Reducir ratios, mejoras laborales o luchar contra la segregación: las puertas que abre la caída de la natalidad en la escuela

Una cosa buena que tiene la demografía es que es predecible. Que permite saber, por ejemplo, que entre 2013 y 2037 se van a perder un millón de estudiantes en el sistema educativo. De 7,5 millones, máximo histórico alcanzado hace diez años, a 6,5 por la caída de la natalidad. Una noticia difícil para muchas escuelas, sobre todo las más pequeñas y rurales, pero que a la vez puede abrir oportunidades que de otra manera no se darían.

Asumiendo que los fondos para la educación no van a retroceder en términos absolutos, dedicarlos a menos alumnos significa que puede generarse una especie de excedente que podría servir para “transformar el sistema educativo”, según un informe elaborado por EsadeEcPol. El texto evalúa el impacto de esta caída de estudiantes y ofrece algunas ideas “para mejorar la equidad y calidad de la educación en España: reducir la ratio alumno-profesor y el tamaño de las aulas más presionadas; ampliar el tiempo en la escuela, el refuerzo escolar y el cuidado para avanzar hacia una mayor igualdad de oportunidades; reformar las políticas docentes y mejorar sus condiciones laborales; fortalecer el cambio educativo a nivel de centro; seguir expandiendo las etapas de Educación Infantil de primer ciclo (0-3) y Formación Profesional; y aplicar políticas más eficaces contra la segregación escolar son las principales líneas de actuación que proponen los investigadores.

Jorge Galindo, sociólogo de EsadeEcPol y coautor del informe junto a Lucas Gortázar, cree que es el momento óptimo para plantearse el futuro. “No sé si es ahora o nunca, quizá sea un poco extremo eso, pero sí sé que ahora es mejor que más tarde”, reflexiona. “Lo óptimo es empezar a tomar decisiones ahora sobre cómo manejar una transición ordenada para ciertas zonas en las que la despoblación va a seguir su curso”.

Una realidad ineludible

El otoño demográfico que vive España es una realidad ineludible, explica el texto en base a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Que en los próximos 14 años va a haber menos estudiantes, también. En concreto, la caída no será lineal hasta 2037 ni impactará del mismo modo en las diferentes etapas educativas, por lo que afectará de manera diferente a las escuelas infantiles, los colegios o los institutos. En concreto, Infantil y Primaria se verán algo menos afectadas en términos relativos y además empezarán a recuperar alumnado antes, tal y como se puede observar en el gráfico. Secundaria, sin embargo, empieza ya un descenso al que, de momento, no se le ve un final.

Tampoco es la misma la situación en las diferentes comunidades autónomas. Provincias como Zamora, León, Palencia, Albacete o Jaén perderán más de un tercio del volumen de menores de 16 que tenían en 2013, mientras otras (Madrid, Barcelona) perderán menos de un 10% o incluso no perderán nada (Navarra, Baleares). Esta cuestión no es baladí, sostiene Esade: “Si España ya tiene una demanda educativa notablemente polarizada, cada vez lo estará más: unos pocos puntos (núcleos densamente poblados con perspectivas demográficas menos negativas) concentrando demanda abundante; acompañados de otros muchos puntos con demanda escasa, pero sobre todo dispersa, y en franco declive demográfico”, explican.

La otra variable es el gasto público. Este indicador –medible en euros absolutos, de manera relativa respecto al PIB (esta última homologable para comparaciones internacionales o para observar la evolución a lo largo de los años) o en euros por alumno– ha tenido en las últimas décadas un comportamiento desigual. En el periodo analizado, subió tímidamente entre 2013 y 2019, pero como lo hizo más despacio que el PIB el gasto relativo bajó.

Subió durante la pandemia por los fondos europeos y, como lo hizo en un contexto de caída del PIB, porcentualmente se disparó hasta rozar el 5% que ronda ahora (se calcula en un 4,5%, a falta de cifras oficiales desde 2022). La retirada de los fondos europeos, auguran los investigadores de Esade, supondría una caída como poco en términos relativos respecto al PIB. En este escenario es una incógnita saber qué harán los futuros gobiernos respecto a esta partida (aunque la Lomloe establece un objetivo del 5%), pero es poco probable que el gasto absoluto caiga significativamente, lo cual unido al descenso del alumnado implicará una subida probable en el gasto por alumno de entre el 5% y el 25%, vaticina el informe de Esade.

