Los programas de prevención de las asociaciones que en el Campo de Gibraltar (Cádiz) luchan contra la drogadicción prácticamente han desaparecido. Llegó un momento en el que, ante la falta de financiación, las organizaciones tuvieron que elegir: o se hacía prevención con escolares y familias o se seguía ayudando a los drogodependientes. “Hace cuatro años teníamos programas de prevención que incluían a 30.000 niños. Eso se ha acabado. No hay dinero para todo, estamos asfixiados”, señala Francisco Mena, portavoz de la Coordinadora comarcal Alternativas, que engloba a una docena de asociaciones que desde hace más de 20 años trabajan el tema de la drogadicción y que asiste a unos 200 drogodependientes al año.
En los últimos cuatro años, estas entidades del Campo de Gibraltar han visto cómo la parte pública de su financiación (el 80% del total) ha caído un 40%, “a niveles de la década de los noventa, hemos retrocedido más de 15 años de golpe”, alerta Mena. Muchos recursos han cerrado o se ha tenido que sustituir el trabajo de profesionales por el de voluntarios.
Lo ocurrido a estas asociaciones andaluzas es solo un ejemplo del goteo continuo de recortes que están sufriendo las entidades dedicadas a la lucha contra la drogadicción. En definitiva, les está ocurriendo como al resto de sectores sociales con una fuerte dependencia de la inversión pública, como recuerda Ignacio Calderón, presidente de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD): “El sector social en general ha tenido una dependencia pública total y ahora todo el mundo llora porque considera que lo suyo es lo más importante. En la FAD hemos dado un vuelco al modelo y ahora el 75% de la financiación es privada”. Para Calderón, la clave está en incentivar la inversión de empresas y la entrada de socios en las organizaciones a través de una Ley de Mecenazgo.
Las entidades se financian en parte con el dinero del Plan Nacional Sobre Drogas, cuya inversión sigue prácticamente parada después de que en julio de 2012 el Gobierno anunciara que iba a suprimir alguna de las subvenciones a las ONG y comunidades autónomas incluidas dentro de este plan. Así, en los presupuestos generales de 2012 la partida ascendía a 18,48 millones de euros; y en 2013, a 14,84. La de 2014 apenas sube un 0,3% hasta situarse en los 14,89 millones de euros. Todos los años esta cantidad se ve aumentada posteriormente con los recursos económicos adicionales provenientes de los bienes decomisados por el tráfico de drogas, y que normalmente se dedican a prevención y no a ayuda a los drogodependientes.
El mayor recorte, en las CCAA
Pero el recorte mayor lo está sufriendo el dinero proveniente de las comunidades autónomas, como alerta Luciano Poyato, presidente de la Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente (UNAD). “En la UNAD tenemos un presupuesto de unos 49 millones de euros y un endeudamiento altísimo, de 18 millones”, ejemplifica. Poyato alerta de que las entidades no pueden hacer frente a proyectos en teoría subvencionados por las administraciones pero que en la práctica sufren demoras de meses o años en los pagos. “El perfil del drogodependiente es complejo y necesita un equipo multidisciplinar de atención, un modelo que peligra, al igual que el de las comunidades terapéuticas, por la falta de inversión”.
Desde el Campo de Gibraltar, Francisco Mena ilustra la teoría de Poyato: “De nuestra docena de asociaciones, hay cinco que no solicitan subvenciones desde hace tres años porque no se cobran hasta el año siguiente. Y antes hay que ejecutar el proyecto, contratar personal, con todo el gasto que conlleva y que no se puede adelantar”.
El drama entre las asociaciones se reparte por todas las comunidades autónomas. María González es la presidenta de la Asociación Renacer, que actúa en Galicia desde hace más de 20 años.“No creo que mi voz refleje la preocupación que tengo. Este año la Xunta ha recortado en un 24,7% el dinero destinado a las asociaciones que luchamos contra la droga. Nosotros estamos sobreviviendo por medio de rifas benéficas, no sabemos si este año nos darán la subvención o no”, se lamenta González. En su organización aún puede mantener a un equipo de abogados y psicólogos, pero los trabajadores (solo quedan tres) llevan desde febrero sin cobrar.
Con este panorama, lo primero que cayó fueron los programas de prevención. “Y la prevención es importante. Realizamos una encuesta entre 500 adolescentes de entre 13 y 18 años, y el resultado mostró que la mayoría se emborrachaba todos los fines de semana y que existían además altos consumos de cocaína y otras sustancias”, señala González.
Además de los recortes, la crisis económica ha provocado que sustancias caras como la cocaína se sustituyan, por ejemplo, por la heroína. “Si no hay dinero, un drogodependiente no deja de consumir, lo que hace es cambiar de sustancia, dejar la cocaína por la heroína o aumentar el consumo de alcohol”, señala Mena. Con dos agravantes: la heroína lleva a la marginalidad más rápidamente que la cocaína y la aprobación social del alcohol impide ver que es una adicción igual de peligrosa que el resto. “Por eso, necesitamos recursos, si no, podemos regresar al estrago que hicieron las drogas en los años ochenta”, concluye.