Los colegios deberán tener operativo el próximo curso el coordinador escolar que escuche a los menores y alerte de cualquier situación de acoso o violencia, tal y como han acordado este lunes Gobierno y comunidades autónomas en la hoja de ruta de la aplicación de la ley de protección a la infancia.
El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha presentado en la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada este mediodía, un documento con el calendario de implantación de medidas de la ley de protección a la infancia frente a la violencia (LOPIVI,) en vigor desde el pasado mes de junio.
Durante su intervención, la ministra Ione Belarra ha apelado al consenso entre las distintas administraciones públicas para implementar la ley: “Tenemos que trazar una hoja de ruta común, clara y coordinada para garantizar su cumplimiento”.
Entre las medidas acordadas por las administraciones, ha destacado la importancia de poner en marcha el curso 2022-2023 la figura del coordinador de bienestar infantil en los centros educativos y del delegado de protección en las entidades deportivas y de ocio. “Deben ser la pieza que se encargue de que se implementen los planes y protocolos en el ámbito educativo, en el ocio y el deporte, de escuchar a los menores y sus avisos sobre cualquier tipo de violencia, y comunicar las situaciones de riesgo”, ha aseverado.
“El cometido principal en ambos supuestos es ser las figuras de referencia para la prevención y protección frente a la violencia en el ámbito educativo y el ámbito del deporte y del ocio, respectivamente. Todos los centros educativos (públicos, privados y concertados) deberán contar con un Coordinador/a de Bienestar y Protección”, señala el acuerdo. Se han abstenido de tomar la decisión Madrid, Murcia, Cantabria, Castilla y León y Galicia, a la espera de, en 15 días, poder adherirse, ya que tienen que consultar con consejerías con competencias en materia educativa. Euskadi, en cambio, se ha mostrado en contra del acuerdo.
El documento establece la puesta en marcha en septiembre en todos los colegios del coordinador escolar y fija criterios comunes para la implementación de varias medidas previstas en la ley en los siguientes plazos:
Entre enero y abril de 2022:
- Recomendaciones mínimas para garantizar una atención integral de los menores víctimas de delitos violentos y, en todo caso, de delitos de naturaleza sexual, de trata o de violencia de género, para favorecer su recuperación a través de servicios especializados.
- Fijar mecanismos claros, confidenciales y accesibles de comunicación, de apoyo y denuncia para los niños.
- Catálogo de acciones para mejorar los recursos ante la violencia digital.
- Protocolos comunes de actuación en colegios, deportes, Fuerzas de Seguridad, centros de menores, víctimas de violencia de género y trata de personas.
Entre mayo y agosto de 2022:
- Los contenidos de la formación especializada de los profesionales.
- Análisis del desarrollo de las figuras de coordinador en colegios, deportes y ocio.
En junio de 2022:
- Las comunidades deben presentar los programas de prevención y de erradicación de la violencia sobre los menores en ámbitos familiar, educativo, sanidad, servicios sociales y Fuerzas de Seguridad, entre otros, para incluirlos en la Estrategia nacional de Erradicación de la Violencia y trasladarla al Gobierno.
De septiembre a diciembre de 2022:
- Ya operativos los coordinadores de los colegios y los delegados de protección de ocio y deporte.
- Se incluirán las modificaciones para reforzar la especialización y composición de los equipos de intervención de los servicios sociales, así como los cambios para garantizar el acceso a la defensa y representación gratuita a las victimas.
- Se realizará una evaluación de la efectividad de las campañas y acciones concretas de información, educación y sensibilización para orientar en las mejoras necesarias para tener mayor impacto.
Entre enero y marzo de 2023:
- Registro Unificado de Servicios Sociales sobre Violencia contra la Infancia (RUSSVI) con la información estadística de los servicios sociales de primaria y de la entidad de protección a la infancia.