El Tribunal Supremo va a tomar en los próximos días una decisión clave. En esta ocasión no tiene que ver con Catalunya sino con los restos del dictador Francisco Franco, cuya morada depende de lo que dicte el alto tribunal.
Este viernes, el Consejo de Ministros cierra el proceso administrativo para sacar al dictador del Valle de los Caídos, después de inadmitir las alegaciones de los nietos, sortear recusaciones de la Fundación Franco, un decreto plagado de pasos técnicos y el portazo del prior benedictino. Seis meses después de que lo anunciara Pedro Sánchez, y tocando fin la legislatura, está lista la orden ejecutiva para enterrar en otro sitio al dictador.
Sin embargo, que salga o no el cuerpo depende ahora del Tribunal Supremo. Los siete nietos de Franco pusieron un contencioso administrativo que fue admitido a trámite en diciembre en el que alegaban que lesionaba sus derechos y que el Gobierno había hecho una ley de caso único, es decir, con apariencia de ley colectiva pero solo aplicada a su abuelo. A la espera de una sentencia que puede tardar meses, los Franco van a pedirle al tribunal, como ya han anunciado y ya hicieron en diciembre, que paralice cautelarmente la exhumación que se va a ordenar este viernes. Si el alto tribunal considera que llevarse el cuerpo puede causar un daño irreparable, puede paralizar los trabajos hasta que se dicte sentencia. Ese es el peor escenario para la propuesta estrella de Sánchez. En ese caso, el dictador tendría que seguir donde está. Aunque podría darse el caso de que, para cuando dicte o no cautelares, el Gobierno se hubiera llevado ya el cuerpo. Expertos en derecho administrativo consultados confirman que si se ha sacado antes, “ya no hay marcha atrás”, aunque el Gobierno se expondría a una condena o a indemnizaciones. Lo habitual, sabiendo que hay un proceso abierto, es que espere a que el Supremo se pronuncie antes de mover el cuerpo.
Si el alto tribunal dice que no hay motivo para aplicar cautelares, la operación sacar a Franco puede empezar. Sería una exhumación barata, ya que se trata de abrir la lápida y sacar el cuerpo embalsado, no hay que hacer pruebas ni nada más allá de usar una pequeña grúa para levantar el mármol. Según un informe de Patrimonio Nacional adelantado por El Periódico, la operación costaría 3.738,90 euros (IVA incluido) y supondría tres horas de trabajo. Una vez el cuerpo fuera, se prevén dos días de trabajo para reponer las losas de “mármol negro Marquina”. El destino de la lápida del dictador se llevará al “espacio que se determine”.
La duda en este punto es a dónde iría a parar el cuerpo. Los nietos quieren enterrar a su abuelo en la cripta de la catedral de la Almudena, junto a su hija y su yerno, ya que tienen allí varias fosas. Pero el Gobierno ya les ha dicho que eso no va a suceder. Alegando “motivos de seguridad”, instará a la familia a que decidan otro emplazamiento en el plazo de 15 días desde este viernes. En el caso de que insistan en la catedral de Madrid, “corresponderá al Gobierno la decisión sobre el mismo, lo que hará con máximo respeto a la dignidad de la familia y el decoro y respeto propios de una actuación como la prevista como se ha hecho durante todo el procedimiento”, dice el Ejecutivo en un escrito. Lo más probable es que lo llevaran al cementerio de Mingorrubio, en el Pardo, donde está enterrada la esposa del dictador y que los nietos consideran inapropiado por motivos de “seguridad”.
Aun suponiendo que el Supremo no se opusiera y permitiera la exhumación, falta por doblegar la voluntad del prior del Valle de los Caídos. Santiago Cantera, candidato por Falange en su juventud, se ha puesto desde el inicio de parte de los nietos, que le entregaron un poder notarial en el que mostraban su desacuerdo con la exhumación. Con ese papel, Cantera ha hecho bandera para que no entre nadie a la basílica donde está enterrado Franco, una posición que ha acabado por apoyar la Iglesia. Los benedictinos son quienes gestionan el conjunto monumental formado por la abadía, escolanía, basílica, hospedería, explanada y la cruz más grande del cristianismo. Se encargan de los enterramientos, las misas, rezar, estudiar y gestionar la parte espiritual del Valle, como dejó por escrito un decreto franquista, aunque todo lo paga el Estado: todos los gastos, incluidas reparaciones, comida de monjes, luz, folios o velas para misa, están sufragados con dinero público.
La negativa del prior es un obstáculo no menor para el gobierno porque las iglesias y templos son inviolables, según los Acuerdos Iglesia-Estado, que tienen carácter internacional ya que están firmados por España y el Vaticano. Es decir, si el prior no quiere abrir la puerta, teóricamente no pueden entrar los técnicos, aunque el gobierno le ha recordado en un escrito a la jerarquía eclesiástica que se emite por “resolución legal”.
Aunque ahora acaba el periplo administrativo -casi al tiempo que la legislatura- para cumplir con una de las medidas simbólicas que pedían las asociaciones memorialistas y de víctimas y a la que se comprometió Sánchez, todavía quedan incertidumbres y obstáculos judiciales y eclesiásticos para la mudanza de Franco.