Cuando en marzo de 2010 la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, eligió a Javier Fernández-Lasquetty como consejero de Sanidad, hubo sorpresa. Saltaba de la consejería más pequeña, la de Inmigración, a la más grande. A gestionar 8.000 millones de euros. Pero Aguirre sabía que fichaba a un neoliberal “de tomo y lomo”, como le describen sus opositores en la Asamblea de Madrid. Este licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense había sido también secretario general de la FAES, de modo que su ideario estaba claro y (casualmente) coincidía con el de la líder popular: la eficiencia la aporta la gestión privada.
Lasquetty había estado en el gabinete de la Presidencia de José María Aznar desde 2000 a 2004. Entonces, marzo de 2004, fue elegido diputado nacional. Y apenas un mes después se ponía al frente del think tank popular, el horno ideológico donde se cuecen las políticas neoliberales que impulsa el PP.
Sus credenciales neocon estaban claras, aunque su ruido mediático era escaso. El paso por Inmigración le otorgó una cara amable. Y llegó a Sanidad con la promesa de convertirse en un agente modernizador y un buen gestor. Acababa de salir del Gobierno –por decisión personal, según la versión oficial– el polémico Juan José Güemes. El consejero que despertaba abucheos en los pasillos de los hospitales cuando hacía una visita. El que hoy está imputado por cohecho y malversación junto con su predecesor, Manuel Lamela, por las irregularidades cometidas durante la primera etapa de la “externalización” de la sanidad madrileña.
Lasquetty venía a rematar la faena. Y para ello debía tener carta blanca en el Gobierno de Madrid. Tras anunciar su renuncia, Lasquetty agradeció a Ignacio González su apoyo. Y esto no es un detalle menor. El sucesor de Aguirre al frente del Ejecutivo madrileño no sólo le mantuvo en el cargo. También escuchó su apuesta privatizadora, que en época de vacas flacas encajaba a la perfección en los planes (y las necesidades) con las que se encontró el flamante presidente.
Así, se decidió entregar la gestión de seis hospitales, decenas de centros de salud y cualquier actividad que no fuera estrictamente sanitaria en el sistema de salud madrileño. Su plan de sostenibilidad era un compendio de concursos para adjudicar las funciones de la consejería a empresas privadas. “Cuantos más licitantes haya, mejor, porque más ahorraremos”, abrochaba Lasquetty al presentar su proyecto estrella. El que le ha enterrado políticamente.
Bajo su mandato, los quirófanos han dejado de funcionar por las tardes y se ha superado el límite legal de espera quirúrgica de 30 días. Para justificarse le echó la culpa a una huelga que había calificado de escasa en seguimiento. Jubiló prematuramente a centenares de jefes de servicio, dio entrada a contratistas en la limpieza, la lavandería hospitalaria (con huelga incluida) y las cocinas. Y adjudicó los seis hospitales a tres empresas. Una de ellas, una peculiar compañía puertorriqueña, HIMA San Pablo, especializada en atraer turismo sanitario de EEUU a la isla.
El Gobierno de Madrid, y Lasquetty en particular, se empeñó en defender en todos los foros posibles (en la prensa, en la Asamblea de Madrid, en las redes sociales y, por supuesto, en los encuentros organizados por las empresas de gestión sanitaria) un plan que trasvasaba cada vez más fondos públicos a las arcas de unas cuantas firmas en aras de la eficiencia, mientras dentro de los hospitales, y sobre todo en la calle, crecía una oposición cada vez más generalizada. Incapaz de pronunciar la palabra privatización, se ha empeñado en usar la inexistente “externalización” para definir su apuesta por la gestión privatizada como método de ahorro.
La que él denominó “maraña de recursos” que judicializaron la adjudicación no cambió su posición ni un milímetro. En septiembre de 2013, cuando se conoció la suspensión cautelar de la privatización, dijo que el proceso seguía “adelante”. Ahora, la espera ya no es admisible para González.
Lasquetty, la promesa joven del PP neoliberal, salta a sus 47 años del Gobierno madrileño por ser “el diseñador e impulsor de este proyecto que las circunstancias no han permitido llevar a cabo”, ha dicho. Su decisión de renunciar “por rectitud y sentido de la responsabilidad” no es un gesto habitual en la política española. Acostumbrado a nadar en la ideología más liberal que alimenta al PP, la 'marea blanca' se lo ha llevado por delante.