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La recta final en la vacunación obliga a España a repensar su estrategia: “Cada vez cuesta más”

Los expertos coinciden. España se aproxima a la meseta de la vacunación, entendiendo como tal el momento en el que el sistema público de salud ya ha inoculado exitosamente la pauta completa a la mayoría de la población, a excepción de los menores de 12 años –para quienes no hay una inyección aprobada– y el grupo rezagado o más reticente, un número ínfimo en nuestro país en comparación con el entorno. El porcentaje de ciudadanos completamente inmunizados alcanza el 73% y es diez puntos superior si se exceptúan los niños. El porvenir “es muy favorable”, ha dicho Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, en su reaparición en un Congreso de Epidemiología en León. España acaba de abandonar el nivel de “riesgo alto” al bajar la incidencia acumulada de 150.

El Ministerio de Sanidad es consciente de que afronta un periodo nuevo en el que “cada vez cuesta más porque hay menos gente a vacunar”, según reconocía la titular de la cartera, Carolina Darias, en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial de este miércoles. Las inoculaciones masivas empiezan a quedar atrás y el número de dosis se acumulan en los congeladores. El 6 de septiembre había 6,5 millones frente al millón y medio de principios de agosto.

En las próximas semanas, las comunidades autónomas esperan incorporar a sus datos a ciudadanos rezagados que han pospuesto la vacunación por las vacaciones de verano y poner la segunda dosis a jóvenes y adolescentes. Los epidemiólogos también cuentan con atraer a personas con menos confianza inicial a inocularse, convencida por la evidencia.

España ha sido el cuarto país de la Unión Europea en alcanzar el objetivo de vacunar con la pauta completa al 70% de su población, después de Malta, Portugal y Dinamarca. Las cifras son superiores al 92% en los grupos entre 50 y 80 años. La vacunación del último grupo, los adolescentes entre 12 y 19 años, se está desarrollando con mucha rapidez. Tanto, que la proporción de personas con la primera dosis (77,1%) está solo a tres puntos del grupo de edad entre 20 y 49. Al ritmo actual la vacuna llegaría al 90% de la población en 66 días, aunque la ralentización ya está marcando este último tramo. La inmunidad de grupo, además, se ha convertido en una quimera en la que ya casi ningún experto confía y el escenario de convivir con una enfermedad endémica, controlada funcionalmente, se impone.

Darias ha sido clara: se abre para España un nuevo “estadio” en la estrategia vacunal. Este escalón se ha inaugurado con la aprobación de la dosis adicional para unos 100.000 pacientes inmunodeprimidos, a los que se irán sumando rápidamente nuevos grupos con menor respuesta inmunitaria. En nuestro país, la proporción de personas reacias a vacunarse es residual y Sanidad evita por el momento el debate sobre la obligatoriedad que sí se ha impuesto en otros países con adherencias inferiores a la vacuna. En Estados Unidos, con solo el 53,4% de los ciudadanos con la pauta completa, se han llegado a dar incentivos económicos.

Los epidemiólogos e inmunólogos están convencidos de que el siguiente paso es comprobar cómo se comporta la inmunidad generada por la vacuna. Es justamente la decisión que hoy ha anunciado Sanidad: está preparando un nuevo estudio de seroprevalencia. “Urge hacer un seguimiento de la inmunidad para saber a quién hay que poner una tercera dosis”, asegura Alfredo Corell, catedrático de Inmunología en la Universidad de Valladolid. Los resultados del último estudio de este tipo se conocieron el 15 de diciembre.

El investigador considera que el Gobierno debería iniciar un estudio de la inmunidad que confieren las diferentes marcas –Moderna ha anunciado que desarrolla una dosis única de refuerzo contra la COVID-19 y la gripe común– y de cuánto dura, una vez que se conoce que las inyecciones evitan que el virus genere una enfermedad grave pero no previene completamente del contagio. Simón ha avanzado que Sanidad se prepara para realizarlo. Hasta entonces, “vamos a vivir una situación de impasse”, considera Fernando Rodríguez Artalejo, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública.

El Ministerio tiene por delante tomar decisiones técnicas complejas sobre a quién y cuándo vacunar. También debe afrontar cálculos inciertos sobre cuántas dosis se van a requerir en el medio plazo –el Gobierno no descarta la venta de viales por el mismo precio que los compró, además de la donación de vacunas a países que van unos pasos atrás en la cobertura de la población– mientras sigue insistiendo en mantener la “cultura del cuidado” porque el “virus sigue acechando”.

Los primeros grupos con la dosis extra aprobada son los trasplantados (órganos y médula ósea) y los pacientes tratados con anticuerpos cd20 (linfomas o esclerosis múltiple). La tercera dosis –que no es técnicamente lo mismo que la dosis adicional pues esta solo se pone a los inmunodeprimidos– terminará autorizándose en España para los mayores institucionalizados en las residencias, según los expertos consultados. Varias comunidades –la última, Castilla-La Mancha– lo han pedido. La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ya ha señalado que hay cada vez más evidencia de que en las personas con edad avanzada debe considerarse otra dosis, pero no aclara el cuándo. “No son colectivos grandes, cuando se cubran, habrá que ver”, anticipa Fernando Rodríguez Artalejo, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública.

Sobre la población que debería haberse vacunado y no lo ha hecho, el Gobierno aporta poca información. El último dato lo recordó la ministra de Sanidad este miércoles: el 0,7% de la población citada hasta finales de agosto rechazó de manera expresa la inyección.

Darias sugirió que el grupo de resistentes a colaborar en la resolución del problema de salud pública se concentra sobre todo entre los 20 y los 49 años. Como prueba expuso que en pocas semanas, el porcentaje de adolescentes y jóvenes (12-19 años) con la primera dosis está a punto de alcanzar al grupo entre los 20 y los 49 años. Pero el análisis es más complejo.

Los rezagados no son mayoritariamente negacionistas sino población que no percibe el virus como peligroso o que tiene dificultades culturales, idiomáticas o laborales para responder a las campañas. Las comunidades buscan desde hace unas semanas nuevas estrategias para repescarlos, desde la vacuguagua canaria –un autobús itinerante– hasta las campañas para temporeros en las vendimias vasca y riojana. En Cantabria están estudiando llevar dosis a los campus universitarios mientras que en Navarra lo harán para los estudiantes de otras comunidades.