Una “década perdida”. Es lo que representan los últimos diez años en términos de inversión sanitaria pública en España, según ha denunciado Amnistía Internacional en un nuevo informe que presenta este miércoles. La organización alerta de que, tras los recortes que provocaron “el hundimiento del gasto” y a pesar de la progresiva mejora, aún no se han recuperado los niveles de 2009. Desde ese año y hasta 2018, el último del que se dispone de datos, el gasto sanitario público ha pasado de los 70.672 millones de euros a los 62.750, por lo que se ha rebajado un 11,21%, de acuerdo con su análisis. Una situación que “ha adquirido una relevancia y dimensión aún mayor” en un contexto como el de la emergencia sanitaria por la COVID-19, lamenta la ONG.
Para llegar a estas cifras, Amnistía Internacional ha ajustado a la inflación los datos oficiales que da cada año el Ministerio de Sanidad, y que sin hacer esta operación, sí supusieron por primera vez en 2018 una inversión mayor que en 2009. La organización considera que cruzar la cifra con la inflación es más riguroso porque implica “una imagen más real”. Su radiografía, elaborada en base a diferentes indicadores, concluye que solo una comunidad autónoma, las Islas Baleares, se sitúa en niveles de gasto público similares a hace diez años, en concreto, invierte un 1,76% más. También Ceuta y Melilla lo superan con creces y rebasan el 13% de subida.
Todas las demás comunidades gastaron en 2018 menos que en 2009 siguiendo este criterio, a pesar de que, de forma generalizada, los presupuestos han ido escalado progresivamente desde 2014. Castilla-La Mancha, Asturias, La Rioja, Galicia y Cataluña son las autonomías que se encuentran más alejadas, con reducciones que superan el 12% e incluso el 18% en el caso de la primera de ellas. Por su parte, algunos otros territorios como Cantabria, Castilla y León o Navarra están más cerca de los niveles de 2009, ya que invierten entre un 3 y un 5% menos que entonces.
Si nos fijamos en el gasto sanitario público por habitante, las tendencias se repiten al experimentar una reducción del 10,5% en este tiempo, de acuerdo con la evaluación de la ONG. Es decir, el Estado español gastó en cada persona 1.248 euros en 2018, 147 euros menos que los invertidos en 2009. Ninguna comunidad se ha recuperado desde 2009: la horquilla es muy amplia y va de un -0,36% de Castilla y León a los -16,4% de Castilla La Mancha, que es la que menos ha invertido en 2018 respecto a una década antes. Le sigue Andalucía con una diferencia del -13.59% y Canarias con un -13,3%.Teniendo en cuenta el dato sin ajustar a inflación y englobando tanto la inversión pública como privada, fueron 2.221, 130 más que hace una década.
La organización denuncia que esta “desinversión” vinculada específicamente a las “políticas de austeridad” llevadas a cabo tras 2008 implica que el derecho a la salud “está en riesgo en España” porque se ha provocado “un deterioro de la accesibilidad, asequibilidad y calidad de la asistencia sanitaria” que afecta, denuncia, en mayor medida a las personas más vulnerables. Más aún teniendo en cuenta que en estos últimos diez años, esgrime el informe, el PIB se ha incrementado en un 8,6%, pero no ha supuesto una subida equivalente. Por el contrario, el gasto sanitario privado se ha ido incrementado en este mismo periodo de tiempo hasta alcanzar un 16,28% más, señala la ONG.
Atención Primaria, “la gran olvidada”
El informe también analiza las condiciones en las que se encuentra la Atención Primaria, pieza clave para atajar los brotes de coronavirus que se están dando en la llamada 'nueva normalidad' y que ya superan los 100, según Sanidad. Amnistía Internacional la señala como “la gran olvidad” y una de las áreas más perjudicadas por los recortes. De hecho, la inversión en 2018 ha sido menor tanto en términos reales como ajustados a inflación. Con este último mecanismo, que la ONG considera más riguroso, el gasto público ha mermado un 13% al pasar de los 9.346 millones de 2009 a los 8.122, a pesar de que en los últimos años ha ido ganando terreno.
Por comunidades, de nuevo solo una comunidad, en este caso la Región de Murcia, y Ceuta y Melilla, han superado la financiación de hace una década: Murcia, un 6,92% más; Ceuta, un 0,36%; y Melilla, un 8,62%. Por otro lado, las mayores caídas las registran precisamente Aragón y Catalunya, que invierten en Atención Primaria, la puerta de entrada al sistema de salud, un 22% y un 24% menos respectivamente. Son los dos territorios que a día de hoy albergan los brotes de COVID-19 más preocupantes y que han obligado en el primer caso a dar marcha atrás a la fase 2 y en el segundo a endurecer el confinamiento de 150.000 personas en Lleida. De los datos de contagios confirmados por Sanidad en las últimas 24 horas, Catalunya y Aragón se llevan más de la mitad.
Junto a estos indicadores, Amnistía Internacional también ha hecho un análisis del número de sanitarios que hay en España en Atención Primaria, una variable de la que denuncia “estancamiento” en los últimos años: las ratios de personal médico y enfermería (por cada 1.000 habitantes) apenas han variado. En el caso de médicos y médicas, el personal por habitante ha pasado de un 0,74 en 2009 a 0,77 en 2018, según sus datos, e incluso comunidades como Baleares o Madrid lo han reducido ligeramente. La ratio de enfermería, por su parte, ha subido también levemente: de un 0,61 hace diez años a 0,66 en 2019. De nuevo, solo estos dos territorios la han descendido ligeramente.
Ante este escenario generalizado de “retroceso” y más aún teniendo en cuenta la emergencia sanitaria de la COVID-19, que puede replicarse con posibles segundas olas del virus, la organización ha puesto en marcha una campaña para exigir a las autoridades sanitarias un refuerzo del Sistema Nacional de Salud, en línea con lo que el Gobierno esgrimió en la Comisión de Reconstrucción del Congreso. “Ahora, más que nunca, es necesario asegurar que cuente con los recursos adecuados y sea capaz de responder al desafío actual y futuro”, explica en el informe. Entre otras cosas reclama un aumento de la inversión, priorizar la Atención Primaria, habilitar mecanismos “de consulta y participación” del personal sanitario y la población o reforzar los mecanismos de rendición de cuentas.