Hacer o no hacer

A partir de estas certezas entran en juego las posibilidades de actuación (o no). “Las administraciones educativas tienen dos opciones”, explica el informe. “Dejar las cosas como están o rediseñar la red escolar para aprovechar el excedente de recursos de manera estratégica. La opción de no hacer nada, manteniendo el mapa actual hasta que los recursos lo permitan, implica no cambiar el número de aulas ni el de escuelas, preservando la red actual para proteger (en teoría) la cercanía a la escuela y a los pequeños municipios. Pero lo hace al gigantesco coste de producir un sistema más ineficiente y menos equitativo y pospone decisiones que a futuro tendrán que ser drásticas en lugar de darse tiempo para manejarlas de manera gradual”.

La opción de no hacer nada tendría sus propias consecuencias. La caída demográfica reduciría el número de estudiantes en las escuelas de manera desigual: afectaría más a las pequeñas, muchas de ellas rurales, y menos a las urbanas, más saturadas en general. Esta opción tendría por lo menos una ventaja, admite el informe: “Proteger la cercanía a la escuela y a los municipios pequeños”. También un inconveniente: “Lo hará al gigantesco coste de producir un sistema más ineficiente y menos equitativo y de posponer decisiones más drásticas a futuro”. Si se mantienen las pequeñas escuelas con todavía menos alumnado, el gasto por estudiante se disparará en estas frente a las grandes. Tiene el beneficio de mantener el servicio, con todo lo que implica para municipios pequeños, pero lo hace a coste de dedicarles un dinero que no tendrá la mayoría del alumnado, explica el informe.

El plan b, tomar decisiones con la vista en el medio y largo plazo, puede tener también sus costes. “Este escenario parte del supuesto de asumir de manera activa la reestructuración de la red, de manera controlada, equilibrada y con mecanismos de compensación suficientes para las escuelas y líneas allí donde se han vuelto demasiado pequeñas”. Sí, la propuesta incluye cerrar centros de manera controlada, admite el estudio, pero lo hace partiendo de que “la realidad demográfica terminará por imponerse”. Para evitar el golpe, proponen “activar mecanismos de reequilibrio territorial de los recursos, mediante un proceso gradual que lleve a reconsiderar cada centro educativo a partir de tres criterios: recursos potencialmente liberados con el cierre de líneas y centros; facilidad de redirección del alumnado desplazado; y alumnado potencialmente afectado por el cierre a futuro (con proyecciones demográficas aproximadas a nivel local)”. Estos movimientos se complementan con planes de ayuda al transporte o comedor gratuito para quien se quede sin escuela en su municipio.

Realizar esta reestructuración, explican desde Esade, liberará recursos económicos, que podrán ser dirigidos a la mejora del sistema. Su primera propuesta pasa por reducir la ratio alumno profesor y el tamaño de las aulas más presionadas, empezando por abajo (Infantil, Primaria), “de tal manera que se invierte en infraestructuras y personal allí donde sigue habiendo mucha demanda”. La cuestión a evaluar en este caso sería hasta dónde bajar esas ratios y “en qué contextos es más efectivo”.

La segunda pasa por ampliar el tiempo en la escuela, el refuerzo escolar y el cuidado, “para avanzar de forma más eficaz a una mayor igualdad de oportunidades”. Esta medida serviría para contrarrestar la extensión de la jornada continua, un elemento que “puede perjudicar el aprendizaje de los alumnos”, especialmente los más vulnerables. De nuevo, no se propone hacerlo de manera generalizada, sino quirúrgica, donde más falta haga.

La tercera medida sería mejorar las condiciones laborales del colectivo docente, un grupo profesional que ha visto en los últimos años caer su poder adquisitivo y que roza el 30% de temporalidad.

Otra propuesta pasa por “fortalecer el cambio educativo a nivel de centro y promover una mayor colaboración docente”. Para ello, explican los autores, “un ingrediente central es poder favorecer proyectos educativos basados en una mayor colaboración docente a través de modelos de codocencia, trabajo por ámbitos y rediseño de infraestructuras y espacios”.

Por último, Galindo y Gortázar proponen “seguir expandiendo las etapas de Educación Infantil de primer ciclo (0-3) y Formación Profesional” tanto “para favorecer el desarrollo temprano de los alumnos y la conciliación de las familias como la inserción laboral de los jóvenes”.

Finalmente, se plantea “aplicar políticas eficaces contra la segregación escolar”, uno de los principales retos del sistema aunque en los últimos años, sostienen los investigadores, ha habido avances en este área. “Las políticas de planificación y oferta educativa (reduciendo la oferta en los centros educativos según cae la demanda) pueden permitir re-equilibrar la composición social de las escuelas. Esto puede implicar mantener abiertas algunas líneas o escuelas que, por razones puramente económicas, habría que cerrar”, argumentan.

Galindo sostiene que las propuestas son de máximos, pero viables. “La lista no es todo lo que se podría hacer, pero sí son cosas que se pueden hacer. También creemos que es necesario que haya un debate público”, cierra.