La reforma de la ley del aborto inicia este martes su trámite tras pasar por la mesa del Consejo de Ministros. Desde que se filtrara el borrador del Ministerio de Igualdad la semana pasada han circulado varios textos en medio del cruce de declaraciones entre los socios de la coalición y una negociación abierta hasta última hora. La norma se deja cosas por el camino que sí incluyó el departamento de Irene Montero en un principio, como la bajada del IVA a los productos para la regla, pero el Gobierno sí ha llegado a un acuerdo para regular las llamadas bajas incapacitantes por menstruaciones dolorosas. Aún así, todavía puede modificarse durante el trámite.
Estas son sus medidas más destacadas:
La ley mantiene los plazos para abortar que ya inauguró la norma de 2020: libre hasta la semana 14, hasta la 22 por causas médicas y sin límite si se detectan graves anomalías incompatibles con la vida y siempre que lo determine un comité clínico. Además, en este ámbito incluye:
Garantizar los abortos en centros públicos
La idea del Gobierno es cambiar el modelo, por el que actualmente hasta el 85% de los abortos se realizan en clínicas privadas concertadas. Para ello, se establece como requisito que las intervenciones se lleven a cabo “en un centro sanitario público” y solo “excepcionalmente” en uno privado acreditado. Lo que no queda claro es si la mujer podrá elegir entre el método farmacológico o quirúrgico.
Se regula, además, la objeción de conciencia de los profesionales para que nunca pueda ser un obstáculo y se obliga a las comunidades a crear un registro de objetores y a que en los servicios públicos haya siempre profesionales suficientes para llevar a cabo el servicio. Recalca que la objeción es un derecho individual, pero quien se declare así lo será tanto para el ámbito privado como público.
Para intentar acabar con la discriminación geográfica, por la que miles de mujeres al año deben desplazarse de provincia para poder abortar, la norma refuerza el principio de equidad territorial y establece que las administraciones deben garantizar el acceso a la prestación “de acuerdo con un reparto geográfico adecuado, accesible y en número suficiente”. Si no pueden llevarlo a cabo en su ámbito, podrán derivar a las mujeres, pero siempre “en las mejores condiciones de proximidad de su domicilio”.
Se eliminan los tres días de reflexión
La ley de 2010 estableció un periodo de reflexión de tres días como requisito para abortar, que ahora se elimina con esta reforma. Esto significa que las mujeres ya no deberán esperar este plazo mínimo una vez tomada la decisión y reafirmarse en ella.
Los sobres sobre maternidad serán una opción
También se elimina el requisito de que la mujer reciba un sobre cerrado con información sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad y cuyo contenido dirige en algunas comunidades incluso a asociaciones antiabortistas. Solo se recibirá en el caso de que la mujer así lo requiera.
Derecho a abortar desde los 16 sin consentimiento
Se devuelve el derecho de las jóvenes de 16 y 17 años a interrumpir su embarazo sin consentimiento paterno siete años después de que el Partido Popular reformara la ley de 2010 para eliminarlo. Fue la primera reforma que se hizo a la ley, en 2015, y tras el intento del ministro Alberto Ruiz-Gallardón de restringir el derecho más allá de lo que en su día contempló la ley de 1985. Los populares se encontraron con una fuerte oposición social que le hizo dar marcha atrás, pero sí introdujo el cambio de las menores.
Incapacidad por abortar
Se incorpora una incapacidad temporal especial por la interrupción voluntaria del embarazo. Deberá garantizarse atención integral y acompañamiento especializado para las mujeres que se sometan a la intervención.
El derecho a la salud menstrual se reconoce por primera vez en una ley “como parte inherente del derecho a la salud sexual y reproductiva”. El Ministerio de Sanidad deberá establecer unos estándares de atención sanitaria a la salud menstrual y los poderes públicos tendrán que “combatir” los estereotipos sobre la menstruación “que impactan negativamente en el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas”.
