El PSOE arranca el pacto contra la violencia machista instando a reforzar la especialización de los jueces

El primer asunto que verá el pleno del Congreso de los Diputados sobre el pacto de Estado contra la violencia de género será la formación de los jueces, juezas y fiscales. Con el PSOE en el Gobierno, la cámara decidirá si toma en consideración la proposición de ley (PL) socialista ya presentada el pasado mes de abril que pretende ampliar la formación especializada de los magistrados adscritos a juzgados de Violencia sobre la Mujer y a los juzgados de Menores y Familia. La aplicación de las medidas del pacto, aprobado el pasado mes de septiembre, prevé ser una de las prioridades de la recién nombrada vicepresidenta y también ministra de Igualdad Carmen Calvo.

La proposición socialista propone modificar algunos apartados de la Ley Orgánica del Poder Judicial con el objetivo de aplicar los preceptos del pacto de estado relativos al “impulso de la formación”. Así, y con el objetivo de “cumplir los objetivos de una formación específica y permanente, –aclara el texto– se considera necesario que se garantice la adquisición de conocimientos en dichas materias y se ofrezca capacitación para la interpretación y aplicación de las normas con el criterio de igualdad de trato, no discriminación y perspectiva de género”.

Se trata de la primera medida que ve el pleno en aplicación del pacto después de haber aprobado la enmienda que garantiza los 200 millones de euros comprometidos y con la excepción de la norma que garantiza las pensiones de orfandad a los huérfanos por violencia de género. Esta es una de las medidas incluidas en el pacto, pero su trámite parlamentario se inició en mayo de 2017, antes de la aprobación del mismo.

Las juristas especializadas en violencia de género aseguran que la PL es un punto de partida importante porque actualmente identifican un déficit de formación que puede dar lugar a sentencias discriminatorias. “Habrá que ver cómo se aplica porque el reto está en que la formación no se ciña exclusivamente a la parte más técnica, que los jueces ya conocen, sino que debe ser una formación multidisciplinar y transformadora, que incorpore la perspectiva de género y no solo la teoría”, apunta la jurista de Women's Link Gema Fernández.

Pruebas de especialización

La idea es reforzar la formación en tres vías: en la fase de oposición a la carrera judicial, durante el año de formación que siguen los magistrados en la Escuela Judicial y en el Plan de Formación Continuada que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ofrece a los jueces y fiscales sobre diversas materias.

La formación continua “contendrá cursos específicos de naturaleza multidisciplinar sobre la discriminación y la violencia de género en todas sus formas y manifestaciones” y se dará “de manera transversal en el resto de cursos” que guarden relación con la materia. Aunque no esta especificado así en el texto, la formación continua será “obligatoria y evaluable” para los que están destinados a órganos que ven casos de violencia de género, aclara la diputada socialista que defenderá la iniciativa en el pleno Pilar Cancela.

Además se introducen pruebas selectivas de especialización en violencia sobre la mujer. Actualmente las y los magistrados destinados a estos órganos pasan por una formación obligatoria en violencia de género al entrar, pero la reforma quiere diseñar un sistema de especialización “preferente” como ya existe para otras materias como mercantil o contencioso-administrativo. Se trata de pruebas que garantizan la adquisición de ciertos conocimientos y que los jueces deben superar para acceder a estos juzgados. Aprobar estos exámenes será condición necesaria también para que los magistrados que ya ejercen en estos órganos, “continúen en su destino”.

La proposición de ley amplía el temario que deben estudiar los aspirantes para las oposiciones, que “debe garantizar la adquisición de conocimientos en materia de derecho antidiscriminatorio tanto en el bloque constitucional como en el resto de ramas del ordenamiento jurídico”. Además, se incorporan los tratados internacionales suscritos por España en materia de igualdad y violencia de género como el Convenio para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Respecto a la tercera vía, el año en que los jueces se forman en la Escuela Judicial, también se verán reforzados los contenidos, a los que se sumará “la integración del principio de igualdad en la interpretación y aplicación de las normas y desde la perspectiva de género”.

Gloria Poyatos, magistrada y presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) asegura que la iniciativa es “un buen inicio que nos encarrila” porque “actualmente el contenido de los temas para la oposición no garantizan la formación en materia de violencia de género”. Sin embargo, puntualiza que se trata de una PL que habrá que comprobar “de qué manera se pone en práctica para otorgar a la perspectiva de género la posición preeminente que le corresponde”.

Especializar los penales

La proposición del PSOE pretende impulsar la especialización de los juzgados de lo penal, que también juzgan algunos casos de violencia de género pero la mayoría no cuentan con magistrados formados específicamente para ello. Son los órganos que se encargan de sentenciar los casos que no sentencian las audiencias provinciales –que se encargan de aquellos en los que la pena que se pide supera los cinco años– ni los juzgados de violencia sobre la mujer –que juzgan delitos leves y cuando hay conformidad de las partes–.

Actualmente solo 23 de 345 juzgados de lo penal están especializados a pesar de que la Ley Integral contra la Violencia de Género dispuso en 2004 que en cada provincia debía haber al menos uno. La PL prevé que en el plazo de seis meses se revise la planta de los juzgados y tribunales para impulsar la especialización o bien mediante juzgados exclusivos o compatibles –aquellos que tienen competencias pero también ven otras materias–.

“La sobrecarga de trabajo de la mayoría de juzgados junto con la ausencia de creación de nuevas dotaciones judiciales en los últimos años en buena parte explica la paralización del proceso de especialización”, detalla la proposición.

Un punto de partida

Laia Serra, abogada penalista y miembro de Dones Juristes, celebra que la norma prevea no solo formación técnico jurídica y contenidos formales: “Desde la judicatura se debe asumir que su función no es aclarar que 2+2 son 4, sino hacer avanzar la igualdad y los derechos. Y eso es algo que se consigue, no solo con contenidos formales, sino reinterpretando la función que deben llevar a cabo los jueces”.

La letrada espera que la fase de tramitación, en la que se pueden presentar enmiendas a la ley, consiga que los cursos de formación previstos durante la carrera judicial se extiendan a otros órganos, no solo a los de violencia sobre la mujer, familia y menores y siembra sus dudas sobre el alance de la iniciativa. “La respuesta a si es garantía de una transformación sustancial de los déficits que a día de hoy tienen los operadores jurídicos en materia de violencia de género es que no. Se podría haber llegado más lejos”.