Una enmienda de Junts en el Senado frustra la aprobación definitiva de la ley del 'solo sí es sí'

Un giro de guion inesperado tras más de cuatro horas de debate ha frustrado este martes la que se esperaba que fuera la aprobación definitiva de la conocida como ley del 'solo sí es sí'. Todo apuntaba a que así iba a ser, casi se daba por hecho, pero el respaldo por sorpresa de una enmienda de Junts en el Senado dilatará la entrada en vigor de la ley. La cuestión es que es una modificación que solo cambia una letra de una palabra del texto, a la que se han sumado el resto del grupo nacionalista, el Partido Popular, tres senadores de Ciudadanos, la Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Más Madrid y Compromís, entre otros) y ERC.

La normativa contempla que cualquier cambio introducido en la Cámara Alta devuelva las leyes al Congreso, donde tienen que volver a ser revisadas, pero varios partidos han reclamado que, ante el cambio menor que implica la enmienda, se diera ya por aprobada. La cuestión es que la modificación implica sustituir la frase “abortos y esterilizaciones forzosas” por “abortos y esterilizaciones forzosos”. Desde Junts defienden que con el objetivo de abarcar ambos conceptos (los abortos y esterilizaciones), mientras que desde el Ministerio de Igualdad aluden a que se trata de un error ortográfico que puede ser subsanado sin necesidad de alargar el trámite.

Una vez finalizado el debate y después de que el presidente del Senado, Ander Gil, haya anunciado que la ley debía volver al Congreso tras el respaldo de la enmienda, la confusión se ha extendido por los pasillos. Los letrados han estado estudiando qué hacer porque la enmienda apenas cambia el texto, pero según fuentes del Grupo Parlamentario Socialista, finalmente se ha decidido que deberá volver al Congreso. El departamento de Irene Montero, sin embargo, confía todavía en que se resuelva el embrollo y quede definitivamente aprobada. La Cámara Baja, no tiene plenos extraordinarios convocados por ahora, por lo que es posible que el trámite se alargue hasta septiembre.

La Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual pretende cubrir la ausencia de políticas públicas en España para combatir la violencia sexual y diseña un marco de medidas integrales al estilo del que ya existe desde 2004 para las de violencia de género. PP y Vox, que han votado en contra de la norma, han intentado tumbarla a través de los vetos, pero han sido rechazados. Aún así, los populares han conseguido sumándose a la enmienda que la norma no se apruebe aún. De hecho, el senador Javier Maroto ha celebrado en Twitter que tenga que ser de nuevo revisada en el Congreso antes de ser sancionada por el Rey, como establece la legislación.

La enmienda, que se refiere a un párrafo del preámbulo de la ley, modifica el género de una palabra. En concreto, pasa de rezar “detección de casos de aborto y esterilizaciones forzosas” a “detección de casos de aborto y esterilizaciones forzosos”. Según explica el senador de Junts, Josep Lluis Cleries, uno de los autores de la enmienda, la intención del partido era sustituir la palabra “forzosas” por “forzosos” con el objetivo de que hiciera referencia también al aborto, no solo las esterilizaciones para “responder al artículo 39 del Convenio de Estambul, que lo recoge así”. El literal de la enmienda es el siguiente:

“En tanto el capítulo II prevé el desarrollo de protocolos y formación para la detección de las violencias sexuales en tres ámbitos fundamentales: el educativo, el sanitario y el sociosanitario, con el fin de identificar y dar respuesta a las violencias sexuales más ocultas, como la mutilación genital femenina, la detección de casos de aborto y esterilizaciones forzosos”. La norma que llegó del Congreso, y que ya había incorporado este texto en forma de enmienda, sustituía esta última palabra por “forzosas”.

Sin embargo, su aprobación ha sido inesperada, se preveía que la ley ya pasara a publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrara en vigor a los 30 días. Sobre todo porque la Comisión de Igualdad del Senado, que es el paso previo, no respaldó enmiendas la semana pasada. De hecho, fuentes de algunos de los grupos de izquierda que han votado a favor reconocían su confusión en un principio e incluso confiaban en que la norma no se devolviera a pesar de haberla respaldado. Normalmente son numerosas las enmiendas que se votan y se trata de leyes que ya vienen modificadas del Congreso. En este caso, eran 153 las propuestas de modificación.