Bajas por reglas dolorosas
Se configuran como un tipo de incapacidad temporal especial que, como cualquier baja, debe ser otorgada y estar bajo supervisión médica. No tendrá límite de días, estarán financiadas desde el primer día por la Seguridad Social y no requerirán periodo mínimo de cotización a diferencia de las enfermedades comunes. Lo que no está claro aún es qué mujeres pueden acceder a ellas y si es necesario que tengan una patología previa diagnosticada.
Reparto de productos menstruales
Los centros educativos deben garantizar el acceso a productos para la regla “cuando resulte necesario”, especifica la ley. Se repartirán gratuitamente, además, en centros de servicios sociales y cárceles. Progresivamente, todas las dependencias de organismos públicos deberán ir adoptando esta medida. Se priorizarán los productos de gestión menstrual sostenibles, orgánicos y ecológicos.
Contenidos en las aulas
En el ámbito educativo se establece la formación en salud sexual y reproductiva como parte del currículo durante toda la educación obligatoria e impartida por profesionales formados para ello.
Educación menstrual
La ley aborda de manera específica la educación menstrual, que debe abordarse de manera “integral” en las aulas para intentar combatir “los mitos, prejuicios y estereotipos de género alrededor del estigma menstrual”, reza el texto.
Campañas y una línea telefónica
Otra de las lagunas que prevé cubrir la norma es el déficit de información sobre derechos sexuales y reproductivos. El texto del Gobierno prevé generar información sobre el itinerario para abortar, fomentar el posicionamiento en Internet de la información sobre centros públicos que prestan el servicio, la puesta en marcha de campañas de sensibilización, entre ellas, las relacionadas con la prevención de la transmisión intencionada de ETS. Se prevé también la creación de una línea telefónica especializada en derechos sexuales y reproductivos.
Financiación de anticonceptivos
Se garantizará la financiación de los anticonceptivos hormonales, incluidos los métodos reversibles de larga duración. Actualmente, existe una enorme disparidad entre comunidades autónomas y los métodos que financian.
Píldora del día después
Se garantiza la dispensación gratuita de la anticoncepción de urgencia en los centros de salud y en los servicios especializados en salud sexual y reproductiva.
Corresponsabilidad
Los poderes públicos deberán poner en marcha políticas públicas destinadas a la “corresponsabilidad en la anticoncepción” con el objetivo de que sea considerado un asunto de salud público y no una carga exclusiva de las mujeres. En el plazo de un año el Ministerio de Sanidad e Igualdad deberán concretar las medidas, aunque ya se explicita la investigación y, en su caso, comercialización de anticonceptivos para hombres.
Distribución de preservativos
Se incluye la distribución gratuita en el plazo de un año de preservativos en centros especializados, servicios sociales y en prisiones, y se establece que los centros educativos “podrán distribuirlos” durante las campañas de educación sexual que lleven a cabo.
La norma descarta nombrar la violencia obstétrica y se circunscribe a garantizar las buenas prácticas durante la atención ginecológica, el embarazo y el parto, disminuir el intervencionismo y evitar prácticas innecesarias e inadecuadas o sin consentimiento previo de la mujer, excepto en los casos que la vida esté en riesgo. El objetivo es reforzar el parto respetado.
Recogida datos
Se promoverá la realización de estudios para conocer el estado de la cuestión de la violencia ginecológica y obstétrica y se recogerán datos de forma periódica a partir de la información proporcionada por los hospitales.
Un protocolo común
La norma mandata al Consejo Interterritorial de salud a aprobar un protocolo común de actuaciones para el sector sanitario. Las comunidades tendrán, además, que promover que los centros hospitalarios adopten protocolos propios y específicos contra la violencia obstétrica. La Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva debe contemplar un apartado al respecto.
Baja en la semana 39
Se ha incluido un permiso reforzado preparto desde la semana 39, la última de embarazo. La intención inicial del Ministerio de Igualdad es que comenzara al cumplir la semana 36.
La ley define el aborto, la esterilización y la anticoncepción forzados como formas de violencia sobre las mujeres. En el ámbito de la gestación subrogada, se prevén promover campañas institucionales que pongan el foco en su ilegalidad en España. Además, se considerará ilícita la publicidad en medios de comunicación que tenga como fin la promoción comercial de esta práctica.
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