Sin mojarse. Los recursos contra la suspensión cautelar del proceso de privatización de seis hospitales en Madrid tendrán que decidirlos los jueces que dictaron los frenazos judiciales a la entrada de contratistas en la gestión sanitaria. La supersala de lo contencioso-administrativo del TSJM “ha resuelto por mayoría devolver los asuntos objeto de la convocatoria a las respectivas secciones del tribunal (Sección Tercera y Sección Octava) que venían conociendo de los mismos”, ha informado en menos de tres horas desde la apertura de la sesión.
Este viaje de ida y vuelta fue inciado por el que fuera presidente de la Sala, Gerardo Martínez Tristán, al unificar todos los recursos en esta supersala que convocaba a 50 magistrados. Martínez Tristán no ha participado siquiera en las deliberaciones, ya que abandonó su cargo al ser nombrado miembro del Consejo General del Poder Judicial. Así que la cosa queda igual que antes de la decisión de este juez. Las togas seguirán decidiendo sobre las batas.
El pleno de magistrados de lo contencioso-administrativo de Madrid se había reunido hoy para, en principio, decidir el futuro inmediato del modelo sanitario en esa comunidad autónoma. La sede de la supersala se ha debido establecer finalmente en el salon de actos del Tribunal Superior de Justicia. El edificio se ha convertido en el centro de atención, máxime cuando un centenar de personas se han convocado allí para, de manera silenciosa, reivindicar que los seis hospitales cuya gestión se ha traspasado a contratistas permanezcan bajo dirección pública.
Finalmente, los jueces han decidido en poco más de dos horas y media por mayoría (30 frente a 14) devolver los recursos a las secciones de origen. Los votos particulares se conocerán, previsiblemente, la semana que viene. Solo había en la sala 44 magistrados, ya que seis de ellos se ausentaron esta mañana alegando motivos de salud, informa Madridiario.
“Si estoy aquí vivo para reivindicar es gracias a la sanidad pública. Desde hace 20 años recibo tratamiento contra el VIH y estoy seguro de que en un modelo de gestión privatizado no habría podido afrontarlo económicamente”, resumía Ramón Linaza, uno de los manifestantes. Frente a la entrada del tribunal, una muestra de Marea Blanca sostenía pancartas en favor de la paralización del proyecto del presidente regional Ignacio González (PP). “Hoy tenemos las de ganar”,se han animado entre ellos.
Lo cierto es que en estas jornadas extraordinarias de enero no se decidía sobre el fondo de la privatización. La cuestión clave que tenían que dilucidar era la suspensión cautelar de la cesión a empresas mientras se solventan las demandas. Ni siquiera han fallado acerca de ello. De hecho, las primeras cuestiones que se han visto en la apertura de la sesión tienen que ver con aspectos procedimentales ya que tanto el PSM como la asociación médica AFEM han pedido que este pleno de medio centenar de jueces no se validara.
Tras unos 90 minutos de concentración, los manifestantes han ido disolviendo el acto ya que piensan repetirlo en la convocatoria de la tarde y en la de el viernes. Mientras se alejaban de la puerta judicial seguía la batería de argumentos: “Si es que no hace falta saber de leyes sino una simple regla de tres para ver que no es que se venda la sanidad pública, es que se regala”...