I
M. G. vive en un piso de alquiler en Aragón que no se puede permitir. Por ello, decide rescindir el contrato en diciembre de 2011, y así se lo comunica a su arrendadora, a quien le pide la devolución de la fianza correspondiente a dos mensualidades: 1.000 euros en total. La propietaria le da largas durante semanas hasta que, tras la insistencia de M., le contesta que ya no tiene el dinero de la fianza y que su madre, que se lo podría prestar, “no va a gastar su dinero en inmigrantes”.
II
El 10 de enero de 2012, los trabajadores de una empresa de Tudela (Navarra) escuchan por un megáfono: “Me cago en estos putos rumanos. Hijos de puta, rumanos. Os voy a cortar las manos” y, acto seguido, una canción reproducida en un móvil que repetía las mismas palabras. Esto lo hizo la presidenta del Comité de Empresa. Ese día, hubo un currante que se sintió aludido, insultado y humillado. Desde hacía dos meses, algunos trabajadores de la empresa estaban realizando paros parciales de protesta. La situación era tensa en la puerta, pues otros empleados sí querían trabajar, aunque tenían dificultades para entrar al edificio. La persona que recibió el ataque xenófobo estaba haciendo huelga pero, a la vez, ayudaba a escoltar hacia el interior a los que no querían hacerla.
III
Es enero de 2012 y Oussama D. quiere entrar al bar Consorcio de Bilbao a tomarse algo. Los porteros le paran el paso. ¿Qué ocurre? Oussama les dice que tiene dinero, que quiere “entrar para disfrutar un poco”. Como respuesta, recibe un empujón y, de inmediato, ambos empleados sacan unas porras extensibles y, con ellas, le pegan en las piernas y la mandíbula. El hombre queda tendido en el suelo empapado en sangre. Antes de que aparezca la Ertzaintza, los porteros son sustituidos. Un mes después, el juicio es sobreseído por desconocimiento de autor y datos para determinar la identidad de los porteros.
IV
En otro bar de Bilbao, el pub Granadero, once meses después de la paliza que recibió Oussama, una persona que responde a las iniciales M. D. intenta entrar junto a un amigo. El portero del local les deniega la entrada porque en ese bar “está prohibido el acceso a personas árabes”. M. D. le contesta que tienen derecho a acceder. Ante la negativa del empleado, M. D llama a la Ertzaintza. Cuando los policías se personan en la puerta, el portero les explica, de igual manera, que tiene orden expresa del jefe de no dejar pasar a las personas árabes. Los agentes solicitan la presencia del dueño quien, efectivamente, admite que ni M. D. ni su acompañante pueden entrar a su local. Ambos solicitan, delante de la Policía, la hoja de reclamación, que les deniegan. Al día siguiente, M. D. se va a Comisaría a presentar la denuncia. Cuando se celebra el juicio y los hechos son probados, el juez pregunta al denunciante si quiere que se imponga algún castigo al dueño del Granadero. M. D. dice que no, que le basta con saber que esto no volverá a suceder.
Racismo escondido
Racismo escondidoEstas cuatro historias tienen en común que hemos llegado a conocerlas a través de las Oficinas de Información y Denuncia de la red de SOS Racismo. La asociación intervino, ayudó y aconsejó a estas personas en la defensa del llamado “racismo social” que, según esta entidad, está aumentando en el ámbito del acceso a servicios y locales públicos, en la discriminación laboral, en la educación y en situaciones relacionadas con la vivienda.
Gabriela Morales, activista en derechos humanos y miembro de SOS Racismo Madrid, considera que nos encontramos ante un “racismo no explícito o no visible” que se manifiesta cuando, por ejemplo, “los funcionarios no tienen claro que hay derechos de acceso a lugares públicos y recursos que asisten a las personas, incluido el derecho a la sanidad”. Morales apunta que “aunque se ha incrementado el número de denuncias contra vigilantes e interventores del Metro, etc., este racismo se está invisibilizando y es difícil probarlo, por eso apenas hay denuncias”. Basándose en 108 denuncias documentadas en las oficinas de SOS Racismo, esta organización establece que hay un aumento de racismo social con respecto al año anterior.
“A consecuencia de la crisis los servicios son más limitados”, explicó Mikel Mazkiaran, secretario de la Federación Estatal SOS Racismo, en la presentación del Informe Anual. “Y ello fomenta la competitividad y hace aumentar las opiniones negativas respecto al reparto de la ayuda social, que es lo que da lugar al racismo social”.
Ni Ley ni Consejo
Ni Ley ni ConsejoLocalizado el problema, SOS Racismo tiene dos propuestas: establecer medidas para combatir el racismo en la propia Administración –políticas de extranjería, Ley de Extranjería, cierre de los CIE...– y rescatar la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación.
La Ley por la Igualdad de Trato fue otro de esos proyectos engullidos por el fin adelantado de una legislatura y de un Gobierno. El anteproyecto llegó al Consejo de Ministros en enero de 2011, defendido por Leire Pajín, pero no llegó a tiempo a la tramitación parlamentaria, pese a que se intentó colarlo por el procedimiento de urgencia en septiembre. Se disolvieron las Cortes, y este anteproyecto socialista jamás se convirtió en ley.
“A pesar de que contenía fallos y carencias –recuerda Lluc Sánchez, abogado y portavoz de SOS Racismo Madrid–, se trataba sin duda de un instrumento eficaz para la lucha contra el racismo y la discriminación en los diferentes ámbitos de la vida diaria”.
Aquella ley integral estaba llamada a ser una transposición de las directivas europeas sobre igualdad de trato y lucha contra la discriminación 2000/43 y 2000/78. El anteproyecto consideraba que estas directivas dibujaban un marco de obligado cumplimiento para los Estados, en el que debía incluirse la prohibición de la discriminación, la creación de un organismo independiente para la defensa de la igualdad de trato y la no discriminación, la previsión de infracciones y sanciones, la legitimación de organizaciones y el resarcimiento a las víctimas. Al truncarse la ley integral, la transposición se hizo, según Sánchez, “de manera desordenada e insuficiente”.
En respuesta al mandato europeo, el Estado español creó un organismo de vigilancia, el Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y No Discriminación de las Personas por el Origen Racial o Étnico pero no lo dotó de capacidad para encabezar reclamaciones administrativas ni demandas judiciales contra los agentes discriminatorios, al contrario de lo que se indicaba en las directivas. “Nuestra opinión respecto al Consejo es que se encuentra paralizado y que las expectativas que se habían puesto en este organismo no se ven realizadas ni parece que el Gobierno tenga intención de impulsarlas”, explica Lluc Sánchez. “Efectivamente hay una mala adaptación de la directiva tanto por la falta de independencia del Consejo como por sus competencias, que se encuentran muy limitadas”.
Además de dotar al Consejo de independencia y capacidad para iniciar procedimientos judiciales, SOS Racismo sugiere que el organismo inicie una recopilación sistemática de casos como los narrados al inicio de este artículo, para evaluar la magnitud del problema.