Fuentes jurídicas, sin embargo, apuntan a que en principio la legislación no permite excepciones: si se introduce un cambio en el Senado, la ley vuelve al Congreso. Eso independientemente de la intensidad o naturaleza del mismo. La enmienda ha sido apoyada por 130 senadores, 112 han votado en contra y 17 se han abstenido.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asistido al debate pensando que se aprobaría definitivamente. Y con ese espíritu ha intervenido en el pleno para agradecer su empuje al movimiento feminista, del que ha dicho, el Gobierno recibió el mandato de convertir el 'hermana yo si te creo' y el 'no es abuso, es violación' en una ley “que fuera capaz de proteger eficazmente a todas las mujeres”. Montero ha reconocido que “queda mucho camino por recorrer”, pero ha asegurado que con la norma, España “da un paso decisivo para combatir las violencias sexuales”, que “nos coloca, al igual que lo hizo la de 2004, a la vanguardia internacional”.

Las derechas intentan tumbar la norma

Las derechas han intentado una vez más que la ley no salga adelante a través de la defensa de sus vetos, que han sido rechazadas. La extrema derecha de Vox ha vuelto a replicar el mensaje negacionista que ya enarboló en el Congreso y la ha tildado de “ley ideológica” que pretende “criminalizar” y “fomentar el odio a los hombres y el adoctrinamiento de nuestros hijos”, ha asegurado José Manuel Marín. Por su parte, la popular Adela Pedrosa ha acusado al Gobierno de “utilizar a las víctimas” que “no van a mejorar su protección” y ha cargado contra la “técnica jurídica” y la “cuestionable constitucionalidad” del texto.

A ello han respondido el resto de grupos, que han lamentado “el discurso machista basado en la desigualdad” de Vox, según la senadora socialista Elena Diego, que ha advertido a la ultraderecha: “Tengan cuidado, están haciendo mucho daño con su discurso porque llegan de forma fácil a los jóvenes, lo saben y lo hacen”. “El feminismo no sostiene la supremacía de las mujeres frente a los hombres, sino que en su centro está la vida y la igualdad frente al fascismo”, ha respondido Pilar González, de la Izquierda Confederal, que ha reivindicado la necesidad de la ley como “un primer paso, no una meta”.

Buena parte de las intervenciones han servido para confrontar los discursos de las derechas. Así lo ha hecho también el Grupo Parlamentario ERC-Bildu en boca de la senadora Sara Bailac, que ha lamentado el uso que hace la extrema derecha del delito para perseguir el comúnmente conocido como acoso callejero que introduce en la ley. “Nos acusan de perseguir los piropos y se van a buscar la caricatura, pero yo cuando lo leo [este artículo de la ley] pienso en mis amigas encerradas en su coche viendo como un tipo se masturba en la ventanilla y situaciones similares que hemos tenido que soportar las mujeres y que han quedado impunes”.

El 'solo sí es sí' en la ley

Algunos de los grupos han lamentado la dilatación de la ley y las desavenencias que generó en el seno del Gobierno, tanto al salir del Consejo de Ministros como al final del trámite a cuenta de la prostitución, lo que provocó que finalmente los artículos relativos a esta cuestión quedaran fuera. Sin embargo, el germen de la norma se remonta a hace seis años. Fue la violación cometida por 'la manada' en los Sanfermines de 2016 y, sobre todo, la sentencia que dos años después falló que había sido un abuso sexual y no una agresión, la que abrió un debate en España sin precedentes que se hizo clamor feminista.

La norma reforma el Código Penal para adaptarlo al Convenio de Estambul: los abusos sexuales dejarán de existir; todo acto sin consentimiento será considerado agresión sexual. Habrá un tipo atenuado atendiendo a la menor gravedad del hecho y también varios agravantes como el uso de fármacos, si el agresor es pareja o expareja de la víctima, si es grupal o si se da una “violencia de extrema gravedad” o “actos especialmente vejatorios”.

Pero la ley va mucho más allá de la reforma penal. El objetivo es que la violencia sexual sea concebida en España como un problema social y estructural que afecta de forma desproporcionada a las mujeres. Para ello, despliega un abanico de medidas en todos los ámbitos, entre ellas, la especialización continua de todos los operadores jurídicos o la creación de una red de centros de atención integral 24 horas. Contempla, además, políticas públicas de prevención y sensibilización, educación sexual en las aulas y protocolos para prevenir y detectar estas violencias.