diario.
Según Agricultura, las campañas en las que existe necesidad de mayor mano de obra son las de la recogida de la cosecha de fruta de hueso, que está próxima a finalizar; y a la que sigue la de fruta de pepita (manzana y pera). Continuará, la segunda quincena de agosto, la generalización de la vendimia y posteriormente, la recolección de la aceituna. CCOO, ASAJA y COAG mencionan como importantes para los temporeros durante el año otras campañas como la fresa, y la del melón y sandía.
En los siguientes mapas se puede ver en qué regiones se van a producir las principales campañas agrícolas que más mano de obra atraerán en los próximos tres meses, con datos proporcionados por CCOO y COAG.
“Estas cosechas se repiten todos los años, por lo que las comunidades autónomas pueden anticiparse y colaborar con las entidades locales para que, en contacto con los empresarios agrícolas y las organizaciones sectoriales, puedan disponer de los alojamientos necesarios para acoger a las personas trabajadoras y de transporte con garantías sanitarias”, alega el Ministerio que dirige Luis Planas.
“El empresario no es responsable de lo que se haga fuera del trabajo”
Fuentes de la principal patronal agrícola, ASAJA, explican a elDiario.es que los empresarios del campo llevan aplicando medidas de seguridad desde que en marzo se desató la epidemia en España, con el uso de mascarillas cuando ha sido posible, distancias o puesta a disposición de geles hidroalcohólicos.“Otra cosa es que haya trabajadores ilegales que, como ha pasado en Aragón o Lérida, acudan a esas zonas de recolección sin contar con buenas condiciones de habitabilidad fuera de las explotaciones. Pero dentro se están aplicando las medidas de seguridad”. Sobre el motivo por el que esos migrantes sin papeles se acercan a las zonas de cosecha, admiten que “esporádicamente” algún empresario puede llegar a darles ocupación, aunque aseguran que los miembros de la patronal solo contratan “a quien puede trabajar”.
“La inmensa mayoría de la gente que acude a las tareas de recolección de las campañas está dentro de convenio y tiene papeles”, asegura ASAJA, lamentando que este año no haya sido posible hacer contratos en origen en países como Rumanía y Marruecos. En esos casos sí que el empresario suele hacerse cargo del alojamiento, aseguran. En todo caso remarcan que a su juicio “el empresario no es responsable de lo que se haga fuera del trabajo”.
Otra organización agraria consultada, COAG, sitúa también fuera del propio trabajo los focos de contagio. El responsable del sector vitivinícola, Joaquín Vizcaíno, explica que por ejemplo en la vendimia cada trabajador va en línea, guardando entre 2,5 y 3 metros de distancia y con equipos de protección individual, y también afirma que la mayoría de los trabajadores tienen contrato.
Los sindicatos dibujan otra realidad menos halagüeña y de hecho acusan a los empresarios de haber provocado un traslado masivo de personas a las zonas de cosecha con el “efecto llamada” de finales de marzo, cuando aseguraban que no habría mano de obra para recoger la fruta. Enfatizan que aunque no haya un recuento de trabajadores ilegales que desempeñan labores hortofrutícolas en España, su presencia en los asentamientos cercanos a las explotaciones se explica porque evidentemente se les da trabajo en algunas de ellas. “Este problema de los asentamientos en condiciones deplorables tiene décadas, lo que pasa es que antes no había virus”, explica Emilio Terrón, secretario del Sector Agrario y Manipulado Hortofrutícola de UGT. “A veces no tienen dónde dormir y acaban debajo de un puente, en una cuneta... me parece que demasiado poco se han contagiado”.
Son trabajadores que cobran unos 20–25 euros al día por trabajos de hasta doce horas, asegura. El decreto de Salario Mínimo Interprofesional para este año fijó en 44,99 euros, frente a los 42,62 euros de 2019, la retribución mínima por jornada legal en el caso de trabajadores eventuales y temporeros cuyos servicios a una misma empresa no excedan de 120 días anuales. “Por eso los empresarios no se van a las oficinas de empleo a pedir trabajadores”, opina. ASAJA tiene recurrida en tribunales la subida del salario mínimo, que según el representante de UGT de todos modos no se aplica en amplias zonas, ni siquiera para los trabajadores legales.
Por su parte, Pepe Fuentes, adjunto al Área de Acción sindical y Sector del campo de CCOO opina que los empresarios deberían ocuparse del alojamiento de los temporeros que se trasladan de una zona a otra, ya que son los principales beneficiarios de la recogida. También aboga por la expedicion de permisos extraordinarios de trabajo para los “sin papeles”. De este modo, se evitarían situaciones adversas desde el punto de vista sanitario y debidas al miedo de estos trabajadores a ser repatriados, como es el caso de los temporeros que no han querido ser localizados ni sometidos a control para hacer seguimiento de su estado de salud.