Los seis hospitales madrileños que se han resistido a la privatización son los más damnificados por las cuentas elaboradas por la Consejería de Sanidad, que fue la que planeó cederlos a empresas privadas –y que no ha podido hacerlo aún–.
Sus fondos para atender a la población caen un 6,9% respecto a los utilizados en 2013. Son 30,39 millones menos de un total de 436. En el resto del sistema sanitario, dirigido por el Gobierno de Ignacio González, los hospitales de gestión privada mantienen intacto su presupuesto global de 430,1 millones de euros para las empresas IDCSalud (Fundación Jiménez Díaz, Rey Juan Carlos e Infanta Elena) y Sanitas (Torrejón de Ardoz). El resto de los 21 centros pierden un 0,8% (de 3.252 a 3.224 millones).
Los hospitales que Sanidad ya ha adjudicado a las contratistas Sanitas, Ribera Salud e Hima San Pablo y cuyo traspaso está paralizado por la Justicia tendrán un año difícil. “No sé que pasará si se termina el suministro”, expone una doctora del Hospital Infanta Leonor de Vallecas. En este centro, los dirigentes han dictado que se funcione con un 27% menos de materiales pero, como analiza la facultativa, “el día a día impondrá su lógica”. Estos materiales van desde las gasas a las jeringuillas o los reactivos. En el Infanta Cristina de Parla –uno de los hospitales adjudicados a la puertorriqueña Hima San Pablo–, el bocado para el aprovisionamiento de 2014 es aún mayor: de 8,5 millones a 3,1. Al hospital de Arganda (pendiente de ser gestionado por Ribera Salud) le tocará atender a sus pacientes con 4,2 millones menos en ese apartado: un 33% de rebaja.
“Consolidación de las medidas de ahorro”
Estos casos ejemplifican el rumbo que la consejería de Javier Fernández Lasquetty ha tomado después de que los jueces paralizaran la privatización. A todos se les ha aplicado una caída de recursos y una reducción de su plantilla. “Menos especialistas y menos enfermería para atender el servicio”, resumían en la asociación de médicos AFEM. Según la consejería, el presupuesto realiza una “consolidación en las medidas de ahorro para sostener el sistema”.
Sin embargo, lo que no desciende sino que aumenta es el canon (es decir, el dinero público) que el hospital paga a la empresa que levantó el edificio y lleva la parte no sanitaria. La asociación de especialistas AFEM explica que “ese dinero es inamovible y debe pagarse con sus revisiones”. Se trata de 107,373 millones de euros, es decir, un 26,4% del presupuesto global de estos centros sanitarios. Todos han incrementado este gasto hasta sumar una media de 3,8% de subida (4,2 millones de euros).