Las comunidades autónomas se enfrentan a un dilema: completar el proceso de vacunación de quienes se saltaron su turno o dejarles sin la segunda dosis hasta que se termine la primera fase de la inmunización. El protocolo de Sanidad no contempla estos casos ni qué hacer con ellos, por lo que algunas autonomías han ido por libre.
Las consejerías de Castilla y León, la Comunidad Valenciana y Canarias han ordenado no inyectar la siguiente dosis de Pfizer/BioNTech 21 días después a las personas que se colaron. Canarias lo ha estipulado solo para cargos institucionales que estén siendo investigados, pero las otras dos para el común de los vacunados irregulares. Incluso hay quienes han decidido flagelarse por motu proprio y renunciar a su segundo pinchazo.
Esto ha abierto un debate político, sanitario y ético sobre cómo aplicarles un correctivo ante toda la ciudadanía sin afectar a la Salud Pública o a los códigos deontológicos de los profesionales. El Ministerio de Sanidad, encabezado por la recién llegada Carolina Darias, ha planteado este jueves la posibilidad de fijar “medidas preventivas y correctivas” para quienes se salten el orden marcado por el protocolo, pero luego la ministra ha matizado que no se trata de sanciones. El debate llega después de que esta práctica se haya extendido por la inmensa mayoría de las comunidades autónomas en la primera fase, que solo debería incluir a la población de residencias, sanitarios en primera línea frente a la COVID-19 y grandes dependientes, y que hace poco se amplió a Atención Primaria y a dentistas.
El 14 de enero salió a la luz por primera vez que tres alcaldes de Catalunya y Valencia se habían vacunado pese a no constar como grupo de riesgo. Eso solo fue el comienzo de un rosario de irregularidades que ha sumado a 200 personas más en la región valenciana, a directivos de hospitales en Euskadi, a consejeros de Sanidad en Murcia y Ceuta, a familiares y compañeros de cargos públicos, a fiscales y hasta al Jemad, que acabó dimitiendo en favor de un nuevo jefe de las fuerzas armadas.
Con la Unión Europea en un tira y afloja con AstraZeneca y las comunidades autónomas adaptando sus planes de vacunación para al menos inmunizar a los vulnerables de la primera fase, desperdiciar dosis no es una opción para los expertos
La mayoría de expertos en Salud Pública, vacunólogos y sanitarios consultados consideran injustificado castigar sin la segunda dosis. “Es una decisión muy difícil de tomar. ¿Quién cede? Por un lado, estas personas se han saltado el proceso, pero por el otro, sería como tirar su primera inyección a la basura”, piensa Sonia Zúñiga, viróloga e investigadora de la vacuna contra la COVID-19 en el CSIC. “Las dos dosis son una única acción, si se pone la primera hay que poner la segunda”, concede Juan Ayllón, virólogo y director de Salud Pública de la Universidad de Burgos. “Yo soy partidario de castigar a estas personas desde un punto de vista legal, si se puede, y ético, que sean sus propias profesiones o partidos los que les penalicen”, abunda.
De hecho, además de las dimisiones, se han abierto diligencias para estudiar algunos casos presuntamente irregulares. La Fiscalía de Albacete, en Castilla-La Mancha, investiga la vacunación de la madre del director de una residencia de ancianos; la de Murcia hace lo propio con altos cargos y trabajadores de Salud tras la denuncia del PSOE; y la Fiscalía de Barcelona analiza a varios directivos y personal de confianza de las empresas de ambulancias concertadas por la Generalitat que recibieron su dosis incluso antes que sanitarios de primera línea. También la Fiscalía General del Estado ha tomado cartas en el asunto de la vacunación del fiscal jefe de Castellón, que ya ha dimitido.
“Lo que está claro es que si una persona que no forma parte del grupo prioritario ha sido vacunada, todo lo demás son excusas. Las vacunas tienen destinatarios asignados porque no hay suficientes para el 100% de la población”, piensa Luis Martínez Olmos, exsecretario General de Sanidad y profesor de Salud Pública en Granada. “En términos absolutos de números, las personas que se han colado son insignificantes”, opina Ayllón, que cree que deberían ser juzgadas en el terreno de la ética. “Pero desde el punto de vista sanitario no hay debate: hay que ponerles la segunda dosis”, insiste.
En contra de tirar la primera dosis
Con la Unión Europea en un tira y afloja con AstraZeneca por una remesa de dosis más corta de la prometida, y las comunidades autónomas adaptando sus planes de vacunación para al menos inmunizar a los vulnerables de la primera fase, desperdiciar dosis no es una opción para los expertos. “Desde el punto de vista de la Salud Pública, tienes que poner la segunda dosis. No puedes dejar a una persona sin culminar su proceso de inmunización, aunque haya entrado por la puerta inadecuada, se haya colado, y eso merezca un gran reproche social”, defiende el también médico José Martínez Olmos.
