Crear una zona de seguridad alrededor de las clínicas que practiquen abortos para proteger la intimidad de las mujeres que acuden. Es una de las 370 propuestas que el Partido Socialista ha incluido en el documento con el que quiere conseguir el acuerdo con Unidas Podemos para gobernar. La medida supone una novedad: nunca se había planteado en España y la propuesta llega después de que las clínicas hayan denunciado repetidamente el acoso que sufren semanalmente tanto su personal como las pacientes y de que el Defensor del Pueblo haya abierto una investigación al respecto, tal y como adelantó eldiario.es.
El objetivo, explica el documento, es “garantizar” la intimidad de las mujeres que acuden a las clínicas que practican interrupciones voluntarias del embarazo, “su integridad física y moral así como su derecho a la libre circulación”. Para ello, proponen crear una “zona de seguridad” en las clínicas acreditadas para practicar abortos.
Países como Francia ya han tomado medidas similares para evitar que las acciones de grupos ultra a las puertas de las clínicas coaccionen, intimiden y acosen a las mujeres y al personal que trabaja en los centros. En Irlanda, el ministro de Sanidad, Simon Harris, también anunció a principios de año que regularían este tipo de “zonas seguras” para garantizar el acceso al aborto. Fue el 1 de enero de este año cuando entró en vigor en el país la despenalización del aborto y comenzaron las protestas de los grupos ultra a las puertas de las clínicas.
En España, la Asociación de Clínicas Acreditadas para la interrupción del embarazo (ACAI) ha denunciado repetidamente la inacción institucional y ha demandado una regulación que considere este tipo de acciones como un delito de obstaculización del aborto. Un informe elaborado el año pasado por ACAI con entrevistas a 300 mujeres que acudieron a abortar a varias clínicas de toda España mostraba que un 89% se habían sentido acosadas y un 66%, amenazadas.
“Me han puesto muy nerviosa y no me dejaban en paz por mucho que yo se lo pedía”, “me han hecho sentir como una asesina, me han dicho que iba a ir al infierno, que estaba matando a mi hijo (el niño venía mal), horrible, no sé si esto es legal”, “se ponían delante y no me dejaban tranquila”, decían algunos de los testimonios que incluía el informe. “He llegado a la clínica muy nerviosa porque abortar no es fácil, pero para mí lo peor ha sido el acoso (...) He querido llorar y marcharme a mi casa”, recordaba otra
El pasado marzo, el Defensor del Pueblo inicio una investigación sobre este tipo de acciones, después de mantener una reunión con integrantes de varias clínicas. En junio, el Defensor se dirigió a la Dirección General de la Policía para conocer cuál es el criterio de actuación que se adopta cuando se producen estos hechos. En estos casos, señalaba, “existen personas que ejercitan su derecho de reunión y manifestación y, por otra parte, otras personas padecen hostigamiento y acoso”.