La denuncia de la Fiscalía de Madrid hace unas semanas a tres empleados de la residencia de ancianos Los Nogales por maltrato ha puesto sobre la mesa la situación de los centros geriátricos en España. El caso hizo saltar la alarma entre familias, usuarios y trabajadores: el 25 de abril, la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias convocaba una concentración. Según su análisis, evitar situaciones como la del centro madrileño “pasa por mejorar el control y las dotaciones”.
En el año 2017, había en España 5.529 residencias, entre públicas y privadas, según la publicación especializada inforesidencias.com. Suman 379.800 plazas, el 75% privadas. Las normativas para licencias o ratios de personal son autonómicas. Dada la pirámide poblacional, cada vez más envejecida, es un sector con un gran potencial de empleo público y privado que, como explica Jose Manuel Ramírez, presidente de la Asociacion Directoras y Gerentes Servicios Sociales, sería local porque “nunca vas a llevar a una persona anciana a otro país a que la cuiden”, y estable, “nunca va a dejar de haber personas dependientes”.
Él explica sobre el caso de Los Nogales que lo primero que hay que hacer es “tranquilizar”, porque la “inmensa mayoría de la profesión es sensible y eficiente”. “Lamentando mucho” lo sucedido, proponen varias cosas: más competencias y responsabilidades para los directores y gerentes de los centros para que las quejas sean más fácilmente tramitables, espacios abiertos “hay que desconfiar de la residencia que no es accesible a los familiares”, y un registro de delitos “sobre personas vulnerables” que impida trabajar en el sector a alguien que haya sido condenado, propuesta “que han recogido los partidos políticos y esperamos que lleve a cabo el próximo gobierno”.
Al margen de eso, reclaman más plazas que reduzcan las actuales listas de espera y, con ellos, más cuantías desde la Administración, que son “muy mejorables”. Lo traduce a muchos factores: “Arrastramos todavía los recortes en dependencia. Afectan a las residencias pero también a otras ayudas a la dependencia, como el domicilio, el centro de día, las nuevas tecnologías… Las residencias tendrían que ser el último eslabón, la gente normalmente quiere ser atendida en su entorno. También el copago: una plaza en una residencia pública la paga la Administración general, la comunidad y la persona, que tiene que aportar el 75% de su pensión”.
Rosa Corrochano, secretaria de Pladigmare –que agrupa sobre todo a familiares de usuarios–, definen de manera parecida la situación: “Durante la crisis, todo valía en cuanto a recortes de personal. Por muy buenos que sean, que muchos lo son, no pueden abarcar tanto trabajo ni hay tiempo. Ellos se desaniman, están peor, y eso repercute en el trato y bienestar de los residentes”.
Piden que se suban las ratios de trabajadores y se establezcan a nivel nacional, y más vigilancia, con más participación de las familias en consejos con los centros. “Pedimos más cosas, pero esas dos las primeras. El problema de las residencias es global, y desde luego hacen falta más públicas. En Madrid, casi todas se privatizaron”, prosigue Corrochano. Además, “no hay control, las quejas caen en saco roto en muchas ocasiones. Falta normativa y falta transparencia”.
Un sector precarizado
Los trabajadores relatan experiencias muy similares a los problemas que reportan tantos los directores de servicios sociales como las familias. Un sector precarizado y ocupado “24 horas, 365 días al año. Se sufre mucho el turnismo”. “Existe mucha carga de trabajo y unas proporciones muy mal calculadas. Mucho amarillismo con las últimas noticias y poco reconocimiento para un colectivo que se dedica en cuerpo y mente a nuestros mayores”, se queja Cristina, trabajadora en una residencia geriátrica pública.
Naiara, auxiliar en una residencia privada, resume en que “trabajamos un montón, tarde y mal. Hay de todo, pero en general los pañales son los justos, las toallas las justas, se cuentan los guantes… Hay residencias que no son así, pero es necesario implantar un sistema y métodos de buenas prácticas. Se necesita inversión, y tampoco tantísima, que vaya dirigida a disponer de infraestructura adecuada, sistemas de vigilancia y formación”.
Ella apuesta por un modelo de cuidados como el que fomenta la Doctora Ana Urrutia desde la Fundación Cuidados Dignos, basado en reducir la medicalización y las sujecciones, en espacios más accesibles y diáfanos y más contacto emocional. Por su parte, José Manuel Ramírez, de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, aboga por promover un modelo que cambie “del residencial y más sanitarizado al personal, con la convivencia en el centro. Tienen que ser lugares donde las personas mayores puedan desarrollar su proyecto vital, con dignidad y autonomía”.
Todos coinciden, además, en el peligro de que el modelo residencial y los cuidados en general se conviertan “en un negocio”. Las adquisiciones de los fondos de inversión de cadenas residenciales privadas se han sucedido los últimos años, como contaba hace unos meses El País. “Las privadas han ido a peor. Cuando se privatizaban antes, al menos, iban a manos de gente que sabía del tema. Ahora ni siquiera es gente, son intereses económicos en Francia o Canadá, ni conoces quién lo dirige”, expone Corrochano. Igual Ramírez: “Recelo de quien quiere convertir lo que debería ser justicia social de la que se ocupe el estado en un negocio. Vamos a ver cómo evoluciona, pero no soy optimista con un modelo de grandes empresas”.