Uno de los retratos que lleva presidiendo durante estos 40 años de democracia las reuniones de los miembros de la Real e Ilustre Cofradía de la Santísima y Vera Cruz de Caravaca (Murcia) es el de Francisco Franco. El dictador es todavía Hermano Mayor Honorífico de una hermandad subvencionada por los arcas públicas y que utiliza gratuitamente un edificio de propiedad municipal.
No es cualquier cofradía: organiza el año jubilar en Caravaca. Uno de los cinco únicos que existen en el mundo y polo de atracción turística desde que lo proclamó Juan Pablo II en 1998.
A pesar de todo, los distintos Hermanos Mayores han ido sorteando la Historia y la legislación para mantener al dictador en un lugar privilegiado de la Sala de Cabildos del castillo de esa localidad murciana.
A comienzos del pasado mes de enero, el alcalde socialista, José Moreno, aceptó una petición del grupo municipal de Izquierda Unida y exigió oficialmente la retirada del cuadro y del título de Hermano Mayor Honorífico concedido en su día a Franco. El alcalde recordaba en su escrito que la actual situación chocaba con los preceptos de la Ley de la Memoria Histórica. La Cofradía aún no ha contestado formalmente al requerimiento y se limitó a difundir una escueta nota de prensa en la que afirmaba que “de forma provisional” procedía a la retirada del retrato “del anterior Jefe del Estado” y solicitaba un informe jurídico para determinar sus futuras actuaciones.
Ha pasado más de un mes y la Cofradía sigue sin cumplir con el mandato dado por el Ayuntamiento. Su Hermana Mayor, Elisa Giménez-Girón, se muestra contundente ante las preguntas de eldiario.es: “Tenemos que ver si hay que acatarlo o no. Eso nos lo dirá el informe jurídico. Si nos dice que la ley nos obliga a retirarle el título honorífico, lo haremos; si no, no”.
Giménez-Girón rehúsa pronunciarse sobre la figura del dictador y deja claro que no tiene prisa por zanjar el tema: “No pienso convocar un cabildo extraordinario para eso. El siguiente es en el mes de junio. Si el Ayuntamiento tiene prisa, que nos lo vuelva a pedir. Es un tema que no le quita el sueño a nadie”. La Hermana Mayor confirma que si el informe no dice lo contrario, también volverán a colocar en su lugar el cuadro de Franco.
Esta polémica ha surgido en el peor momento porque este 2017 Caravaca de la Cruz celebra su Jubileo, aprobado por el propio Vaticano y, por ello, la Cofradía goza de un protagonismo especial. Comparte este estatus con Roma, Jerusalén, Santiago de Compostela y Santo Toribio de Liébana (Cantabria). El argumento al que se agarran buena parte de sus miembros para mantener los honores al dictador, y que esperan ver refrendado por el informe jurídico que han solicitado, es que ellos pueden hacer lo que estimen oportuno porque son una entidad religiosa de carácter privado.
Subvenciones y uso de instalaciones públicas
Privada pero financiada y sostenida con recursos públicos. Cristian Castillo, concejal de Izquierda Unida, el grupo promotor de la retirada, insiste en la necesidad de que se cumpla la Ley, pero va un paso más allá: “La razón principal por la que ni el retrato ni el título honorífico deben estar amparados por la Cofradía es la meramente legal, ya que esta situación se opone a la Ley de Memoria Histórica, puesto que dicha institución usa dependencias municipales y se nutre de fondos públicos”.
Y luego añade: “Aun salvando esa obviedad, entendemos que la Cofradía ya tenía que haber actuado hace mucho tiempo por su propia iniciativa en este sentido. Nos sorprende que hayan tenido que pasar 42 años de la muerte del dictador, 10 años desde que se aprobara dicha ley y un requerimiento del Ayuntamiento… Y, pese a todo, aún cuestionen si tienen que obedecer o no”.
El propio alcalde recordaba en el escrito que remitió a la Cofradía que debe someterse a la Ley si no quiere perder los privilegios de que goza. Cada año, el Ayuntamiento financia directamente a la Hermandad con 24.000 euros en efectivo y, lo que es más importante, le permite utilizar gratuitamente las instalaciones del monumental Real Santuario que es de titularidad municipal.
El único grupo que no apoya la petición del Ayuntamiento es el Partido Popular que apuesta porque la Cofradía decida soberana y libremente. Su portavoz, José Francisco García, reaccionó inmediatamente a la polémica con un artículo de opinión en el que afirmaba que “estamos padeciendo una mal denominada Ley de Memoria Histórica que tiene como objetivo impedir la memoria de la historia”.
García también denunciaba el “afán denodado por quitar nombres de calles, derribar estatuas y mandar cuadros al trastero”. En conversación con eldiario.es, el portavoz popular matizó sus palabras y dijo no estar en contra de la Ley de Memoria Histórica sino solo de su “aplicación sesgada”.
García quiso dejar claro que “no tengo nada a favor del franquismo ni de la represión franquista”, pero añadió que la Cofradía “es una entidad privada y corresponde a ella tomar la decisión”. Sin embargo, se quiso desmarcar de la opinión expresada por otros compañeros de partido que han aprovechado el debate para realizar alegatos de exaltación franquista. Los más llamativos fueron los artículos del exconcejal del PP Francisco Soler, quien afirmó, entre otras cosas, lo siguiente: “Hay que reconocer que la guerra la perdisteis, eso está claro, y tenéis que reconocer que durante 40 años España tuvo orden y progreso, y que todo lo ”malo“ que hizo Franco fue proteger al obrero, crear la Seguridad Social, establecer las pensiones y las pagas extras (…) El hombre hizo lo que tenía que hacer, que no fue poco”.