La escuela privada concertada, que se sostiene con fondos públicos, no es para personas empobrecidas. Un estudio de la Fundación BBVA y el Instituto Ivie da una nueva prueba de que el sistema escolar español segrega a los alumnos: los ricos, con los ricos y los pobres, con los pobres.
El reparto de alumnos en función de su origen o clase social sigue una lógica muy clara en España: los centros públicos asumen “casi en exclusiva” la formación de los alumnos que provienen de entornos socioeconómicos menos favorables, explican los autores del estudio Diferencias Educativas Regionales 2000-2016, mientras los privados acogen a prácticamente todos los estudiantes con recursos, con todas las distorsiones que eso implica.
En cifras, en los centros públicos la mayoría del alumnado proviene de entornos medios (60%), acompañados de compañeros humildes (33%) y muy pocos con recursos (7%).
En los privados y concertados, la composición es muy diferente: la mayoría de los alumnos provienen de entornos acomodados (65,4%), hay un grupo intermedio en tamaño de alumnos medios (27,1%) y una minoría de estudiantes de entornos desfavorecidos (7,5%), según datos de la OCDE. En ambos casos hay significativas diferencias entre comunidades autónomas. En definitiva, la pública acoge casi cinco veces más cantidad de alumnos desfavorecidos que la privada y concertada
Las consecuencias de esta separación por clases son claras, explican los autores. “Influye en el rendimiento medio de los centros, que se refleja en sus tasas de repetición y las puntuaciones PISA, lo que da como resultado centros públicos más debilitados por este motivo”, escriben.
Las cuotas de la concertada
El estudio del BBVA y la Fundación Ivie incide en una línea de argumentación, que el sistema escolar es segregador, de la que ya vienen advirtiendo otros expertos. El pasado año, una investigación de los profesores F. Javier Murillo y Cynthia Martínez-Garrido, de la Universidad Autónoma de Madrid, señalaba que la comunidad madrileña es la segunda región europea más desigual en sus aulas, al nivel de Hungría y Rumanía.
Murillo ya señalaba cuando salió el informe que existe una relación directa entre el número de escuelas privadas, concertadas o no, y la segregación de un país o región. Y en España este es muy alto, al menos en comparación con otros países europeos (el 29% del alumnado en la etapa obligatoria está matriculado en un centro privado sostenido con fondos públicos).
“Pese a tener la misma normativa, tienen mecanismos de selección del alumnado”, explicó. Se refería Murillo, sin nombrarlo, a las famosas cuotas supuestamente voluntarias que establecen los centros concertados y que muchas familias no pueden pagar o a los comedores escolares, más caros en los centros privados que en los públicos y que también ejercen de barrera invisible.
El estudio de la Fundación BBVA explica que existen notables diferencias de la composición del alumnado por centros entre comunidades autónomas y que, en general, el nivel de renta de las mismas magnifica las diferencias. Así, en las regiones más pobres —Andalucía, Canarias, Extremadura, Región de Murcia o Castilla-La Mancha— la presencia de alumnos con menos recursos es más amplia en los centros públicos (entre el 43% castellano y el 55% andaluz). A la inversa, en las que tienen más recursos —Navarra, Catalunya y Madrid— registran una mayor presencia de estudiantes con más recursos en colegios privados.
El desempeño
Esta manera de distribuir el alumnado luego condiciona el desempeño que tendrán los propios alumnos en general, con independencia de su propio origen. “Los entornos de los alumnos son claramente relevantes para sus resultados formativos”, escriben los autores del estudio, “tanto en términos de las competencias alcanzadas como del ritmo de avance de los estudios”.
En cifras, esto quiere decir que un alumno que estudie en un centro con alumnado proveniente de entornos más favorables obtuvo una puntuación promedio en ciencias en PISA de 67 puntos mayor que otro matriculado en un instituto con estudiantes con menos recursos. 67 puntos en PISA equivalen a dos años de estudio.
“Es decir, el alumno de un entorno menos favorable tardará más en tiempo en adquirir las competencias, probablemente perderá algún curso y tendrá un nivel más bajo de competencias al final de sus estudios obligatorios”, explica el informe. La pequeña puerta para la esperanza es que los resultados oscilan a lo largo del territorio (la diferencia es de 37 puntos en Castilla y León y de 94 en Canarias), lo cual indica que “el funcionamiento de los centros y sistemas educativos regionales puede contribuir a que el efecto del entorno socioeconómico se amortigüe o se agrave”.
“Probablemente perderá algún curso”, desliza el informe. Esta es otra de las consecuencias de esta distribución del alumnado en función de la renta. En un país que sobresale (para mal) por el alto índice de repetidores (casi uno de cada tres alumnos de 15 años no está en el curso que debería por su edad), las diferencias entre centros según la titularidad no son pequeñas.
El número de repetidores en los centros públicos duplica con creces a los que hay en los privados, concertados o no (un 37,7% en los colegios del Estado frente a un 17,1% en los de iniciativa privada). El entorno también condiciona aquí: un alumno menos favorecido tendrá, de media, 5,5 veces más posibilidades de repetir curso que otro con más recursos.
Las diferencias entre regiones en este caso son importantes. Mientras en Andalucía las posibilidades de ser repetidor se multiplican 3,8 veces en los entornos desfavorables, en Madrid son diez veces mayores.
“El retraso de los estudios y la repetición de curso” en buena parte influenciados ambos por el reparto desigual de alumnos entre centros privados y públicos, “influyen mucho en el rendimiento de PISA y es un problema muy grave en España”, aseguran los autores del estudio a modo de conclusión.
En la misma línea argumentativa destacan que “los mejores resultados educativos medios de los alumnos de los centros privados de cualquier comunidad se deben, básicamente, a que sus entornos son más favorables que los de los alumnos de los centros públicos”. Y añaden: “Una parte relevante de esas diferencias está ligada al entornos socioeconómicos de las familias y los centros”.