La falta de regulación alienta el negocio de la gestación subrogada en España a través de empresas intermediarias
Algo más de 100.000 euros en California, 62.000 euros en Canadá o 40.000 euros en Ucrania. Son algunos de los precios básicos incluidos en los paquetes que ofertan las empresas españolas que asesoran a las parejas y personas solas que quieren acceder a la gestación subrogada. Ante la imposibilidad de llevar a cabo esta práctica en España, donde no está permitida, son varias las agencias constituidas en los últimos años que hacen de intermediarias con quienes viajan a otros países en los que es legal la posibilidad de que una mujer geste para otros renunciando a la filiación.
Estas sociedades operan en un limbo que hace posible un abanico de ofertas sobre gestación subrogada al mismo tiempo que la Ley sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida de 2006 declara nulo el contrato en nuestro país. Más allá del Registro Mercantil, como en el caso de cualquier otra empresa, ningún organismo público controla o cuenta con un registro oficial de estas agencias. El hecho de que se encarguen de una actividad tan específica dificulta conocer el número exacto, aunque una búsqueda en el Registro Mercantil permite identificar más de una decena de empresas dedicadas a esta actividad.
La mayoría han sido creadas a partir de 2013 en lo que parece un negocio incipiente y en el que sobresalen algunas como Surrobaby, Go4baby, Gestlife, Matergest o Interfertility. Esta última, que cuenta con sede en Madrid y Barcelona, fue constituida en 2013 y actualmente tiene seis empleados. Según sus últimos datos contables recogidos por el Registro Mercantil recogidos por Insight View, en 2017 facturó un total de 540.000 euros, un 90% más que un año antes, y obtuvo un beneficio de 78.480 euros. Por su parte, Surrobaby declaró en 2016 74.475 euros en beneficios y Gestlife 40.600.
La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, se refirió hace unas semanas a estas sociedades y afirmó que “habrá que analizar en qué marco legal se mueven. Si traspasan algún límite en algún asunto que interfiera con la legislación española, se podría actuar”. Pilar Nicolás, investigadora y jurista especializada en Derecho y Bioética, reconoce que las empresas que se dedican a la intermediación “no están cometiendo ninguna ilegalidad” y sugiere que las posibilidades de establecer algún tipo de control pasan o bien por la regulación de la gestación subrogada o por la prohibición de las agencias, algo que ve improbable con la ley en la mano.
Algunas expertas ponen el acento en que la falta de supervisión y el limbo que vive España sobre la gestación por sustitución “abre la puerta a que puedan producirse abusos y violaciones de derechos de las personas más vulnerables”, sostiene la jurista especializada en Derechos Humanos, Violeta Assiego, que propone estudiar una regulación de la práctica sin ánimo de lucro colocando el de la mujer gestante como interés superior. El año pasado, de hecho, la justicia condenó a la compañía Subrogalia a pagar 88.000 euros a dos parejas que iniciaron un proceso de gestación subrogada con la empresa por “incumplimientos graves” del contrato.
Actualmente la página web de la empresa abre con un comunicado en el que se informa de que ya no se aceptan más procesos tras los 400 consumados desde enero de 2017. Diego Sánchez Giménez, que se encontraba detrás de la sociedad, aparece también como administrador único de otra de estas empresas, Gestlife.
De hecho, la Red Estatal contra el Alquiler de Vientres (RECAV) ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que prohíba las agencias intermediarias y su publicidad porque, en su opinión, “es una forma de explotación reproductiva de las mujeres y convierte a los recién nacidos en objeto de transacción contractual y comercial”. Así, Nuria González, abogada y miembro de la red, asegura que las empresas trabajan “en una zona gris que posibilita la incoherencia de que España esté permitiendo que se fragüe aquí una práctica que está prohibida” y asegura que la RECAV está estudiando la posibilidad de presentar una iniciativa legislativa.
Por su parte, la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), al igual que otros agentes implicados en el tema en los últimos años, presentó en 2016 las bases para una posible regulación de la gestación subrogada en España. El documento reserva un apartado para las agencias intermediarias, sobre las que impone el requisito de que deben ser sin ánimo de lucro “y la publicidad que hagan no podrá alentar la publicidad de esta práctica en la oferta de beneficios económicos”. Por otro lado, será la Administración la que tendrá que “homologar a las agencias que intervengan en el procedimiento exigiéndoles los requisitos y reglas de transparencia pertinentes y fijando los límites de compensación de sus servicios”.
¿A qué se dedican las intermediarias?
