Un error, las prisas y la falta de atención introdujo en la reforma del Código Civil la obligación de presentar un permiso médico para que una persona ciega o sorda se casara. El texto se refiere a afectados “por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales”.
La modificación es de 2015 pero entra en vigor en junio de 2017. Al saltar la alarma tras publicarlo el diario La Provincia , organizaciones de colectivos con diversidad funcional como la ONCE o el Cermi no solo han pedido su derogación sino que están trabajando con el Ministerio de Justicia –que admite un error, aseguran– para redactar una norma interna de obligado cumplimiento que restrinja la aplicación de este artículo, el número 56 del código.
Ambos colectivos aseguran que la Dirección General de Registros y Notariado colabora para que un problema en la vista o el oído solo pueda implicar un permiso previo en caso de que esté asociada a una dificultad para tomar decisiones autónomamente.
El trámite completo para eliminar estas exigencias tal y como están redactadas en el articulo del propio código se alargaría demasiado como para llegar a tiempo antes de su entrada legal en vigor.