La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha presentado una denuncia en los Juzgados de Instrucción de Madrid por presunto delito de malversación de caudales públicos del Instituto de Derecho Público (IDP), el centro que impartía el polémico máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes. El rector, Javier Ramos, había pedido las cuentas a todos los institutos dependientes de la URJC para controlar sus cuentas.
El Consejo de Gobierno de la Rey Juan Carlos apartó de sus funciones al anterior responsable del Instituto, Enrique Álvarez Conde, tras alterarse las calificaciones del máster de la expresidenta regional, y nombró el 25 de abril nuevo director provisional a Pablo Acosta.
La denuncia ha sido presentada por la Universidad una vez que ha analizado la documentación encontrada sobre la gestión económica del Instituto de Derecho Público (IDP), mientras que se sigue con la investigación iniciada a raíz de las irregularidades detectadas en el 'caso Cifuentes', ha anunciado la URJC en un comunicado difundido esta tarde.
Según la investigación encargada por el rector al profesor Pablo Acosta, responsable en la actualidad del IDP, la gestión económica del Instituto recoge “graves irregularidades, algunas de las cuales podrían ser constitutivas de delito”.
En el informe trasladado al Juzgado se especifica que “se ha constatado la existencia de transferencias bancarias realizadas a personas que podrían estar incursas en causa de incompatibilidad para contratar con el Instituto por razones de parentesco”.
Transferencias bancarias
Se ha constatado también “la existencia de transferencias bancarias a cuentas en apariencia particulares sin que conste en el apunte bancario en qué concepto se hace el pago”.
“Hay disposiciones de efectivo en oficina bancaria por importes de miles de euros. El hecho de que se retiraran del banco cantidades en metálico impide saber a qué fin se dedicaron. Hay numerosos apuntes bancarios relativos al uso de tarjetas de crédito para gastos aparentemente personales en establecimientos comerciales no relacionados con la actividad docente e investigadora del Instituto”, añade.
Así mismo, el informe recoge que el Instituto de Derecho Público tiene abiertas cuentas en dos entidades bancarias: “una es un banco comercial y otra en un banco de inversión” y en este último se abrió cuenta en mayo de 2016 mediante una transferencia de 100.000 euros.
Parte de ese dinero ha sido invertido en fondos de renta variable, algunos de los cuales podrían estar calificados como fondos de alto riesgo, agrega.
La inversión de fondos públicos en este tipo de productos financieros, de confirmarse, es “contraria a los principios de buena administración que obligan a cualquier funcionario público”, advierte.
El informe determina que “el Instituto funcionó desde su creación con plena autonomía de hecho, pero sin la debida cobertura jurídica, ni por parte de la ley ni del reglamento propio que nunca llegó a ser aprobado por el consejo de gobierno de la URJC”. En el informe se constata que no existía ninguna contabilidad oficial.
El dictamen también determina que una gran parte de la actividad académica del Instituto distaba de ser la que correspondería a un organismo vinculado a la investigación y al conocimiento del derecho público.