La violencia de género es un delito que afecta negativamente a la seguridad pública. Es la conclusión de una sentencia hecha pública el pasado jueves y que ha trascendido por su contundencia en la consideración de la violencia machista como un problema social. La expresidenta del Observatorio de Violencia de Género y Doméstica del Consejo General del Poder Judicial, Inmaculada Montalbán, es la ponente del fallo, emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
En él se deniega el permiso de residencia de larga duración a un hombre de origen marroquí condenado por violencia machista en dos ocasiones. El TSJA considera que “son delitos graves que afectan a los derechos fundamentales de las personas” y recuerda que el Estado puede denegar la residencia por motivos de orden o seguridad pública –que existan antecedentes penales por delitos graves que afectan a un interés de la sociedad–.
¿Por qué la violencia de género afecta negativamente a la seguridad pública?
Porque es un delito grave que vulnera derechos fundamentales. Esto hace que los agentes estatales tengan la obligación de actuar. Es responsabilidad del Estado proteger del derecho de todas las personas, en este caso de las mujeres, a vivir a salvo de violencia tanto en el ámbito privado como en el ámbito público.
¿Es frecuente que se reconozca así?
Se está abriendo la línea de poner en evidencia que la violencia de género es un problema de orden público y esta sentencia es un ejemplo de ello. Es algo muy relevante porque se contrapone al paradigma que sigue articulándose en la sociedad de que la violencia de género es una cuestión privada.
En este sentido, la ley integral de 2004 reconocía que es un delito de naturaleza pública. ¿Qué hacer para que se convierta en una concepción unánime?
Hay que seguir trabajando en esa línea porque los datos nos dicen que el número de familiares, amigos o entornos más cercanos a las víctimas que denuncian son bajos. Si tuviéramos la percepción de que la violencia de género es un delito de carácter público serían más los que denunciarían que no sean la propia mujer.
En la sentencia hay una especial consideración por el menor al que el condenado pasa una pensión de alimentos. Él utiliza esta situación como argumento y el fallo estima que “su comportamiento revela desprecio por la seguridad de quienes formaron parte su familia”. ¿Suele tener en cuenta la justicia a los hijos e hijas de víctimas de violencia machista?
La justicia debe tener en cuenta todas las circunstancias familiares y personales cuando se enfrenta a un caso, entre ellas está la violencia de género. Los hijos e hijas son personas que están afectadas directamente por la violencia que sufre su madre y aunque ha habido un avance importante hay que seguir en la misma línea porque no se puede desgajar a los menores del entorno de violencia que han vivido.
Esta resolución no se habría aplicado a un ciudadano de nacionalidad española
No, pero lo relevante de la sentencia es que los delitos de violencia de género afectan a la seguridad pública porque afectan a las mujeres. Eso con independencia de quién sea el autor. Aquí se está enjuiciando con arreglo a las normas de extranjería, que podrán o no discutirse, pero lo que hay que poner en valor es la identificación que hace el fallo sobre violencia machista.
La semana pasada una columna de opinión de Manuel Molares Do Val culpó a las mujeres de la violencia machista que sufren. ¿Es una opinión extendida o minoritaria?una columna de opinión de Manuel Molares Do Val
Puede haber sectores que piensen de esta manera, pero no creo que haya que darle mayor relevancia. Es una muestra de los estereotipos o prejuicios a los que nos seguimos enfrentando, que llevan siglos construidos culturalmente y que menoscaban los testimonios y las vivencias de las mujeres.
El magistrado del Tribunal Supremo Antonio Salas hizo varias consideraciones polémicas en Twitter, entre ellas, puso en duda que el machismo esté detrás de la violencia de género. ¿Qué le parecen sus declaraciones?
Este tipo de cosas fueron zanjadas y resueltas ya por el Tribunal Constitucional en una sentencia de 2008 que acreditó que la causa última de la violencia de género es la desigualdad y la discriminación histórica que viven las mujeres a manos de los hombres. Violencias que son más graves y reprochables socialmente a partir del contexto relacional en el que se producen.
Otra de las cosas que dijo es no necesitar formación en género.
Todos los profesionales que trabajan en el ámbito de la justicia necesitan formación en género, sobre todo si trabajan con temas de violencia de género. Debe de ser una formación continuada que abarque a todos los operadores: fiscales, abogados, equipos psicosociales... Esto para evitar la doble victimización de las mujeres.