La Ponencia de Alertas del Ministerio de Sanidad, en la que participan técnicos de todas las comunidades autónomas, tiene lista desde hace semanas una actualización del documento de actuaciones de respuesta coordinada, conocido como “semáforo de Sanidad”, que endurece las medidas a tomar según la incidencia por zonas de COVID-19, pero que no ha sido todavía ratificada oficialmente. La nueva versión actualiza la vigente, que fue aprobada el 22 de octubre, y principalmente endurece las medidas comunes que deben tomar todas las Comunidades a partir del nivel de alerta “alto” y “muy alto”, es decir, los asociados a entre 150 y 250 casos de incidencia acumulada a 14 días en el primer caso y a más de 250 casos de incidencia en el segundo.
En el nivel 3, el que corresponde al riesgo “alto” y se activa entre 150 y 250 casos, el documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, obliga a la “supresión del servicio en zonas interiores de los establecimientos” de hostelería. La diferencia es que el documento del 22 de octubre lo dejaba en manos de las Comunidades: “La autoridad sanitaria deberá valorar el cierre de las zonas interiores de los establecimientos, y en su defecto, reducir los aforos al mínimo posible y prohibición de consumo en barra”, se afirmaba entonces. La nueva versión también indica reuniones de un máximo de 6 personas en riesgo “alto” y de 4 en “muy alto” tanto en público como en privado, si no son convivientes. Las del nuevo documento también son medidas que, en todo caso, tienen que poner en marcha las comunidades.
La nueva versión del documento fue aprobada por los técnicos de Sanidad y de las comunidades el pasado 3 de marzo en la Ponencia, y la llevan trabajando los técnicos desde diciembre, informan fuentes conocedoras de la elaboración. Pero el Ministerio de Sanidad (que ahora capitanea Carolina Darias y en diciembre lo hacía Salvador Illa) todavía no lo ha llevado ni a la Comisión de Salud Pública –está previsto que lo haga este jueves–, el órgano por encima de la Ponencia, ni al Consejo Interterritorial, que reúne a los consejeros autonómicos de salud y a la ministra. Es decir, no llegó a tiempo para Navidad, como era la primera intención, según esas fuentes, y tampoco va a llegar a la Semana Santa. Pero los técnicos del Ministerio han seguido desarrollándolo y su versión final ya aprobada fue remitida por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que está dirigido por Fernando Simón, a todos los miembros de la Ponencia el 10 de marzo de 2021.
El Consejo Interterritorial de este miércoles, donde finalmente no se han endurecido las restricciones para Semana Santa a pesar del repunte de casos, no ha tratado el asunto. Tras el encuentro, la ministra Darias ha señalado que la Comisión de Salud Pública, en la que participan representantes del Ministerio y de las comunidades, abordará este jueves la actualización del “semáforo”. Será en un momento en el que crece la preocupación tras una semana de incremento continuado de la tasa de incidencia que puede desencadenar una cuarta ola.
El documento sigue el mecanismo de su anterior versión. Suma a los indicadores de incidencia a 14 días otros epidemiológicos: incidencia acumulada a 7 días, incidencia entre mayores de 65, positividad y porcentaje de casos trazados. Y los cruza con dos asistenciales: la ocupación hospitalaria en camas convencionales y en UCI. Poner una zona en un nivel de alerta u otro (también “bajo” y medio“) depende de que cumplan dos de los índices de los primeros y al menos uno de los segundos. ”Es importante recalcar que ningún indicador por sí solo es capaz de dar una visión completa de la situación epidemiológica“, recuerdan los técnicos en el texto. Y las medidas según el nivel pueden ser aplicadas a una comunidad autónoma, provincia, isla, municipio, departamento, área de salud, zona básica de salud o equivalente.
Cierre interior de la hostelería y control de aforo en el exterior
Esta nueva actualización del documento por ratificar no obliga a cerrar toda la hostelería en el nivel 3: permite que el exterior se quede a un máximo de ocupación del 75%, “con grupos de clientes separados y sentados, sujetos a las condiciones de reuniones (6 personas)”. En el nivel de alerta 4, con 250 casos de incidencia, deja el “aforo del exterior al 50% y limitación de horarios”; y “si la tendencia es ascendente y supera los 500 casos por 100.000, cierre del establecimiento, permitiéndose solo el servicio de recogida y entrega para consumo a domicilio”. Actualmente, están por encima de 150 de incidencia a 14 días Asturias (160), Catalunya (173), Navarra (185), Euskadi (201), Madrid (225), Ceuta (256) y Melilla (523).
La nueva versión aprobada en la Ponencia detalla en qué consiste el nivel “muy alto” de riesgo –el que supera la incidencia de 250 casos–. La anterior se limitaba a decir que “además de las actuaciones del nivel 3, supondrá la toma de medidas excepcionales que podrán incluir restricciones adicionales”, algunas bajo el paraguas del estado de alarma. Por ejemplo, no indicaba el cupo de 4 personas, como sí hace la nueva versión por ratificar, solo “recomendaba” en el riesgo “alto” limitar al máximo el contacto social, siempre por debajo de 15 a partir incluso del riesgo “bajo”. En la práctica, durante estos meses de estado de alarma y con el documento vigente, no ha habido medidas asociadas concretas a un nivel de riesgo “alto” y “muy alto”. Pero la mayoría de las comunidades sí han aplicado políticas similares a las descritas: la que se ha negado a, entre otras medidas, cerrar la hostelería en todos los supuestos ha sido Madrid, que también ha arrastrado los peores datos durante las tres olas de 2020-2021.
De entre los detalles que añade la versión del 3 de marzo, en nivel “muy alto” habría que pasar a “enseñanza telemática” en academias, y otros centros de formación no reglada; “aplazar cualquier tipo de ceremonia” en lo referido a bodas o bautizos; suspender actividades en el interior de gimnasios para todo deporte no profesional; y limitar los horarios de comercios no esenciales, “si la tendencia es ascendente y supera los 500 casos por 100.000: cierre de locales comerciales no esenciales y mercadillos”.