La reforma del aborto del PP, que este jueves debate y vota de nuevo el Congreso de los Diputados, no solo obliga a las chicas de 16 y 17 años a contar con el consentimiento de sus padres para interrumpir su embarazo. Además, tiene una laguna legal que coloca a las menores que quieran abortar en una situación de inseguridad jurídica. Si ellas quieren hacerlo y sus padres o tutores no les dejan tienen una única posibilidad: la vía judicial.
La proposición de ley presentada el pasado 18 de febrero por el Grupo Parlamentario Popular establece que “los conflictos que surjan en cuanto a la prestación del consentimiento por parte de los representantes legales, se resolverán de conformidad con los dispuesto en el Código Civil”. Sin embargo, no indica los plazos que deben regir el procedimiento por el que un juez decidirá en caso de conflicto entre los padres y la menor. Los juzgados civiles están especialmente saturados en España. Algo que, en opinión de los expertos, abre la puerta a que en el momento de adoptar la resolución, la mujer ya no pueda interrumpir voluntariamente su embarazo por haber sobrepasado el límite legal para hacerlo (14 semanas para aborto libre).
La reforma de Gallardón, que pretendía sustituir la ley de plazos aprobada por el gobierno socialista en 2010 por una ley de supuestos, y que fue aparcada definitivamente por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, también contemplaba la posibilidad de acudir a la justicia en caso de conflicto. Un procedimiento que explicaba con detalle y al que, además, otorgaba la característica de “tramitación urgente y preferente”. Una redacción que no aparece en la nueva reforma.
“Depende de la voluntad del juez”
En opinión de la abogada Isabel Elbal, la norma provoca que “no haya ninguna garantía jurídica para que las menores puedan interrumpir su embarazo”, sobre todo, “teniendo en cuenta cómo están de desbordados los juzgados”. Algo que también comparten desde el sindicato Justicia y Progreso: “Es probable que el juez otorgue urgencia al procedimiento, algo que suele ocurrir cuando hay menores de por medio, pero es algo que depende de su voluntad”, lo que deja a las menores “en una situación de inseguridad”, comenta un portavoz de la organización. Además, “en casos de menores interviene el Ministerio Fiscal, lo que retrasa siempre el proceso”, sostiene.
En este sentido, la diputada del PSOE Ángeles González ha explicado, según recoge EFE, que la reforma supone “abocar a las mujeres jóvenes de 16 y 17 años a maternidades no deseadas” sin “ningún tipo de garantía jurídica” a la hora de oponerse a la decisión que tomen sus padres por ellas. La diputada ha calificado de “situación gravísima” y de “desprotección jurídica” el hecho de que “no existan garantías procesales” para que las jóvenes recurran la decisión de sus padres en un plazo que permita hacer el aborto antes de las 14 semanas que la ley exige.
Para Elbal, se trata de “un fraude de ley y una trampa legal que esconde una clara intención: impedir que aborten”. El portavoz de Justicia y Progreso opina que deberían ponerse en marcha juzgados especializados en el tema porque, en caso contrario, “no funcionará bien”. “La única salida es que el legislador ponga un plazo, porque si no, la expectativa de la menor está truncada de antemano”, concluye Elbal.
La reforma de la ley del aborto será aprobada este jueves en el Congreso de los Diputados, que ya pasó el primer trámite el pasado 14 de abril gracias a la mayoría absoluta de los populares. Eso a pesar del “malestar” de algunos de los diputados del PP autodenominados “provida”. En esta ocasión, y según confirman fuentes consultadas por Europa Press, “diez o más diputados” populares podrían expresar su discrepancia. El siguiente paso será enviar la reforma al Senado para continuar con el trámite parlamentario.