“Los que deciden y tienen todos los datos epidemiológicos a mano tendrán que pensar qué es lo mejor en estos casos, porque yo no lo tengo nada claro. Sin entrar en más consideraciones y desde un punto de vista puramente científico, la gente con una sola dosis no está inmunizada”, describe Zúñiga, del CSIC. Según los datos clínicos de Pfizer, la primera dosis de la vacuna protege hasta un 50%, pero “algunos estudios de campo con personas ya vacunadas rebajan esa eficacia hasta el 33%”, explica la viróloga. Por lo tanto, “no solo pones en riesgo a esa persona sino a toda la comunidad”.
Además, “tampoco sabes qué pasa si les pones tres dosis”, se pregunta Juan Ayllón. “Probablemente no pase nada y si pasa es hasta positivo, les estarías dando un refuerzo adicional, pero en cualquier caso no tiene sentido tirar vacunas y dejar a gente a medio vacunar”, afirma. “Son un bien muy caro y no sabemos cuánto va a escasear en los próximos meses”, cree Zúñiga. Por otro lado, ambos expertos ponen sobre la mesa el concepto de inmunización colectiva, cuyo fin último es generar un efecto a nivel poblacional: “Estas personas, queramos o no, forman parte de la población, y lo que queremos es vacunar a mucha gente y cuanto antes, mejor”, resume Ayllón.
A su entender, excluir a estas personas de la segunda vacuna es de un “medievalismo punitivo”. “No me gusta ser muy talibán porque entiendo lo que ha pasado en algunos pueblos en los que se iban a tirar las dosis. Así como me parece absolutamente deleznable las actitudes de algunos políticos que se la han puesto. Pero hay que atender a contextos y circunstancias especiales”, resume. En general, todos los expertos apuestan por estudiar caso por caso, y no meter a todas las personas en el mismo saco.
"No me gusta ser muy talibán porque entiendo lo que ha pasado en algunos pueblos en los que se iban a tirar las dosis. Así como me parece absolutamente deleznable las actitudes de algunos políticos que se la han puesto.
En contra, también, de “medievalismos punitivos”
“Que se haya vacunado una persona antes de tiempo en sitios pequeños quizá no implique que otra se vaya a quedar sin sus dosis. Pero si eso pasa en comunidades donde se han retrasado los planes de vacunación porque no hay vacunas, es distinto”, cree Sonia Zúñiga. Olmos, por su parte, alude a mecanismos de control que ya existen para depurar responsabilidades, no solo entre quienes se han colado, sino también entre los poderes a los que correspondía salvaguardar y garantizar que los fármacos llegaran, al menos, a los grupos vulnerables.
“Hay que hacerlo abriendo un expediente y con las garantías suficientes para presentar pruebas y elementos de defensa. Pero todos los días en el sistema de salud se determinan estas responsabilidades y se sancionan con faltas leves, graves o muy graves”, explica Olmos. Aún así, pide no mezclar la ejemplaridad política con temas de Salud Pública, ya que por el camino puede comprometer el código ético de los profesionales. En la misma línea se manifestó Federico Montalvo, el presidente del Comité de Bioética, en Cadena Ser, que por esa razón defendió que había que poner la segunda dosis a quienes se pusieron la vacuna indebidamente.
“Decidirlo a nivel autonómico no es correcto. Queda ver que si los profesionales sanitarios desde el punto de vista deontológico aceptan o no ese criterio”, piensa Olmos. “Es parecido a si yo tengo en la mesa de operaciones a una persona que se ha colado en la lista de transplantes y me dicen desde la dirección del hospital, la Consejería o la presidencia autonómica que no puedo operar. En términos éticos como profesional no es mi problema que se haya colado, tengo que terminar mi intervención”, ejemplifica el doctor. “Que otros resuelvan cómo y por qué se han colado”.
Juan Ayllón recoge el testigo y se manifiesta en la misma línea: “No estoy nada a favor de esa especie de ley del talión de algunos populistas. Es una majadería”, opina. Aunque defiende que los colectivos y las profesiones tomen medidas contra los vacunados irregulares, pide no sacar las cosas de quicio. “Está todo el mundo con los nervios a flor de piel, pero creo que habría que dejar de rasgarse las vestiduras y no ir a la picota del pueblo con esta gente”, concluye.