“Me echaba a llorar cada vez que pasaba delante del hospital e imaginaba en qué condiciones guardaban los restos de mi bebé”. Así relata Leire el recuerdo más doloroso que conserva tras pasar casi dos años y medio litigando, como recogió la web El BOE nuestro de cada día, para conseguir incinerar los restos del feto que tuvo que abortar.
Al ir a comer a casa de sus padres veía todos los días desde la ventana del tren el Hospital de Mendaro (Guipúzcoa). En este centro sanitario interrumpió su embarazo en octubre del 2013 después de que le comunicasen en la vigésimo primera semana que la gestación no podía seguir adelante. “Me dijeron que el niño tenía muchísimas malformaciones y que eran incompatibles con la vida”, explica esta joven vasca que utiliza un nombre falso para poder mantener el anonimato.
Asegura que en Mendaro los profesionales sanitarios le trataron de forma “espectacular”. “Cuando nació el bebé, ya muerto por un aborto provocado que duró más de un día y medio, lo tuve en brazos. Luego lo tuvo mi madre y una auxiliar de enfermería le dio un beso”, narra emocionada por teléfono al recordar los hechos.
“Es un momento muy complicado. Todo sucede muy rápido, tienes muy pocos días para interrumpir el embarazo. En un instante desaparecen todos los planes que tenías con tu bebé”, recalca. En ese breve espacio de tiempo Leire se documentó y buscó información en varias asociaciones para afrontar el aborto. “Decidí que quería ver y tener al bebé en mis brazos”, y le pareció que “lo más natural” era despedirse de él en una ceremonia íntima y familiar.
Cuando tomó esta decisión nunca se pudo imaginar que iba a tener que hacer frente a tres denegaciones, dos de ellas judiciales, y que finalmente sería el Tribunal Constitucional el que le iba a dar la razón en una sentencia que crea jurisprudencia. “Estaba segura de que algún magistrado iba a fallar a mi favor. Es una decisión de sentido común que no hace daño a nadie y que es necesaria para comenzar con mi duelo”, indica.
Sin acceso a los fetos con vida inferior a los 180 días
Tras el parto se tropezó con la primera respuesta negativa. El protocolo del hospital establece que los fetos con una vida inferior a los 180 días y que pesen menos de 500 gramos son tratados como material quirúrgico y, por lo tanto, el hospital es el responsable de deshacerse de ellos -se puede abortar más allá de la semana 22 por incompatibilidad del feto con la vida-. En el caso de Leire, la criatura contaba con 150 días de gestación y 362 gramos de peso.
Como informó el BOE nuestro de cada día, el pasado 1 de febrero el Constitucional le dio la razón al considerar que se había “vulnerado” su intimidad. La sentencia defiende que los protocolos hospitalarios no pueden vulnerar derechos fundamentales recogidos por la Carta magna.
“Yo no quería que los restos de mi hijo terminasen en la basura”, responde al ser preguntada por el objetivo principal de este litigio. Para evitar que sus miedos se convirtiesen en una realidad necesitaba una aprobación judicial para acceder al cuerpo. “Ingresé en el hospital un viernes, aborté un sábado y el lunes por la mañana me presenté en el Juzgado de Primera Instancia de Éibar para solicitar una autorización y así recuperar el feto”.
Discriminación religiosa
Aunque afrontaba el proceso con optimismo, cuenta que en un principio le costó solicitar la autorización: “Me daba vergüenza, no entendía que tuviese que pedir a nadie ningún permiso para darle sepultura. Hemos dejado de usar la cabeza y ahora tiene que estar todo por escrito”. Pero estaba convencida de que esa misma semana la magistrada iba a fallar a su favor ya que tenía constancia de un precedente dictado unas semanas antes por el mismo juzgado que llevaba su caso. “Una mujer musulmana pudo acceder a los restos de su hijo para incinerarlos de acorde a sus creencias, tras un aborto espontáneo y un periodo gestacional inferior a los 180 días”, relata.
Una semana después de solicitar el permiso llegaba la segunda sorpresa: le denegaban la autorización porque la jueza consideraba que era necesario inscribir al feto en el Registro Civil para poderlo enterrar. Este procedimiento se autoriza expresamente para criaturas con más de 180 días de gestación. “Si el bebé es mío, ¿cómo puede ser que no me permitan incinerarlo?”, respondió a la funcionaria que le comunicó la decisión por teléfono.
“Leire no exponía ningún motivo religioso, sino puramente espiritual, para despedirse de su hijo. Por eso, no se le concedió”, resume su abogada Francisca Fernández, que también es letrada de la asociación El Parto es Nuestro. Recurrieron el fallo ante la Audiencia Provincial Guipúzcoa y en las navidades del 2013 le comunicaron la tercera negativa.
Finalmente llegó la demanda de amparo ante Tribunal Constitucional por vulnerarse, según la defensa de la demandante, el derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto; a la igualdad y a la intimidad familiar de Leire. “Alegamos que esto era una discriminación, que la libertad ideológica protegida por la Constitución española abarca una visión del mundo, un conjunto de creencias, que pueden ser o no religiosas”, continúa Fernández.
“Quería darle un adiós digno y al final el largo proceso judicial ha desvirtuado la despedida”, apunta la joven vasca al recordar la autorización que le solicitaron desde el juzgado al ver que los plazos se alargaban. “En ese momento tuve que autorizar la conservación de los restos en formol. Esa decisión me dolió muchísimo”, recuerda Leire.
“El aborto es un tema tabú”
En la sentencia los magistrados alegan que no es excluyente que la norma del Registro Civil establezca que fetos de más de 180 días puedan obtener una licencia para ser enterrados. “Las resoluciones impugnadas han vulnerado el derecho fundamental a la intimidad personal y familiar de la actora, por no esgrimir normas que pudieran dar cobertura jurídica a su decisión”, apuntan en el documento emitido.
El Constitucional ha tardado dos años en emitir sentencia, 24 meses en los que esta joven ha ido escuchando como amigas y conocidas se sinceraban con ella y le contaban que también habían sufrido un aborto. “Es un tema tabú del que nadie te habla hasta que te sucede. Es una experiencia muy ignorada por parte de la sociedad, es un duelo solitario”.
La sentencia del Tribunal Constitucional le ha ayudado a cerrar un capítulo muy duro de su vida. “El día que saqué los restos del Hospital de Mendaro me quedé tranquila”, sentencia. Esta decisión judicial, que sienta jurisprudencia, ha sido aplaudida desde asociaciones que defienden la humanización de los procesos vinculado al embarazo, como El Parto es Nuestro.
Leire ya ha podido incinerar a su hijo, como quería, en una ceremonia familiar. Satisfecha por la decisión judicial, le queda una espina clavada: que los magistrados hayan centrado la argumentación en la vulneración de la intimidad familiar y no en la discriminación religiosa.