El día a día de los servicios públicos en Madrid está en manos de un puñado de grandes empresas. Sus filiales, uniones temporales y distintas divisiones gestionan la limpieza, la recogida de basuras, los parques, las movilidad en sus calles, el mantenimiento de sus vías, el alumbrado o el aparcamiento regulado. Y por un precio que, siguiendo un circuito, conduce el dinero del presupuesto municipal a las cuentas de grupos como ACS, Sacyr, OHL, FCC o Ferrovial.
Solo a finales de 2013, el equipo de Ana Botella firmó contratos que comprometían a Madrid por una década y más de 4.000 millones de euros. Los beneficiarios han sido en general esas cinco corporaciones.
La probable llegada al Ayuntamiento de Manuela Carmena y Ahora Madrid chirría con este engranaje. Su programa electoral dice: “Realizar auditorías de los contratos integrales para analizar su legalidad y sus incumplimientos”. También parar la externalización de servicios municipales a grandes empresas.
El Ayuntamiento de Madrid se lanzó hace unos años a una carrera por cumplir sus obligaciones con los ciudadanos mediante la privatización de los servicios y el recorte en su aportación económica para llevarlos a cabo. La fórmula básica fue diseñar grandes contratos que aglutinan muchas funciones y por muchos años. El paquete es jugoso, ofrece cientos de millones de euros pero lleva adherida la rebaja en la financiación: solo grandes empresas tienen capacidad para liderar ofertas.
Los grandes empresarios
Así, en los últimos grandes contratos adjudicados se repiten los mismos nombres con sus múltiples marcas. Para la limpieza de las calles, Cespa representa a Ferrovial, Valoriza a Sacyr, además de estar OHL y FCC. Pero en la gestión de la movilidad vuelve a aparecer el nombre de Valoriza (Sacyr) y se le añade la sociedad API, que es marca de ACS. Para las infraestructuras viarias, todos los lotes se fueron a Dragados, que también es de ACS.
Lo mismo ocurre si se habla de la gestión integral energética cuyo concurso acabó en manos de una unión de empresas entre Ferrovial, FCC e Indra y de otra que fusionaba a dos filiales de ACS: Sice e Imesapi. En el caso de la recogida de basuras en la periferia de la capital, Madrid adjudicó el servicio a Urbaser, que es la cara de ACS, y a Cespa, la de Ferrovial.
El caso más paradigmático de esta manera de funcionar lo ha representado el de servicio integral de limpieza y jardinería. El Gobierno de Ana Botella juntó 39 contratos en uno. Le restó el 10% de lo que le habían costado y lo sacó a licitación: 2.300 millones. Además, animó a las contratistas a rebajar el precio. Y así fue. Los lotes se firmaron por 1.900 millones. Nada más entrar a trabajar las empresas despidieron a 350 trabajadores. A pesar de tener la obligación de quedarse con todos los operarios, una vez que tomaron mando en plaza, plantearon un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). La consecuencia fue la huelga de noviembre de 2013.
Se resiente “la calidad y los puestos de trabajo”
El objetivo de Ahora Madrid es “establecer una estrategia para que vuelvan a ser municipales”. Isabel Rodríguez, secretaria de Política Local del sindicato CCOO, ve “difícil poder rescindir estos contratos porque supondría tener que indemnizar con una cantidad muy importante a las contratistas”. Sin embargo, sí aboga por “poner un especial cuidado en que se cumplan los contratos y, si no, penalizar”.
En ese sentido, el compromiso de Carmena es implementar “un sistema de control y sanciones riguroso” para obligar a los contratistas. “Es que por el dinero no vamos a estar en condiciones de rescindir directamente”, insiste Rodríguez.
La cuestión es que el Consistorio ha buscado cómo podar sus partidas presupuestarias –está inmerso en un programa de reducción de deuda que debe dejarla para 2018 en la mitad: 3.300 millones– y esta fue la elección de Ana Botella en su momento. Todos los grandes contratos han supuesto una bajada en la dotación de los servicios. Más allá de los cálculos financieros del Área de Hacienda, esto se traduce en que el cuidado de parques y viveros se quede con 125 millones de euros menos y la limpieza de calles pierda 400 millones. Otros descuentos han sido más discretos.
¿La consecuencia? “La calidad del servicio y los puestos de trabajo”, asevera la secretaria de CCOO. O dicho de otra forma, en Twitter se ha hecho famosa la etiqueta #ascomadrid para ilustrar la acumulación de suciedad en las calles. Por otro lado, el escaso mantenimiento ha podido estar detrás de la falta de saneamiento de árboles cuyas ramas terminan por caer al suelo o de los socavones en el asfalto de la ciudad.
La conclusión a la que llega Ahora Madrid es que se obligue a las contratistas “a dar un servicio de calidad o en su caso rescindir el contrato”. Estos contratos tienen una serie de cláusulas y parámetros de calidad que, en caso de no cumplirse, permiten al Ayuntamiento sancionar (económicamente) a las empresas. “Algunos son más fáciles de cumplir que otros”, avisa Isabel Rodríguez. “El de limpieza es el más palpable: la ciudad está sucia, están inmersos en un ERE...”, aunque luego avisa: “Las constructoras, desde luego, no están dispuestas a perder ahora este dinero”.