Dijo la semana pasada el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que las familias debían ahorrar para, entre otras cosas, la educación de sus hijos y se armó un buen revuelo. Rajoy no estaba diciendo nada que cualquier persona que esté observando lo que ocurre con la educación no haya visto ya. Cada vez cuesta más dinero estudiar en España.
Las palabras del presidente van en consonancia con el escenario que las políticas del Ejecutivo llevan años dibujando y con las consecuencias que estas traen. La educación, esa que se supone gratuita en sus etapas obligatorias, cada vez cuesta más. De un primer vistazo: en los últimos diez años las familias gastan un 35% más en la educación de sus hijos, según datos del Gobierno, y las matrículas universitarias —aunque esta etapa no es gratuita— han subido hasta un 67% en según qué regiones.
Bolsillos privados
Alguien tiene que pagar la educación. El grueso recae sobre el Estado, pero donde no llega este solo hay dos alternativas: empresas privadas (o fundaciones) y las familias.
Pues bien, el gasto público en Educación está a niveles de 2007 tras años de recortes por la crisis, según datos del propio Ministerio de Educación. ¿Cómo se ha compensado este estancamiento? A costa de las familias. El gasto particular en educación subió un 35% entre 2007 y 2015 (último año del que el Ministerio de Educación ofrece datos consolidados). Las familias pasaron de gastar 8.753 millones de euros a 11.863. Este dato implica que por cada cuatro euros que pone la administración para Educación, los padres ponen otro más (realizan el 20% del gasto total).
Los precios de las escuelas infantiles, libros de texto, comedor, material escolar, transporte, actividades extraescolares, estudiar idiomas fuera del colegio o apuntar al hijo a una academia privada o a clases de repaso son algunas de las partidas en las que las familias invierten dinero para la educación [obligatoria] de sus hijos. En los presupuestos familiares, estas partidas pueden alcanzar los 700 euros anuales de media. Esta cifra ha subido un 42% desde que empezó la crisis.
Aunque no todas lo hicieron de igual manera. Un estudio de la Fundación BBVA explicaba que el gasto familiar se duplica para las familias con sus hijos en la escuela concertada y se hasta cuadruplica si acuden a privados sin concierto. Las familias con padres con mayor formación “pueden pagar hasta seis veces más por los estudios primarios y superiores de sus hijos”, según Francisco Pérez, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia y codirector del informe.
Lo cual nos lleva al modelo educativo que preconiza el PP, cristalizado en Madrid, que ha sido la comunidad autónoma considerada “laboratorio” de las ideas populares en las aulas. Un estudio reciente de la UAM señalaba a la región como la más segregadora de Europa, solo por detrás de Hungría como país.
Los autores del estudio destacaban que el modelo “de cuasi-mercado” aplicado en Madrid había llevado a esta segregación tan alta. También, aunque esto no lo dice el estudio, ha incrementado la carga económica sobre las familias. La competencia entre centros, unida al distrito único instaurado en Madrid lleva a los padres a querer matricular a sus hijos en el mejor colegio posible (se llegaron a publicar ránkings de centros).
Súmese a esta circunstancia la alta presencia de escuela concertada en la región y tenemos el cóctel preparado. La escuela concertada es gratuita, pero implica directamente un gasto familiar a través de las cuotas (no) “voluntarias” que han de pagar los padres, un problema del que el Gobierno regional es consciente.
La universidad
Es la etapa educativa en la que más evidente ha sido el encarecimiento de los estudios es la Universidad. Prácticamente cada medida que el PP ha implementado en los campus ha provocado que estudiar un grado o máster sea un poco más caro cada vez. Que el ministro de Educación Méndez de Vigo dijera hace un par de años que “hay demasiados universitarios” quizá explique esta subida de precios, aunque hubiera empezado sobre todo con su antecesor, José Ignacio Wert.
El Real Decreto 14/2012, el famoso de los recortes y de lo primero que hizo el PP cuando tocó la Moncloa, permitió a las Comunidades Autónomas subir el precio de las tasas públicas hasta llegar al 25% del coste real de los estudios (coste real que no se conoce, pero eso es otra historia).
Con esta medida el Ejecutivo pretendía que las universidades compensaran la caída en la financiación que se estaba gestando y produciendo ya (un 20% menos de presupuestos en los últimos años, según el informe ¿Quién financia la universidad? Comparación entre comunidades autónomas en España, Europa y la OCDE, del Observatorio Universitario). Los gobiernos regionales abrazaron la idea con desigual entusiasmo y en un par de cursos el precio de las matrículas se disparó en algunas comunidades autónomas.
Las subidas han ido desde el 67% de Catalunya hasta el 2,2% del País Vasco, pasando por el 60% de la Comunidad Valenciana o el 40% de Madrid. En el otro extremo, La Rioja y Galicia han bajado los precios un 7,2% y un 15,7%.
Una de las consecuencias que ha tenido la caída de los ingresos de las universidades ha sido la precarización de las plantillas, con una alta presencia de temporales (el 42% de los profesores lo son, por encima del máximo que permite la ley, el 40%) y un creciente cuerpo de profesores asociados que cobra 400 o 500 euros por dar clase en los centros del saber que se supone son los campus.
La aprobación del 3+2, aún pendiente de ser implementada por las universidades, pero no muy lejos de empezar a ser real, ahondó en el encarecimiento. Los máster son notablemente más caros que los grados, por lo que es fácil echar la cuenta: tres años de carrera más dos de máster siempre van a costar más que cuatro de carrera y uno de máster.
Esta subida de las tasas está provocando un trasvase de estudiantes de los campus públicos a los privados, una curva ligera en los grados pero muy evidente en los máster. En los últimos diez años, los centros estatales han pasado de tener el 89% de los estudiantes de carrera al 87% (perdiendo casi 80.000 alumnos por el camino), mientras los privados pasaban del 11% al 13% (con 26.000 estudiantes más). En los máster, las matriculaciones públicas han caído del 85% al 68% y las privadas han pasado del 15% al 32%.
En paralelo a esta subida, el entonces ministro de Educación, José Ignacio Wert, metió mano al sistema de becas. El objetivo era hacerlo “sostenible”; el resultado fue bajar la cuantía que recibían los estudiantes y subir los requisitos académicos para acceder a ellas y mantenerlas. Según el informe de la CRUE La Universidad Española en Cifras el importe medio de la beca se sitúa hoy en 2.637 euros anuales, un 20% por debajo de los 3.256 euros del curso 2012-13, en niveles del curso 2006-07. Y casi 120.000 estudiantes han tenido que devolver su ayuda al Gobierno desde el curso 2012-13 por no cumplir los requisitos que Educación había fijado.
La semana pasada Mariano Rajoy no estaba avisando de algo que va a suceder ni de un proyecto desconocido del Gobierno. Rajoy solo estaba constatando una realidad creada a partir de pequeñas decisiones desde que gobierna el PP. Las familias ya necesitan ahorrar para la educación de sus hijos. Sobre todo si quieren que vayan a la universidad. Pero no solo.