Los cuatro primeros meses de 2024 se han convertido en el inicio de año con más padres que han asesinado a sus propios hijos por violencia machista desde que hay registros. Estos crímenes empezaron a contabilizarse en 2013 y desde entonces nunca antes a estas alturas se había alcanzado un pico igual: siete niñas y niños hijos de mujeres víctimas de violencia de género han sido asesinados por esta causa. El Gobierno ha reaccionado a la alarma con una reunión de alto nivel que presidirá este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contará con la participación de seis ministros.
Así lo indicaron fuentes del Ejecutivo a finales de la semana pasada, cuando se produjo el último caso confirmado: el miércoles los cuerpos de dos niños de ocho años y su madre eran hallados sin vida en su domicilio de El Prat de Llobregat (Barcelona). La investigación apunta a que el padre los mató y después se suicidó, lo que ha elevado a 60 el número de víctimas mortales menores de edad en una década y a diez las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año. En total, son 1.254 víctimas desde 2003, año en que empezaron a contabilizarse.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ya adelantó en los pasillos del Congreso que van a “reforzar las medidas y la coordinación ministerial” ante esta “realidad insoportable que nos interpela a diario”. Con esta intención se reúne este martes el pleno del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, un órgano colegiado e interministerial que celebrará de forma extraordinaria el encuentro en el Palacio de la Moncloa bajo la presidencia de Sánchez con un triple objetivo: abordar “la situación actual” de las violencias machistas, analizar “los retos a corto, medio y largo plazo” y “estudiar nuevas medidas”, han apuntado fuentes del Ejecutivo.
A la reunión asistirán también varios ministros: además de la titular de Igualdad, acudirán la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz o el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. También Fernando Grande-Marlaska, titular de Interior, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.
El observatorio, creado en el marco de la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004, es un organismo en el que participan todos los agentes involucrados a diferentes niveles, desde representantes de las comunidades autónomas, la Fiscalía o el Consejo General del Poder Judicial a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), sindicatos y organizaciones de la sociedad civil. Entre sus funciones están la de asesorar, evaluar y hacer propuestas en materia de violencia de género y de manera ordinaria se reúne dos veces al año.
Por ello, el encuentro de este martes será extraordinario y a él llegan con las expectativas altas las organizaciones feministas que participarán. Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres, celebra que el hecho de que la violencia de género “figure en la agenda política de alto nivel facilita que la preocupación sea compartida por los agentes implicados”, pero apunta a que el trabajo debe ser “sostenido en el tiempo” y confía en que la reunión “facilite la coordinación y el impulso de medidas más fácilmente”
Una norma en el horizonte
Más allá de lo que salga del encuentro de este martes, en el horizonte tiene el Gobierno el impulso de una nueva legislación contra la violencia de género: una Ley Orgánica de medidas complementarias para reforzar la protección frente a la violencia de género, según la ha denominado el Ejecutivo en el Plan Normativo para 2024 aprobado por el Consejo de Ministros a finales de marzo.
La norma será coordinada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes mientras que Igualdad será coproponente. Y entre otras cosas, incluirá una modificación del Código Penal “para tener en cuenta a efectos de reincidencia” las condenas emitidas en otros países, concretamente aquellos que tengan suscrito con España el tratado de asistencia judicial en materia penal y el tratado de extradición.
Además, la ley busca “regular la composición y funcionamiento” de los equipos técnicos adscritos a los juzgados de violencia sobre la mujer. Aunque apenas se conocen detalles del contenido, generalizar el uso de estos órganos, que se encargan de realizar informes y valoraciones forenses del riesgo, es una de las demandas habituales de operadores jurídicos y asociaciones.
Ya a principios de 2023, un año que acabó con la cifra más alta de mujeres asesinadas desde 2015, la fiscal de sala de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, alertó de la necesidad de generalizar esta herramienta a disposición de los juzgados que complementa la valoración policial del riesgo para determinar qué grado de protección se aplica a una mujer o sus hijos tras denunciar y que apenas se utiliza. Son varios las razones habitualmente señaladas: desde las escasas peticiones que hacen los jueces a la “falta de recursos y medios”, la dilación temporal con la que se emiten los informes o el déficit de implantación territorial de las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI), que son equipos formados por médicos, psicólogos y trabajadores sociales.
El Gobierno prevé también “introducir” en la legislación de medidas complementarias “diversos ajustes para cumplir con medidas pendientes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género”, del que se han completado un 65% de las mismas y un 30% están en marcha, y “recomendaciones del Defensor del Pueblo”, reza el plan normativo sin especificar más. Fuentes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes descartan concretar a qué medidas se refiere y aseguran que el departamento de Félix Bolaños “está trabajando en ello”.
Alejar a los hijos del maltratador
Precisamente ajustar lo máximo posible el riesgo para proteger a las mujeres es uno de los grandes desafíos del sistema y una de las peticiones clave de las asociaciones que trabajan con víctimas, especialmente y tras este inicio de año, la protección de sus hijos e hijas. Con esta idea acuden a la reunión de este martes organizaciones como la Fundación Mujeres: “Creemos que hay que preguntarse por qué no se aplican las medidas de protección a menores de forma general, sobre todo las que suponen alejamiento del agresor. Es uno de los principales retos”, resume Marisa Soleto.
La experta se refiere a la previsión de suspender las visitas en caso de que haya “indicios fundados” de que los niños hubieran “presenciado, sufrido o convivido” con la violencia que viven sus madres, una medida aprobada en 2021 que ha hecho aumentar este tipo de decisiones, pero que aún son una minoría. Soleto reclama también que el llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP) “deje de aplicarse” para retirar custodias de menores a sus madres tras denunciar episodios de abusos o violencia machista.
Si bien en la inmensa mayoría de los casos de asesinatos machistas no había denuncia –en los siete de menores de este año, solo constaba en uno–, en algunos de ellos la predicción del riesgo acaba fallando. De hecho, un caso paradigmático fue el de Almería del pasado marzo: el hombre tenía una orden de alejamiento de su expareja, pero seguía viendo a las niñas los sábados y domingos unas horas. Las entregas debían realizarse en un Punto de Encuentro Familiar, una medida que acabó por suprimir el juzgado debido a que la madre lo había solicitado en varias ocasiones. En una de las visitas, el hombre mató a sus hijas.
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El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.
En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.