Las intensas precipitaciones de la pasada primavera -la más lluviosa en el último medio siglo- zanjan el problema de la sequía en España, pero no terminan con la escasez de agua debido al “grave déficit estructural hídrico” que arrastra la península.
Ese déficit es el resultado de una “paradoja económica y social” ya que las actividades que más requieren agua -agricultura, turismo o energía hidroeléctrica- se ubican en zonas donde falta, explica en una entrevista con EFE, Carlos Mario Gómez, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Alcalá de Henares(Madrid).
El Segura y Guadalquivir, zonas de gran escasez, emplean una cantidad de agua superior a la que se consigue en fase de normalidad, incide Gómez para resaltar que España no es una excepción, ocurre así en todo el mundo: “el agua es el eje del desarrollo regional, justo donde las lluvias son escasas”.
El experto en materia hídrica urge afrontar “ahora” el déficit en la península, donde el cambio climático muestra ya fluctuaciones meteorológicas cada vez más acusadas.
Los últimos años, y para paliar la escasez, España ha recurrido a los trasvases aunque, a su juicio, y desde una política de Estado, estas obras hidráulicas “van más allá de aprobar una transferencia de agua de una cuenca a otra, por lo que pide prudencia”.
En su opinión, los trasvases pueden extender los problemas de la escasez a otras zonas, además de generar expectativas que luego no se cumplen y postula que la decisión de trasvasar no dependa sólo de los recursos que haya en la cuenca cedente.
En este punto, pone como ejemplo el trasvase Tajo-Segura, diseñado en su momento para que llevara mil millones de metros cúbicos por año y, al final, no ha podido trasvasar más de 350 millones de metros cúbicos porque la cuenca del Tajo no posee la suficiente capacidad para satisfacerlo.
“La oferta no se cumplió, pero se creó la actividad, la demanda, y eso ha extendido la escasez” apunta para incidir que en este asunto, el Gobierno debe dar una “respuesta clara y transparente” en el marco de un Pacto Nacional del Agua, en el que no pueden tener hueco las decisiones dictadas por la urgencia de la sequía.
Respecto a las desaladoras, otra de las políticas contra la sequía estructural, Gómez las define como “solución que no ha conseguido reducir la escasez” y critica la inversión millonaria en ellas de un dinero que se debería haber destinado a solucionar el “problema permanente de la escasez, no la falta temporal de lluvia”.
“Las desaladoras, infrautilizadas durante muchos años, no han servido como mecanismos para que ese agua se usara permanentemente y cuando se ejecuta una inversión tan grande, y no se utiliza, puede convierte en una ruina” lamenta el también investigador de la Fundación IMDEA (Instituto Madrileño de Estudios Avanzados).
Gómez incide en ahorrar agua en un país en el que la agricultura consume el 80 % de agua, los núcleos urbanos el 14 % y la industria el 6 %, y añade que, aunque el sector agrario debería aplicar las estrategias de ahorro más intensas, por contra, es también el que soporta toda la inseguridad hídrica.
Argumenta que la posibilidad de cortes de agua en periodos de escasez en ciudades es muy pequeña, precisamente, porque el déficit lo asume el sistema agrario: “ellos utilizan más agua -a un precio más bajo- pero a cambio asumen casi todo el riesgo”.
El experto aporta soluciones para garantizar la seguridad hídrica a largo plazo como una “financiación compartida”, a semejanza del sector energético, en el que cada uno de los recursos -lluvia, desaladoras, acuíferos, reutilización- asuma su papel.
Otras medidas serían comprometer a la agricultura a un uso mayor del agua desalada -con costes asumibles- y, a cambio, el sector agrícola permitiera al Ejecutivo un mayor control del agua subterránea.
Además aboga por un Pacto Nacional del Agua elaborado sin prisas, que incluya acuerdos de distribución y reasignación de agua y recupere los costes de los servicios y el protagonismo porque “el agua no debe descolgarse de la agenda”.
Elena Sánchez Laso