Estas agencias, que o bien son bufetes de abogados o cuentan con ellos en plantilla, se encargan de prácticamente todos los trámites y, dependiendo del importe a pagar –contemplan paquetes estándar y VIP–, amplían los servicios: gestión de la documentación, coordinación con las clínicas de los países, ayuda para la contratación de seguros, traductores, información legal, asesoramiento para la inscripción del bebé a la vuelta... Además, algunas incluyen posibilidades de financiación debido al elevado coste de los programas gracias a acuerdos a los que llegan con entidades financieras.
Es el caso de Surrobaby, que ofrece en su web programas cerrados con su correspondiente precio en los países más comunes, como Estados Unidos, Ucrania, Georgia y Canadá. “Tenéis a vuestra disposición préstamos personales con tipos de interés muy competitivos, y plazo de amortización de hasta en 10 años”, anuncia. Los países con los que trabaja Surrobaby suelen ser también estos, junto a Grecia y Rusia, aunque el destino dependerá de cada caso y de los requisitos que establezca cada regulación. Algunos no permiten la gestación subrogada para parejas homosexuales o personas solas y en otros, es condición, por ejemplo, haber contraído matrimonio.
Muchas de estas empresas han sido constituidas por personas que ya han pasado por el mismo proceso y deciden asesorar a otra gente a raíz de su experiencia. Es el caso de Surrobaby y Go4Baby, la empresa que trabajaba con varias de las familias que el pasado mes de agosto se quedaron bloqueadas en Kiev (Ucrania) ante la imposibilidad de registrar en el consulado a los bebés que fueron a buscar. Este es el paso previo en un proceso de gestación subrogada para que el menor obtenga la nacionalidad española y pueda entrar en el país gracias a una Instrucción del 2010 que instauró la posibilidad de que fueran inscritos en el Registro Civil.
“Nuestra labor es asesorar, acompañar y hacer seguimiento del proceso. Al principio lo estuvimos haciendo un tiempo de forma altruista, pero después pensamos que quizás nos podríamos dedicar a esto y a difundir esta alternativa”, explica David Monje, fundador de Go4Baby y padre por gestación subrogada en Ucrania. “Nosotros somos una agencia pequeña, llevamos unos 20 o 30 procesos en un año... Realmente no creo que sea algo que se pueda controlar porque lo que hacemos son labores de acompañamiento”. Aunque oferten precios cerrados para cada uno de los paquetes, las intermediarias no cobran todo el importe, sino unos honorarios que en el caso de Go4Baby rondan los 3.000 euros por proceso.
Una discriminación económica
Fernando Avellán, asesor jurídico de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF) y uno de los redactores de su posicionamiento oficial, identifica la regulación –sin pago a la gestante, solo “una compensación por las molestias”– como única vía “para posibilitar un control de las agencias por parte de la Administración pública porque actualmente se aprovechan de un vacío legal del que obtienen un beneficio”. En este sentido, hace hincapié en la prioridad de “evitar la comercialización” porque “la realidad de lo que ocurre es que hay una discriminación económica porque los españoles que pueden pagárselo se van fuera, pero al mismo tiempo nuestra regulación no lo permite aquí”.
La SEF apuesta por sentar las bases sin ánimo de mostrarse “a favor o en contra de la gestación subrogada”, pero sí opina que la situación actual cuenta con factores “que no pueden pasar desapercibidos para los responsables políticos y que tensionan fuertemente la prohibición vigente”. Entre ellos, el hecho de que haya españoles que estén accediendo a esta práctica fuera de nuestras fronteras y que se permita la inscripción de los niños y niñas en el Registro Civil.
Más allá del marco polarizado se expresa también Sara Lafuente, investigadora del CSIC, que pide una reflexión en profundidad sobre el tema y una revisión de la actual regulación. “Las empresas existirán o no en función de lo que se decida. Si, por ejemplo, se decide regular la gestación subrogada prohibiendo el lucro e insertándola en el sistema público, no creo que puedan existir. Para ello, habrá que añadir también que no se permite en el extranjero en condiciones distintas a las que se permiten aquí” con el objetivo de evitar que, de no poder llevarse a cabo en España, no se desplace la demanda.
De hecho, colectivos feministas de más de una decena de países de Europa, América Latina, Estados Unidos y Australia, se han unido a la campaña iniciada por la RECAV en la que exhortan a una alianza internacional contra la gestación por sustitución.
Y es que ahora “estamos trasladando los procesos y, con ellos, el coste o sufrimiento que pueden llevar aparejado a otros países, en algunos casos más vulnerables”, explica Vincenzo Pavone, también investigador del CSIC. Por ello, hace referencia a algunos elementos a tener en cuenta, entre ellos, el punto de vista fundamental, muchas veces ausente, de las gestantes y el negocio que rodea a esta práctica. “En definitiva –concluye– si hablamos de regular las agencias intermediarias, directamente abrimos el debate sobre la gestación subrogada”.
